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A fondo

La rebelión financiera de los alcaldes

Cuando el pasado noviembre el alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, fue elegido presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), heredó como uno de los principales retos el de lograr un nuevo modelo de financiación que sirviera para aumentar la autonomía de los más de 8.000 entes locales (entre municipios, diputaciones, provincias y cabildos) repartidos por el territorio nacional. Pasados siete meses, los ayuntamientos tan sólo han logrado un compromiso político del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, plasmado en el debate de investidura, de que la nueva financiación local irá ligada a la reforma de la financiación autonómica.

Este compromiso, recogido con alivio en un principio por la FEMP se muestra ahora como una espada de Damocles a sus reivindicaciones. La premura con que el gobierno catalán está negociando un marco de financiación bilateral Cataluña-Gobierno central con el vicepresidente económico, Pedro Solbes, está acelerando las negociaciones con el resto de comunidades autónomas para llegar a un acuerdo sobre financiación regional antes del 9 de agosto, fecha recogida en el Estatuto catalán como tope para que Cataluña cuente con una financiación pactada con Madrid. Esta premura de tiempo (Solbes cuenta además con que el nuevo modelo autonómico entre en vigor en enero de 2009) ha pillado a los municipios literalmente con el pie cambiado, sin que hayan tenido tiempo siquiera de expresar sus reivindicaciones financieras al Ministerio de Economía.

Malestar en la Federación

El descontento en la FEMP es tal que a principios de la semana pasada, Pedro Castro, envió una carta a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en la que expresaba su 'profundo malestar' por la ausencia de interlocución política con el Gobierno para iniciar la negociación. En la misiva, Castro amenazó, incluso, con rebelarse y declarar la 'guerra' mediática si no se atendían sus demandas, que pasan además, por unos objetivos de estabilidad fiscal 'más flexibles' que los marcados por Economía para los municipios para el trienio 2009-2011.

La carta ha provocado, de momento, que el Ministerio de Economía, citara el pasado viernes a varios miembros de la FEMP (entre ellos al presidente Castro) para dar el pistoletazo inicial a las negociaciones. Sin embargo, la reunión, a la que asistió el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el de Cooperación Territorial, Fernando Puig, tan sólo tuvo carácter protocolario.

La FEMP no quiere perder ni un minuto más, consciente de que la negociación autonómica está minando su propia capacidad de negociación con Solbes y ha convocado para hoy a su comisión ejecutiva. En el orden del día, figura la postura oficial, que promoverá la Federación mediante una resolución, en las futuras conversaciones con el Gobierno central. Para esta 'hoja de ruta' tendrá en cuenta un informe realizado por sus servicios técnicos en el que se marcan tres objetivos fundamentales:

Gastos impropios

El primero de ellos es la petición al Gobierno central de una mayor dotación financiera por la asunción de gastos impropios (que no le corresponden por ley) en materia de servicios sociales y sanidad, que deberían ser ofrecidos por las comunidades autónomas. La FEMP calcula que esta asunción ha provocado que los municipios tengan que gastar el 30% de sus presupuestos a tales fines, sin que el actual modelo haya previsto financiación alguna.

Pese a que los entes locales obtuvieron 15.000 millones de euros en 2006 (último ejercicio liquidado, hecho público hace diez días), la cifra parece insuficiente para costear los más de 5.000 millones que, según sus cálculos, suponen estos servicios impropios.

Dotación por población

El aumento de población, supone, al igual que para las comunidades, otro caballo de batalla, especialmente en los municipios turísticos y las grandes ciudades. La mejora de la financiación teniendo en cuenta el alza de la población inmigrante, debe ser tomado en cuenta, indica Carolina España, teniente de alcalde de Málaga.

Fondo de las comunidades

Otra reivindicación de la FEMP pasará por la participación de los municipios en los presupuestos de las comunidades autónomas a través de un fondo regional de nueva creación. Su argumento es claro: la previsible mayor cesión de tributos estatales a las comunidades hará difícil aumentar la participación de los municipios en los ingresos del Estado, ante unas arcas menguantes.

Los entes locales reclaman también presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Gobierno central y comunidades discuten ahora la nueva financiación autonómica.

Horquillas impositivas

Otra propuesta es lograr una mayor autonomía impositiva que pasa por ampliar las horquillas de gravámenes en impuestos locales. Ayuntamientos como el de Madrid ya lo solicitaron el año pasado a título individual.

El calendario para la negociación es, pues, breve si se tiene en cuenta que debe ir paralela al debate autonómico y que en enero de 2009 deberá entrar en vigor el nuevo modelo de financiación regional.

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