La desviación del IPC costará 7.000 millones a las empresas y al Estado
La inflación en 2007 se disparó hasta el 4,2% por la fuerte subida de los precios de la energía y los alimentos a finales de año. Este repunte del IPC costará unos 7.000 millones de euros a la economía española: 3.121 millones para actualizar las pensiones y otros 3.900 millones en pago por desviaciones salariales.
El IPC de diciembre se elevó hasta el 4,2% en tasa interanual, lo que supone la cifra más alta desde enero de 2006. Así, la inflación de cierre de año supera en 2,2 puntos la previsión del Gobierno. En tasa armonizada con la UE, la cifra se eleva una décima más, al 4,3%, según los datos oficiales del INE. Todo ello va a salir caro a la economía española.
De momento, el Estado deberá destinar 3.121 millones de euros a actualizar las pensiones de más de siete millones de pensionistas y consolidar esta paga en su nómina.
Y algo más deberán abonar las empresas para compensar a partes de sus trabajadores y que no pierdan poder adquisitivo. Según la patronal CEOE, hay siete millones de trabajadores que pactaron inicialmente una subida salarial del 2,9% en sus convenios y que tienen cláusulas de garantía salarial, que obligan a compensar la diferencia hasta el 4,2%. A estos habrá que abonarles y consolidar en sus nóminas una media de 500 euros por trabajador. En total, el técnico de CEOE que ha hecho el cálculo eleva este coste a 3.900 millones. Y, según dijo, hay empresas que ya han pactado fraccionar este pago para que no sea traumático para sus cuentas.
Sin embargo, según CC OO y UGT, el número de trabajadores con cláusula es de 5,9 millones y sólo 4,8 millones recuperan todo el poder adquisitivo. Esto reduce el coste a menos de 3.000 millones.
En cualquier caso, la inflación sigue siendo muy alta, como ya ocurrió en enero de 2006. Respecto a esa fecha, en la que también la subida del crudo contribuyó al repunte, existen dos diferencias. Por un lado, la inflación subyacente (la que mide el componente estructural del IPC) está hoy en el 3,3%, cuatro décimas por encima que entonces. La causa son los alimentos elaborados, incluidos en la subyacente, con fuertes subidas en casi todos ellos.
Por otro lado, se encuentra la brecha de inflación respecto a la zona euro, que tiende a ensancharse cuando se producen tensiones en los mercados energéticos dada la mayor dependencia española. Si en enero de 2006 tocaba máximos en la etapa del euro, al situarse en 1,8 puntos, ahora, a falta de confirmación, se limita a 1,1 o 1,2 puntos.
La comparación por capítulos en los dos últimos años ayuda a localizar las causas del repunte inflacionista. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas se encareció un 6,6% el año pasado, más del doble que en 2006. Más acusado es el impulso de alcoholes y tabacos: 6,1% en 2007, por un 1,4% el año anterior. Las siete rúbricas que más se encarecieron en 2007 son alimentos, encabezados por la alarmante subida del 31% en el precio de la leche.
Otro tanto sucede con el transporte, cuya inflación pasó del 1,8% en 2006 a un 7,1% el año pasado, en consonancia con que un barril de petróleo un 50% más caro. Casi todas las demás rúbricas, salvo medicina y comunicaciones, presentan comportamientos similares a 2006.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, reiteró ayer que el Gobierno espera una reducción sustancial de la inflación 'a partir de la primavera'.
Más poder adquisitivo, según Trabajo
El Ministerio de Trabajo se apresuró ayer a asegurar que 'los trabajadores mejoraron su poder adquisitivo en 2007'. Para hacer esta afirmación indica que la subida salarial media pactada en los convenios en 2007 fue del 2,89%, mientras que las cláusulas de garantía salarial elevan este incremento un 1,16%, lo que sitúa el incremento salarial final el pasado año en 4,05%. Esto aún supondría pérdida de poder adquisitivo si se compara con la inflación acumulada en diciembre, pero Trabajo utiliza en su cálculo la inflación media del año (2,8%), lo que arrojaría una ganancia de poder adquisitivo del 1,22%.Lo que Trabajo no precisa es que sólo entre seis y siete millones de trabajadores tienen cláusulas de garantía salarial, con lo que habría otros tres millones de empleados con convenio y sin cláusulas que no mejorarían su poder de compra y otros ocho millones de asalariados que ni siquiera tienen convenio y que podrían perder poder adquisitivo.