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'Telecos'

El Supremo valida la tasa al espectro radioeléctrico

Recibe los nombres de espectrazo o tasazo, se instauró en 2001, duró sólo ese año y multiplicó por 17 la cantidad que debían abonar las operadoras por usar espectro radioeléctrico. Todas las afectadas recurrieron la medida aprobada por Anna Birulés, pero ahora, seis años después, han recibido una mala noticia. La primera sentencia firme sobre el tema ha salido a la luz y valida el espectrazo.

No todo está perdido, todavía, pero la esperanza de las operadoras ha caído a niveles mínimos. Después de seis años de espera ha llegado la primera sentencia firme, del Tribunal Supremo, sobre el polémico aumento de la tasa por uso del espectro radioeléctrico que decretó Anna Birulés cuando era ministra de Ciencia y Tecnología y Cristóbal Montoro, titular de Hacienda.

Jazztel ha sido la afectada. Recibió la comunicación hace unos días y no deja lugar a dudas: el tasazo que recayó sobre ella fue legal y, como operadora con espectro, debe pagarlo. Fiel a los requerimientos judiciales, la compañía ha hecho el abono y ha desembolsado los 12,7 millones que debía por el impuesto de 2001 y que, gracias a un aval, había conseguido mantener hasta ahora en sus cuentas, eso sí, debidamente provisionados.

La compañía presidida por Leopoldo Fernández Pujals pertenece a uno de los dos grupos afectados. La tasa recayó sobre los operadores de telefonía que ganaron en 2000 las licencias de tecnología LMDS, que permite el acceso a internet sin cables, y también sobre las cuatro compañías que consiguieron ese mismo año las concesiones de UMTS, la telefonía celular de tercera generación.

Jazztel ha pagado ya el impuesto que congeló en 2001 por el recurso

En total, hubo una decena de afectadas, y otros tantos recursos. Jazztel ya tiene la respuesta el suyo en la mano por la tecnología LMDS, pero queda por conocerse la resolución en firme sobre el UMTS. Todo apunta a que irá en la misma línea que el Tribunal Supremo ha marcado en el caso de Jazztel, puesto que la base argumental tanto del impuesto como del recurso es la misma. Si es así, Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo no tendrán más remedio que olvidarse de recuperar las cantidades millonarias que pagaron o avalaron en 2001.

El espectrazo fue el resultado directo de la polémica que se desató en España en 2000, en plena burbuja tecnológica, por conceder las licencias de UMTS y de LMDS de manera casi gratuita, cuando en el resto de los países de Europa se recaudaban en subastas miles de millones de euros. El Gobierno del PP defendió la decisión de dar las autorizaciones por concurso, pero a la vez decidió cambiar la fiscalidad del espectro y multiplicarla por 17, quizá para compensar la falta de recaudación por la otra vía.

El resultado fue un impuesto sobre el espectro en 2001 que elevaba a 962 millones de euros la recaudación. Las operadoras de móvil con licencia de tercera generación fueron las peor paradas. Vodafone, por poner un ejemplo, pagaba 14 millones de euros de tasa en 2000, una cifra que se convirtió en 232 millones al año siguiente.

La polémica fue tal que el espectrazo sólo duró un año. La presión de las operadoras consiguió que el PP rebajara un 75% el impuesto para 2002 y los recortes han sido sucesivos desde entonces. Ahora, las firmas de móvil pagan unos sesenta millones anuales por esta tasa.

Pese a los intentos de Birulés, la rebaja de la tasa no impidió los recursos de las afectadas, que contaban incluso con declaraciones de la Comisión Europea en contra de una tan elevada y poco proporcional subida del abono.

El primer paso fue la Audiencia Nacional. Esta institución apreció trazas de inconstitucionalidad en la medida y remitió el caso, para conocer su opinión, al Tribunal Constitucional. En 2002, los recursos salieron de allí con el veredicto de que el espectrazo cumplía con el contenido de la Constitución, así que llegaron al Supremo.

Ahora, siete años después del principio de los hechos y cuando han pasado seis desde los recursos, llega la primera sentencia firme.

Aunque las demás resoluciones sigan el mismo camino, el efecto en las cuentas de las compañías será escaso, al menos en términos contables. Telefónica y Vodafone, por ejemplo, optaron por pagar la tasa, aunque la recurrieron. Otras compañías prefirieron presentar un aval, pero provisionaron la cantidad en sus cuentas.

Expectativas rotas

¦bull;La tecnología UMTS despertó expectativas muy altas y también las defraudó. Las operadoras pagaron miles de millones por licencias que, en algunos casos, ni siquiera se han llegado a usar. Sólo ahora, años después, el internet móvil empieza a despuntar.

Un sector con una fiscalidad muy especial

Sea la operadora que sea del segmento que sea de telecomunicaciones, la crítica es unánime. Todas ellas coinciden en que actúan en uno de los sectores que, posiblemente, mayor fiscalidad soporta y que, en cualquier caso, la tributación es muy superior a la que tienen otros países de Europa.Sobre las telefónicas recaen impuestos nacionales, autonómicos y locales, y la queja es que lo hacen en gran medida. Tanto la patronal tecnológica Aetic, como la nueva agrupación creada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono tienen entre sus empeños lograr una reducción de la fiscalidad.Y fue en este contexto, que no es nuevo, donde cayó como un mazazo el espectrazo de Birulés. Las afectadas se aferraron al argumento de la excesiva fiscalidad como sector para recurrir el nuevo impuesto, que tildaron de desproporcionado, ilegal y confiscatorio. Las primeras actuaciones de la Audiencia Nacional les dieron esperanzas, pero ahora el Supremo se las ha quitado.

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