Gobernar la complejidad

Gobernar el Estado no es lo mismo que dirigir una empresa. Pero no tiene por qué hacerse peor, con instrumentos más anticuados o con procedimientos lentos y burocráticos. La eficacia en la gestión de los asuntos públicos debería ser un valor permanente a seguir por parte de todos los Gobiernos. Aunque con demasiada frecuencia encontramos partidos que impulsan desde el Gobierno políticas modernizadoras de todo, menos de la gestión de lo de todos. La manera en que organizamos a la Administración pública debería responder a las necesidades que tenemos que resolver de acuerdo con las demandas de nuestros clientes, los ciudadanos. No siempre es así.

Ante problemas cada vez más transversales, seguimos respondiendo de manera vertical de acuerdo con las competencias históricas de unos u otros ministerios. Eso, si los problemas son coyunturales, se resuelve con comisiones interministeriales, pero cuando los asuntos a tratar tienden a ser permanentes, hay que organizar los recursos económicos y humanos de otra manera. Por ejemplo, la inmigración. Hoy hay, al menos, cinco ministerios involucrados en aspectos distintos del fenómeno migratorio. A lo mejor es buena idea poner los distintos aspectos parciales juntos en una agencia para incrementar la eficacia en la gestión. Aunque rompa algunos esquemas del pasado. Y como esta reordenación de competencias para resolver mejor asuntos se da en más casos, el Gobierno aprobó una Ley de Agencias para proceder a una gestión más adecuada de determinados asuntos públicos en los que debe primar la lógica del ciudadano y no la del funcionario.

Funcionario, o empleado público en general, que debe tener regulado aquello que lo hace distinto de un empleado del sector privado. Con sus deberes y obligaciones, con sus derechos y exigencias. Y con mecanismos de incentivos para premiar el buen trabajo e instrumentos de ordenación de los recursos humanos que hoy están al alcance de cualquier empresa privada. Eso es el Estatuto Básico del Empleado Público que, aprobado en esta legislatura, viene a llenar un hueco existente desde la Constitución y cuyo desarrollo debe permitir, por ejemplo, crear la figura del directivo público que, en relación con los cambios en los cuerpos administrativos derivados de las nuevas titulaciones académicas europeas, puede ayudar a dar un vuelco positivo a la carrera profesional en las Administraciones públicas, hoy casi inexistente, vinculándola además al desempeño profesional de cada uno.

Las nuevas tecnologías hacen posible hoy cosas que hasta hace poco no lo eran, como el teletrabajo. En nuestra Administración, las áreas de los tributos y de la Seguridad Social son ejemplo de cómo un buen uso de la informática mejora la eficacia y, sobre todo, permite rendir un mejor servicio público. Extender esa calidad en el servicio y esa concepción de que el ciudadano tiene derecho a una buena Administración es el objetivo de la Ley de Administración Electrónica, aprobada también en esta legislatura, que debe ayudar a superar la actual contradicción de que el mismo ciudadano que paga sus impuestos por internet o hace compras desde casa tenga que hacer cola para renovarse el pasaporte o inscribir algo en el Registro Civil.

Organización, recursos humanos y nuevas tecnologías son una tripleta que debe ayudar a superar el vuelva usted mañana, caminando hacia una Administración democrática al servicio de los ciudadanos y no de la comodidad de los funcionarios. Una Administración en la que todavía deben producirse cambios importantes para que la buena gobernanza sea un derecho de nueva generación, exigible por los ciudadanos.

Por ejemplo, cambios en la propia estructura del Gobierno que deberían abordarse en la próxima legislatura a partir de lo hecho en ésta. En las últimas décadas se han producido dos cambios estructurales trascendentes que afectan de manera directa al propio Gobierno de España: el ingreso en la Unión Europea y la consolidación de las comunidades autónomas. Y frente a un reajuste competencial y de funciones tan drástico y medular, la respuesta ha sido… el disimulo. Hacer como que no pasa nada. Todos seguimos igual, con los mismos cuerpos, las mismas escalas, los mismos ministerios e idénticos procedimientos. Mientras todas las empresas grandes del mundo han sufrido dos o tres cambios en su cultura organizativa en las últimas dos décadas, la estructura del Gobierno de España y de sus ministerios sigue aproximadamente igual a como la dejó… ¡Romanones! A pesar de ser la Administración más pequeña de las tres que existen en nuestro país, sigue habiendo mucho ministerio y poca Administración. Fomentar los elementos comunes en personal, compras o tecnología no es cambio menor de entre los que debe hacerse. Avances se han hecho, pero de manera insuficiente. Alguien debe centralizar todos los elementos operativos comunes para ahorrar costes y mejorar eficacia.

Debería fijarse cinco o seis ministerios de Estado que formarían el núcleo del Gobierno a partir de aquellas competencias inequívocamente suyas. La estructura organizativa y de personal de éstos no tendría por qué ser la misma que la de aquellos otros ministerios que comparten competencias con las comunidades autónomas y cuyos funcionarios y estructura debería ajustarse mejor a sus tareas constitucionales de coordinación y garantía de la igualdad entre españoles. Por último, estarían los ministerios políticos que, señalando prioridades temporales (vivienda, juventud, etcétera), no tienen vocación de permanencia y deberían tener por ello una estructura diferente, más flexible y tal vez compartida con algún ministerio de Estado.

Junto a ello, una revisión legislativa de todos aquellos asuntos que hoy deben tramitarse a través del Consejo de Ministros y que son excesivos permitiría aligerar el mecanismo de toma de decisiones políticas, pero también organizativas, por parte del máximo órgano de gobierno del país. Y separar mejor el ámbito de decisión política, centrado en el Consejo de Ministros, de su ejecución práctica encargada a agencias sometidas a control y evaluación de resultados. Sería, sin duda, otro paso más en busca de esa gobernanza más eficaz de la complejidad en que vivimos y que es hoy visto por los ciudadanos como un derecho y de la que estamos más cerca hoy que al inicio de la legislatura. También así mejoraremos la productividad del país y, sobre todo, su funcionamiento democrático.

Jordi Sevilla, Ex ministro de Administraciones Públicas