COLUMNA

Democracia y desarrollo

Una causa fundamental del estancamiento económico de un país es que los grupos de poder gestionen las regulaciones económicas en beneficio suyo y legislen con el mismo fin. Por lo que habría que esperar que en los países con instituciones políticas democráticas, en los que aquellos que ostentan el poder político sean elegidos por sufragio universal, el crecimiento económico sea mayor. Y así ha sido en muchas instancias (Mauricio y Botsuana, los dos países africanos de mayor crecimiento, por ejemplo).

Pero algunos países formalmente democráticos se han mantenido muchos años estancados y otros que han accedido a procesos electorales para elegir a sus gobernantes apenas han mejorado económicamente. Un caso muy interesante, que nos permite comprender por qué ha sido así, es el de la India desde la independencia hasta la segunda mitad de los ochenta.

Desde Nehru, los Gobiernos del Partido del Congreso habían creado un sistema económico altamente centralizado e intervenido (las empresas necesitaban autorización administrativa para buen número de sus decisiones), con un resultado de escaso crecimiento durante casi cuatro décadas. Pero la gestión de un sistema tan ineficiente permitía al partido ejercer el control sobre los procesos electorales, pues le abría la posibilidad de llevar a cabo un intenso clientelismo político. Con el liderazgo de Rajiv Ghandi, a partir de 1985, se produjo una cierta liberalización de la economía, que profundizaron Gobiernos posteriores (ya no del Partido del Congreso, pues éste perdió su supremacía absoluta con el cambio del sistema económico), que ha situado a la India en una senda de crecimiento relativamente sostenido. Existe, pues, la posibilidad de que en un país formalmente democrático el grupo de poder legisle y gestione las regulaciones en beneficio propio y no del conjunto de la economía.

Esta reflexión viene a cuenta de dos noticias de actualidad. Por un lado, las elecciones argentinas. Argentina tenía en 1913 una renta per cápita superior al 80% de la de EE UU, en 1950 esa proporción se situaba entorno al 60% y hoy apenas llega al 30%. Desde el restablecimiento de la democracia en 1983 la renta per cápita (medida en paridad del poder adquisitivo) ha crecido hasta 2004 un pobre 0,6% anual, sólo un poco por debajo del crecimiento registrado entre 1950 y 2004 (0,8%). Cierto que en los últimos cuatro años el crecimiento se ha acelerado sustancialmente, pero no es menos cierto que se han producido dos hechos extraordinarios que pueden explicar buena parte de ese empuje: una devaluación superior al 300% y una fuerte elevación en los precios de productos agrícolas relevantes.

La imagen institucional argentina es algo más difusa que la descrita para la India, aunque no deja de tener similitudes. Eso hace más complejo el diagnóstico y más difícil la acción reformadora. Aun en el caso de que hubiera voluntad de emprenderla, lo que estamos legitimados a dudar. Una clase de políticos, funcionarios y sindicalistas, que tiene el apoyo estable de lo que podríamos llamar el justicialismo sociológico, sería en Argentina el grupo de poder que bloquea la regeneración institucional. Bajo ese control se ha ido enraizando un sistema de baja seguridad jurídica y una cultura contraria a los empresarios emprendedores (el mundo de los 'vivos', según el término con el que el economista uruguayo M. Rama describe a su país y a Argentina).

Las propias elecciones del pasado domingo (obligatoriedad de votar para todos los ciudadanos y no comparecencia de una proporción significativa de presidentes y vocales de las mesas) es un buen ejemplo del diagnóstico del desaparecido profesor Dornbush sobre países como Argentina: legislaciones muy estrictas que se cumplen muy 'flexiblemente', a diferencia de los países desarrollados con legislaciones flexibles que se cumplen estrictamente (¿está España en un punto intermedio?).

El discurso de la nueva presidenta no resulta muy esperanzador, como no lo ha sido la acción política de su marido. Baja transparencia en la acción de gobierno, recurso al control de precios como política antiinflacionista, amenaza a los bancos para que se comporten como él pretende (una peculiar forma de hacer política monetaria), son algunas de las negativas características de la presidencia que ahora acaba. El mensaje de la presidenta electa mantiene fuertes tintes populistas y también la denuncia de la responsabilidad de los 'otros' (los bárbaros inventados, como en la gran novela de Coetzee) en los males de Argentina. Mal comienzo.

Estas consideraciones son relevantes también para el diseño de la ayuda al desarrollo, que el presidente del Gobierno español quiere incrementar. Si la ayuda se hace llegar a los gobiernos locales, hay que ser selectivo y la existencia de elecciones no es suficiente garantía. Si la ayuda se instrumenta a través de organizaciones privadas, hay que estar seguros de su capacidad de gestión y de su imbricación con la rudimentaria sociedad civil local.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense