COLUMNA

Ambigüedades acerca de la democracia

La democracia es, ante todo, una forma de gobierno mediante la cual los ciudadanos designan a quienes les van a gobernar y establecen los mecanismos e instituciones limitativas del poder de los gobernantes. Simultáneamente, el término democracia invoca un cuerpo de valores políticos que rara vez encaja perfectamente en una forma concreta de democracia. En este segundo sentido, la democracia es un complejo código de moralidad pública y de prácticas políticas que, al menos en teoría, permite a los gobernados juzgar la actuación de quienes les gobiernan.

El problema reside en que en el largo camino desde la Atenas de Pericles a las democracias occidentales del siglo XXI el encaje de esos dos sentidos ha sufrido transformaciones tan profundas que resulta en la práctica difícil conectar aquella forma de democracia deliberativa -en la cual se discutían y se tomaban decisiones directamente- con las democracias representativas de hoy, cuya característica esencial reside en que periódicamente elegimos a unos pocos de entre nosotros para que adopten decisiones que afectarán a casi todos los aspectos de nuestras vidas -desde cómo educamos a nuestros hijos a cuánto dinero ganamos, pasando por cuál es la configuración del paisaje en que vivimos o cómo podemos morir-.

Ciertamente, esto no ha sido siempre así pero, como resultado de la complejidad de las modernas sociedades, el ámbito reservado a la libre elección de los ciudadanos, en quienes se supone reside la soberanía, se ha ido reduciendo en beneficio del menguado grupo de políticos en quienes delegamos la discusión y adopción de las decisiones generales.

De forma paralela a ese proceso de trasvase de poder ha tenido lugar un desarrollo de la profesionalización de la política, de modo que el mismo y pequeño grupo de personas nos piden cada cuatro años que confiemos en su integridad, competencia y buen juicio para gobernar nuestros asuntos. La petición no resultaría peligrosa si las reglas establecidas permitiesen que en ocasiones los ciudadanos pudieran recabar para sí la capacidad de decidir sin esperar a las próximas elecciones.

En teoría, el referendo es la solución para resolver esos conflictos, pero como es sabido las condiciones para llevarlo a cabo son tan restrictivas y dependen de la conformidad de los políticos que resulta ilusorio confiar en su efectividad.

Pero hay más; me refiero a que, en contra de la esencia misma de la democracia, el ciudadano se suele ver privado de recibir la información que le permitiría conocer y opinar sobre la mayoría de los asuntos públicos. El resultado es que, habida cuenta del manejo interesado de los medios de comunicación -públicos y privados-, se llega a la paradójica situación de que, intentando convencer, lo que los poderes públicos suelen conseguir es aumentar la desconfianza de los ciudadanos.

Expuesto de esta forma general el problema, se entiende mejor la grave situación en que nos encontramos en España. Olvidando que son nuestros representantes para ejercer el poder de forma limitada y gracias a nuestro consentimiento, la clase política española ha dado por supuesto que la pasividad de los ciudadanos les permite cualquier decisión, por arriesgada o impopular que sea. El distanciamiento ha llegado a un grado tal que se impone revisar las relaciones entre sociedad y clase política, pero para ello -tal como apunta Víctor Pérez-Díaz en su artículo Tímidos y temerarios, en Claves de Razón Práctica, número 176- es preciso que la sociedad muestre su voluntad y capacidad para asumir su responsabilidad en los asuntos públicos.

æscaron;nicamente de esta forma la clase política comprenderá la necesidad de modificar radicalmente sus actuales relaciones con la sociedad civil. Claro que éste es un empeño fácil de enunciar pero complicado de poner en práctica. Esto último precisa de un aviso claro que señale sin ambigüedades ese propósito de la sociedad y marque el cambio radical de la actual pasividad ciudadana. Para ello -y aun cuando parezca paradójico-, no se me ocurre mejor solución que preconizar una elevada abstención -del 50% al menos- en las próximas elecciones generales.

Si seguimos acudiendo a las urnas como en anteriores ocasiones estoy seguro de que los políticos lo interpretarán como un asentimiento, una aquiescencia que les permitirá su perpetuación en el poder y, lo cual es peor, reforzará su convencimiento de que nadie les exigirá cuentas por los desastrosos resultados de sus políticas partidistas ni por el enconamiento y la división que comienza a carcomer nuestro país.

Raimundo Ortega. Economista