Un trato diferenciado para las microempresas
Las microempresas, que representan más del 90% del mercado empresarial español, van a ser las principales castigadas por la actual situación de desaceleración económica. Partiendo de esta premisa, cualquier solución pasa por asumir que una microempresa es, de acuerdo con el Real Decreto 1515/2007 de 26 de Noviembre de 2007, 'aquella pequeña empresa que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias: que el número medio de trabajadores empleados durante un ejercicio económico no sea superior a 10; que el importe neto de la cifra anual de negocios en esta pequeña empresa no supere los 2 millones de euros; o que el total de las partidas del Activo de su Balance no supere el millón de euros'.
Estos requisitos prueban que nada tienen que ver con las grandes o medianas empresas del país. Por ello, entiendo que, asumiendo lo que sí son las microempresas, estas sociedades pueden representar la mejor solución para resolver la actual crisis económica, siempre y cuando las Administraciones Públicas Centrales, Autonómicas y Locales, admitan qué es lo que diferencia a una microempresa del resto.
Para empezar, los costes laborales, fundamentalmente las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, no pueden ser los mismos, en porcentaje, que los que corresponden a las grandes y medianas empresas, porque no se trata de entidades homogéneas.
En segundo lugar, los tributos e impuestos tampoco pueden ser proporcionales. Y, sin embargo, la realidad evidencia que los impuestos locales y autonómicos son excesivos en cuantía y en burocracia para las microempresas. Por ejemplo, el IVA y el impuesto sobre sociedades no recogen las diferencias entre una microempresa y las medianas y grandes.
En concreto, el impuesto sobre sociedades dice que las empresas de reducida dimensión podrán aplicar un tipo de gravamen reducido establecido en función de su base imponible: un 25 % por la parte de base imponible comprendida entre cero y 120.202,41 euros (para periodos iniciados antes del 1 de enero de 2007 es del 30%), así, la que lleve algún año más en el mercado, el 30 %, para que no pueda convertirse en mediana empresa; y un 30% por la parte de base imponible restante (para los periodos iniciados antes del 1 de enero de 2007 es del 32,5%).
Ante esta situación, podemos preguntarnos ¿qué pequeña empresa tiene unos beneficios anuales de 120.202,41 euros o más? Se están manejando cifras que no reflejan la realidad de la situación empresarial.
Además, la microempresa tiene suficiente con cubrir su autoempleo con la cifra de ventas que le proporciona su actividad y si los demás costes sociales e impuestos le permiten, puede crecer y generar algún puesto de trabajo más. De lo contrario, ante la jubilación del titular, la empresa desaparecerá y no llegará a la segunda generación que es lo que habitualmente ocurre.
Por todo ello, los nuevos responsables económicos del Gobierno deberían abordar la posibilidad de establecer tributos e impuestos específicos y con menores tipos impositivos para las microempresas.
En cuanto a la financiación de la actividad empresarial, las ayudas a las microempresas tienen que ser en intereses y en capital -es decir a fondo perdido- durante el tiempo y la fase o las fases que se estimen convenientes para poder desarrollar el proyecto empresarial. No se pueden contemplar los mismo tipos de intereses, tiempo y garantías que para las grandes empresas y las medianas empresas porque esto lleva a las microempresas a no poder acceder a los recursos financieros que necesitan. En este apartado la Administración podía hacer más esfuerzos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras vías preferentes para las microempresas.
A todo esto hay que sumar que las obligaciones de gestión para las microempresas, de cara a las Administraciones, difieren muy poco del nivel de exigencia a las grandes y medianas Empresas. Esto supone que el microempresario se encuentra, además, desbordado de burocracia en temas y asuntos que desconoce con lo que tiene que acudir a profesionales de estos sectores -gestorías normalmente- con lo que se le genera otro coste complementario.
Todo lo expuesto refleja una situación insostenible y los pequeños empresarios entendemos que muchas de estas medidas, que deberían estar en nuestra legislación y en la actividad de las microempresas, no lo están quizás por falta de una voz unitaria ante las Administraciones, que ahora solo escuchan a CEOE-Cepyme.
Víctor Delgado Presidente de Aemme (Asociación Española Multisectorial de Microempresas)