Entre el cambio climático y la fiscalidad 'verde'
El Ejecutivo ha priorizado las actuaciones orientadas a paliar los efectos del calentamiento global y a proteger el entorno de la presión urbanística.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoce que una de las mayores satisfacciones que se ha llevado durante esta legislatura se produjo el 28 de mayo de 2007, cuando leyó los resultados de las elecciones municipales y comprobó que algunos de los alcaldes más beligerantes con la política medioambiental del Ejecutivo habían sufrido una fuerte pérdida de votos e incluso alguno había sido desbancado de su puesto. 'Los ciudadanos no se han creído sus mentiras', apuntó.
Desde que accedió al cargo, Narbona ha sufrido la presión de los alcaldes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, como consecuencia de la derogación del Plan Hidrológico Nacional (que preveía un trasvase desde el Ebro hacia las cuencas más deficitarias de España) y la posterior aprobación de una nueva política del agua basada en la construcción de desaladoras. El tira y afloja ha sido constante en los últimos cuatro años: los populares han criticado la desalación por cara y por contaminante, mientras que el Gobierno la ha defendido como el único remedio para paliar el déficit hídrico en el Mediterráneo, castigado por la falta de precipitaciones y el aumento del consumo de agua procedente del turismo y de los regadíos.
Pero si por algo se ha caracterizado esta legislatura ha sido por la irrupción del cambio climático y su inclusión en la agenda política del Gobierno. Hasta el principio de la legislatura ninguna administración pública se había atrevido a ponerle el cascabel al gato de Kioto (el protocolo internacional que obliga a reducir las emisiones a la atmósfera) y cifrar el coste de la factura que tenían que pagar las empresas españolas por contaminar más de la cuenta. Los quince años de fuerte crecimiento que ha encadenado la economía española desde 1990 se han basado en un uso intensivo de la energía y de una extralimitación en las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de la construcción y sus sectores auxiliares, para cumplir con el objetivo de medio millón de viviendas que se ha construido de media en los últimos cuatro años.
Pese a los esfuerzos, el protocolo, que establecía que las emisiones de gases de efecto invernadero de los países firmantes debían crecer como mucho un 15% en 2008 respecto al nivel de 1990, está lejos de cumplirse. En 2005, la contaminación creció un 52%, lo que obligó al Ejecutivo a hacer un nuevo reparto de derechos de emisión entre las industrias contaminantes, que les obligará a asumir más costes por emitir más.
TRANSPORTE
En el difícil camino de cuadrar emisiones y crecimiento económico, Medio Ambiente se ha encontrado un nuevo aspecto que añade más complejidad. Los sectores denominados difusos (transporte, residencial o agricultura), pese a ser un foco importante de contaminación (el 50% de las emisiones), se habían quedado fuera de los que tenían que reducir emisiones o pagar por contaminar. Sin embargo, esa bula se ha acabado. La Comisión Europea ha aprobado un nuevo marco de referencia hasta 2020 en el que establece que el transporte y los particulares tendrán que reducir un 10% sus emisiones respecto a 1990.
Y eso no parece compatible con un actual modelo de crecimiento. Al transporte se le ha intentado regular a través de la reforma de la fiscalidad 'verde', que pretendía ligar los impuestos que gravan a los automóviles en función de lo que contaminan y no de la potencia, como hasta ahora. Esa reforma se ha quedado a medias y sólo ha conseguido sacar adelante el nuevo impuesto de matriculación, que establece cuatro tramos impositivos (exime a los menos contaminantes y penaliza a los que más emiten), pero no ha hecho lo mismo con el de circulación, que finalmente no ha visto la luz en esta legislatura y cuya modificación queda supeditada a la reforma de la Ley de Haciendas Locales. La gestión y recaudación de este tributo está cedida a los ayuntamientos, que perciben un 5% de sus ingresos a través del mismo.
Otra medida encaminada a reducir el impacto del transporte ha sido la obligatoriedad de que utilicen biodiésel y bioetanol en un porcentaje mínimo. (5,83% en 2010). Esta medida, que parecía positiva en un primer momento, se quedó diluida por la presión de las petroleras que no estaban dispuestas a a que el bioetanol se dispense en las gasolineras (España es excedentaria en gasolina y la introducción de bioetanol obligaría a exportar aún más gasolina, lo que reduciría la cuota de ventas al exterior de las petroleras).
Algo similar ocurre con las viviendas. Construir medio millón de casas al año no parece que sea el modelo sobre el que se asiente una política de reducción de las emisiones. Algunas medidas incluidas en las estrategias nacionales de lucha contra el cambio climático, como la supresión de las calderas de carbón en 2012, van en esa línea, aunque se antojan claramente insuficientes.
LITORAL
'Quien contamina paga'. Ese ha sido el lema más repetido por el Ejecutivo para ponerle nombre y apellidos a la política medioambiental diseñada por Narbona, que se ha convertido en el azote de los constructores con otras dos actuaciones que han derivado en fuertes conflictos regionales: el deslinde del dominio público marítimo terrestre y la ampliación de la protección de los parques naturales.
Consciente de la importancia del turismo (España es el segundo destino mundial por turistas e ingresos), el Ejecutivo se planteó desde el principio de la legislatura acelerar el proceso de deslinde del litoral, para frenar la presión urbanística sobre la costa española. Los objetivos marcados en esta materia para finales de 2008 son incluir 10.000 kilómetros de litoral en el dominio público y adquirir 167 parcelas de alto valor ecológico. En esta misma línea, Narbona aprobó una ley de Patrimonio Natural, que amplió el concepto de protección sobre parques naturales y nacionales, lo que le creó un fuerte conflicto con algunos presidentes regionales, especialmente del PP, como Esperanza Aguirre, que se reveló por lo que consideró un ataque a sus planes urbanísticos.
PSOE. Permanece el veto a la nuclear
La lucha contra el cambio climático volverá a ser el eje del programa político que el PSOE presentará para las elecciones para el próximo 9 de marzo. Entre las promesas incluidas en el mismo destacan la incorporación de criterios relacionados con el cambio climático para la construcción de infraestructuras, la inversión de 1.000 millones de euros para un programa de rehabilitación de viviendas y edificios para mejorar el consumo de energía o la plantación de 45 millones de arboles. El Partido Socialistas mantiene su apuesta por las energías renovables y persevera en el veto a la energía nuclear, pese a haber sido criticado desde numerosos sectores empresariales y políticos.En el texto, el PSOE recupera la aprobación de una ley para la movilidad sostenible, que no ha salido adelante esta legislatura, y la promoción de los biocarburantes, cuya mezcla no deberá superar el 5,83% en 2010.
PP. Plantar 500 millones de árboles
Cambio climático, incendios y agua. El Partido Popular quiere convertir estas tres premisas en los puntales de su política medioambiental para los próximos cuatro años. El primer gran objetivo es la aprobación de una ley integral contra el Cambio Climático, en la que se establecerá objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tanto para empresas como particulares y se obligará a ambos colectivos a ceñirse a las recomendaciones del panel de científicos que han diseñado la política para la ONU.Los otros dos ejes pasan por la aprobación de un plan nacional de lucha contra los incendios forestales, en el que se incluye la promesa de plantar 500 millones de árboles, y un pacto nacional por el agua, 'para mejorar la gestión de los recursos hídricos, promoviendo su uso racional y las transferencias de recursos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las deficitarias'.
IU. Crecimiento racional de las ciudades
Izquierda Unida propone en su programa político que se produzca un crecimiento racional y sostenible de las ciudades y pequeñas poblaciones y una revisión a fondo de la fiscalidad verde para los automóviles, con el objetivo de desincentivar el uso de los automóviles más contaminantes y fomentar el uso del ferrocarril y de los trenes de cercanías, menos contaminantes.Entre sus propuestas también destaca el cierre progresivo de las centrales nucleares, una limpieza sistemática de los montes para evitar los incendios forestales y una política hídrica centrada en reparar las fugas existentes en las redes de distribución, por donde se pierde uno de cada cinco litros en España.
PNV. Ayudas para fomentar las renovables
Remodelar el uso que hacen los ciudadanos del transporte es una de las prioridades del Partido Nacionalista Vasco en materia medioambiental para las próxima legislatura. Una de las principales propuestas se basa en la vertebración del municipio (acercando a los ciudadanos a los servicios) y vertebración del territorio (posibilitando el traslado hacia las capitales).En el programa también propone la creación de un programa de ayudas para los municipios que quieran mantener sus instalaciones y alumbrado público con energías renovables y la potenciación de los parques naturales como elementos dinamizadores del desarrollo rural y la creación de empleo asociado.