Calma y confianza
La legislatura que finaliza, 2004-2007, tiene un balance económico y financiero claramente positivo, con grandes avances en la mayoría de aspectos fundamentales, como política de redistribución ética y solidaria de rentas, creación de empleo, aumento espectacular del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, superávit significativo de las cuentas públicas, y otros muchos e innumerables aspectos. El análisis de datos económicos y financieros, también en materia laboral, de pensiones y otros, es claro y contundente en dicho sentido.
Es conveniente también hacer constar que los dos últimos trimestres del año pasado y los comienzos del 2008 indican claros síntomas de progresiva desaceleración económica mundial que hay que saber gestionar adecuadamente, tal y como se está haciendo por diversas autoridades nacionales e internacionales, si bien sería necesaria una mayor respuesta global coordinada, así como un mayor liderazgo y anticipación de los máximos responsables de la supervisión económica y financiera en Europa. Los mercados inmobiliarios y de crédito están en el eje central explicativo de la desaceleración económica mundial y de la española en particular, y también la escalada del precio del petróleo pone su particular acento en este panorama.
El crecimiento y la inflación son los objetivos finales a considerar y ponderar en mayor o menor medida en cuanto al manejo de políticas monetarias y fiscales, que deberían estar muy meditadas y coordinadas a todos los niveles globales. Podrían ser necesarias intervenciones decididas en los aspectos monetarios y fiscales fundamentales para, entre otros elementos, corregir debilidades económicas y financieras en la economía en general, en el sistema financiero, en las empresas y en los particulares, así como en las turbulencias de los mercados, que no han llegado todavía a su resolución, pero al menos podemos tener un diagnóstico muy claro para solventarlas en cuanto estén los informes financieros que muchas empresas, especialmente los bancos, van a publicar en las próximas semanas.
En el caso español, en el contexto económico que las empresas requieren para competir, siguen abiertos retos fundamentales, tales como el desarrollo de infraestructuras de transportes y comunicaciones, de ámbitos de cooperación empresarial en materias como la logística o la tecnología de producto, o la mejora de los mecanismos institucionales de promoción industrial (coordinación territorial, incorporación de los instrumentos de la sociedad de la información, etcétera); los retos de la energía, con una gran dependencia externa, o del agua, son asignaturas aún pendientes de resolver de modo adecuado a los requerimientos de nuestro sistema productivo; el esfuerzo inversor en I+D+i, público, pero en mayor medida empresarial, sigue yendo por detrás de los estándares de los países más desarrollados; y, de igual modo, nuestros sistemas formativos aún requieren más recursos y medios para acercar sus resultados a las demandas de una sociedad avanzada.
Hacer un balance detallado de todas y cada una de las actuaciones desarrolladas durante esta legislatura iría más allá del espacio que corresponde a un breve análisis como el presente. Concentrémonos, por tanto, en algunos de los aspectos más relevantes que han conferido su color especial a este periodo. A tales fines, concentrémonos sólo en dos de los factores instrumentales que a nuestro entender han jugado un papel relevante en esta legislatura y le confieren mayor proyección hacia el futuro, en el plano de la sostenibilidad económica. Nos referimos al fructífero desarrollo del diálogo social y a las actuaciones orientadas a modificar las características del tejido productivo español.
Como en otros momentos de nuestra más reciente historia económica, este esfuerzo de moderación salarial por parte de los trabajadores ha encontrado compensación en el impulso experimentado en materia de gasto social, con un sesgo destacado a favor de los niveles más bajos de renta y con efectos incluso dinamizadores de la actividad productiva, entre ellos la Ley de Dependencia.
El crecimiento económico español de los últimos años, que nos está permitiendo converger en renta per cápita hacia la media europea, ha venido basándose, fundamentalmente, en el aporte de una fuerza laboral en continuo ascenso y, mucho menos, en el incremento de la productividad laboral.
Es tiempo de apostar más fuerte para ir modificando este escenario y, por extensión, la estructura productiva española. La política industrial tiene aún un largo camino por recorrer.
Santos M. Ruesga / Luis Ferruz Ruesga es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y Ferruz es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza