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Paraísos fiscales

Bruselas recula en la lucha contra la evasión fiscal en la UE

El Consejo de Ministros de Economía de la UE (Ecofin) abordará mañana el combate contra los paraísos fiscales. Pero la Comisión Europea planteará en ese encuentro una respuesta al problema mucho más moderada de lo previsto.

La aplicación de la directiva comunitaria sobre armonización fiscal del ahorro no se extenderá a las personas jurídicas, al menos, si son residentes en la UE. Ni cubrirá los pagos de dividendos y rendimientos de capital como se había anunciado, a principios de este año, a rebufo del escándalo sobre la las cuentas bancarias de contribuyentes europeos en el principado de Liechtenstein. Y, probablemente, los productos de ahorro más sofisticados, como los ligados a pólizas de seguros o a fondos de inversión no uctis, seguirán librándose de una vigilancia fiscal estrecha.

Ese es el sumario del documento elaborado por la Comisión Europea y que servirá de base a los ministros de Economía y Finanzas de la UE para abordar mañana en Bruselas la revisión de una directiva que, como ha puesto de manifiesto el caso de Liechtenstein, deja innumerables agujeros legales para el evasor fiscal.

Los ministros acordaron por unanimidad en marzo 'mejorar y ampliar' la colaboración con las autoridades de terceros países para frenar la fuga de capitales europeos. Y encargaron a la CE que realizase acelerase la evaluación de la directiva de fiscalidad que debía llevar a cabo tres años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2005).

La CE ve 'prematuro y desproporcionado' identificar todos los pagos de intereses

El documento que presentará mañana la CE a los ministros es un paso intermedio en ese proceso. Pero ya deja traslucir las enormes dificultades que, según Bruselas, plantea el endurecimiento de la directiva. Un endurecimiento que, además, debe hacerse por unanimidad, como todos los temas de fiscalidad en la UE.

El punto de partida de la CE es que la directiva tiene 'agujeros legales' que merman su capacidad para lograr que los contribuyentes europeos paguen los impuestos que les correspondan por sus ahorros con independencia del país en que los tengan depositados. Ese objetivo, según la CE, se enfrenta a las limitaciones legales temporales y geográficas que acusa la directiva.

De entrada, la directiva sólo se aplica a los ahorros de las personas físicas. 'La experiencia muestra', asegura la CE en su documento, 'que la exclusión de las personas jurídicas permite que una persona física evite la aplicación de la directiva creando una compañía en otro Estado miembro'.

A pesar de esa constatación, el organismo que preside José Manuel Barroso 'no considera apropiado sugerir la extensión de la directiva a los intereses pagados a cualquier tipo de receptor'. Bruselas incluso considera 'prematuro y desproporcionado' obligar a la entidad financiera pagadora a identificar el receptor último de todos los pagos. Curiosamente, la CE cree que esa obligación sí se podría imponer cuando las entidades legales se encuentran radicadas fuera de la UE, porque en ese caso se podría invocar las normas contra el blanqueo de dinero.

Bruselas también parece recular en la ampliación del número de productos financieros cubiertos por la directiva de fiscalidad del ahorro. El texto pactado en 2000 dejó fuera de su ámbito de aplicación a los productos innovadores como los derivados. La exclusión no obedeció a razones financieras ni fiscales, sino a la necesidad de lograr de una vez por todas un acuerdo sobre una directiva que se estaba negociando desde hacía más de un lustro.

Pero Bruselas sigue viendo dificultades en incluir los pagos derivados de productos como los seguros de vida o las pensiones. Y pide que 'se tengan en cuenta las desventajas' de aplicar retenciones al apago de dividendos.

Los debates se aplazan hasta otoño

Un párrafo de conclusiones sobre la evasión fiscal es todo lo que previsiblemente aprobarán mañana los ministros de Economía de la UE (Ecofin). 'El Consejo', señala el texto de esas conclusiones pactado hasta ahora, 'está dispuesto a debatir el funcionamiento de la directiva sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro tan pronto como reciba de la Comisión el informe en virtud del artículo 18 de la citada directiva'.El Ecofin pide a la Comisión que presente ese informe antes del 30 de septiembre, aunque la posibilidad de que ese calendario se cumplen depende de que las 27 capitales de la UE remitan a Bruselas 'sin demora' como pide el Ecofin, 'la información estadística y de otro tipo necesaria'.A varios socios de la UE, sin embargo, no les corre ninguna prisa la revisión de la directiva. A Luxemburgo y Austria porque mantienen todavía el secreto bancario. Y a Reino Unido o Irlanda, entre otros, porque se oponen a las medidas de armonización fiscal en general.

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