Ordóñez marca la hoja de ruta
Los responsables del sistema financiero español dieron ayer una concertada vuelta de tuerca a las expectativas de la economía. Desde la neutralidad institucional del Banco de España a la interesada, pero privilegiada, posición de conocimiento de las patronales bancaria y de las cajas, existe un consenso sobre una profundidad y duración de la crisis más acentuada de la transmitida hasta ahora. En unos casos poniendo cifras a las estimaciones de crecimiento y en otros, caso del gobernador del Banco de España, advirtiendo a bancos y cajas de que, gráficamente, nada volverá a ser igual que en los diez últimos años para el sector financiero, al que recomienda ajustes de personal y oficinas. Estamos, pues, ante un escenario crítico, que coquetea con la recesión y que debe ser afrontado con decisión por Gobierno y aquellos agentes socioeconómicos que se jueguen algo en el futuro.
Además, todas las instituciones terminan encontrándose a la hora de proponer soluciones, elevando la vista más allá del corto plazo, para disponer en el futuro de una economía con un crecimiento potencial más generoso que permita seguir recortando los diferenciales de progreso con la Unión Europea. Pero quien ha expuesto de forma más explícita y global las soluciones es el gobernador del Banco de España en su atinada alocución de presentación del informe anual.
Aunque imputa buena parte de la situación a los acontecimientos externos, repasa los errores autóctonos, magnificados por aquellos, y que precisan de soluciones nativas inmediatas, sobre todo cuando los instrumentos que antes servían de revulsivos han desaparecido de la soberanía nacional. Amén de la crisis financiera internacional, que aprieta las condiciones de crédito de uno de los países con mayor dependencia financiera del exterior, y del vertiginoso rally alcista del petróleo y otras materias primas, sintetiza en una consecuencia de ambos, la inflación, el problema que puede ahogar a la economía en España.
Reclama, como en años anteriores, pero con la vehemencia que exige una situación crítica, reformas de todos los mercados de provisión de bienes y servicios, así como de los de factores para flexibilizar todos los costes e incrementar la competencia. Vivienda, pensiones, gasto público, mercado de trabajo, distribución comercial. Nada debe quedar sin un nuevo ejercicio de liberalización que contribuya a elevar el crecimiento potencial de la economía.
Pero es especialmente crítico con el sistema de determinación salarial, que ha enterrado ya la moderación, a juzgar por los datos de la encuesta de costes laborales. La aplicación de las cláusulas de revisión, paradigma de la indización salarial, ha disparado el alza anual por encima del 5%, convirtiéndolo en un animador de la espiral inflacionista. Las empresas están, ante la caída de la demanda, cercadas por la triple espiral de costes: financiero, energético y laboral. El primero se fija desde Fráncfort; el segundo, un sindicato de productores y especuladores financieros, y el tercero depende de los agentes nacionales. Sólo el control del coste laboral puede compensar el daño del resto para conservar el empleo y la competitividad de la empresa en un momento en que, parada la demanda nacional, la externa debe ser el motor de la recuperación.
