¿Cuánto vale un kilo de acero?
Cuánto vale un kilogramo de acero? Esta es una pregunta que posiblemente pocos consumidores se hagan a la hora de comprarse un vehículo, cuando realmente los metales férricos representan alrededor de las tres cuartas partes de las materias que lo componen. Ciertamente, la industria automovilística lleva tras de sí una historia de prestigio en materia de investigación y desarrollo, realiza grandes esfuerzos en calidad, seguridad y servicios posventa y asume un importante riesgo empresarial debido a sus cuantiosas inversiones en producción y publicidad. Tampoco se preguntan los consumidores cuál es el margen que aplican los concesionarios sobre el precio del fabricante.
Sin embargo, no ocurre igual cuando hablamos de los precios que percibe el agricultor y los de venta al público de los productos agrarios, como ha podido comprobarse en algunas intervenciones de las últimas semanas y, en concreto, el pasado 28 de noviembre, cuando la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas en relación con el sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino).
No quiero entrar a valorar el detalle de la iniciativa parlamentaria, ni el por qué de la decisión de nuestros responsables políticos ni, por supuesto, poner en duda el espíritu que guía sus decisiones, ya que entiendo que la intención es la de tratar de buscar respuestas a una cuestión que plantea nuestra sociedad. No obstante, considero que esta decisión responde a un mal entendimiento por parte de los consumidores y de los productores de la función y el valor añadido de la distribución dentro de la cadena de valor. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes del conjunto del comercio minorista: prestigiar la actividad comercial y trasladar a la población que las empresas de distribución comercial desarrollan un gran esfuerzo para proporcionar al consumidor, en todas y cada una de las partes de nuestro territorio, un surtido de productos en variedad, cantidad, calidad y precio que hace de nuestro sector uno de los más eficientes de nuestro entorno europeo.
Este servicio que se presta a la sociedad, realizando el paralelismo con la industria del automóvil, supone: esfuerzos cada vez mayores en investigación y desarrollo de nuevos productos; una labor cada vez más compleja y costosa en materia de aseguramiento de la calidad de las producciones colaborando con la industria y con las asociaciones de productores; grandes inversiones en materia de logística, transporte y de desarrollo y mantenimiento de establecimientos comerciales; una mejora constante en los procesos de atención al cliente y garantía de seguridad alimentaria, y un mayor acercamiento al consumidor a través de la publicidad y de las promociones.
Aunque en una experiencia similar de doble etiquetado realizada en Francia en el año 1999 se constató la dificultad de incidir sobre estas cuestiones en una situación de libre mercado y los dudosos beneficios de la medida, no está de más apuntar alguno de los problemas que plantea.
La concreción precio en origen es prácticamente imposible, desde un punto de vista técnico, en la mayoría de los casos, si lo que se pretende conocer es el precio percibido por el agricultor o ganadero en la primera venta de ese mismo producto. Incluso si tan sólo quisiera saberse un precio genérico de origen (por ejemplo, cotización en lonjas), surgen nuevos problemas para fijar qué lonjas y escandallos de referencia.
Si la información, por el contrario, se refiere a los precios del anterior eslabón, se podría llegar a comparar valores muy heterogéneos desde el punto de vista del coste. Todas estas dificultades se multiplicarían en el caso de los productos importados, donde no resulta posible determinar cuál es el precio pagado en origen al agricultor. Además, sería necesario definir a su vez qué operaciones conllevan una transformación del producto y cuáles no.
Pero yendo al objetivo esencial de la medida, en vez de educar e informar al consumidor y al productor, estaríamos trasladándole la falsa idea de que el precio final de un producto responde sólo al coste en origen, cuando para los productos perecederos existen igualmente otros costes muy importantes como los de pérdida y mermas de producto, los de almacenamiento (temperatura, humedad y empaquetado), los de tipificación y normalización de calidades, los de gestión de los stocks, los de transporte, etiquetado y lógicamente, aunque siempre se suelen omitir, los de inversión y mantenimiento de la red, del establecimiento y sus recursos humanos.
Paradójicamente, ha coincidido en el tiempo la aprobación de la proposición no de ley con la presentación por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de tres estudios que ponen de manifiesto que el sector minorista español está 'haciendo bien sus deberes'. El primero y más significativo destaca cómo los márgenes comerciales porcentuales que aplica la distribución minorista a los productos frescos no sólo se han contenido, sino que en algunos casos han experimentado significativas reducciones.
El segundo, un estudio de índices de precios por formatos comerciales, pone de relieve la fuerte competencia que hay en el sector entre empresas y tipos de establecimiento en todos los grupos de productos. El tercero y último, más novedoso, demuestra cómo los niveles de precios de la alimentación en España son más bajos que los que resultarían del nivel de renta de nuestro país (en comparación con los principales Estados de nuestro entorno) y cómo la distribución española es más eficiente de lo que correspondería al esquema de concentración empresarial.
El Ministerio de Agricultura viene desarrollando igualmente una importante labor en materia de información y comunicación que abunda y complementa los análisis anteriores. Estos son los datos reales sobre los cuales debe partir nuestra reflexión.
Considero que estas últimas medidas sí que contribuyen a clarificar la situación aportando una mayor información y transparencia sobre lo que realmente sucede en el proceso de distribución.
Aquí está nuestro reto. En que la población esté cada vez mejor formada e informada, en que sepa apreciar el valor que aporta la distribución a nuestra economía a través de empresas que trabajan sólo para ser más competitivas y dar cada vez un mejor servicio. Este desafío tenemos además que proyectarlo hacia el sector productivo, especialmente las pymes agroalimentarias que tienen que ver en nosotros su mejor aliado en los procesos de mejora y renovación estratégica. Sólo a través de la confianza que da el conocimiento evitaremos estériles debates y podremos seguir mejorando día a día sin sobresaltos.
Aurelio del Pino González. Director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)