30 años de pactos en busca de la estabilidad
Hoy hace justo 30 años se firmó en La Moncloa el acuerdo de entendimiento económico más prolífico de la historia de la democracia. Aquel 25 de octubre de 1977, los firmantes en esa mesa, los líderes de las principales formaciones políticas, eran conscientes de la situación catastrófica en que se encontraba el país, cuando aún balbuceaba la transición política. En ese año la crisis petrolera mundial, arrastrada desde 1973, y el retraso en atajarla por el régimen franquista, habían dejado una huella indeleble en la economía, que hacía aguas por todas partes.
Los Pactos de la Moncloa sirvieron para atajar una inflación que llegó a crecer al 44% (un 26% de media en 1977), un déficit corriente de 5.000 millones de dólares (astronómicos por aquella época) y una tasa de actividad que apenas llegaba al 36% de la población. La destrucción masiva de empleo alcanzó a 900.000 personas, sin red de protección.
Entre las recetas aplicadas por el Gobierno de Suárez tras la firma de los Pactos, figuraron una política monetaria más restrictiva, el control a ultranza del gasto público, una reforma fiscal integral que fortaleciese los ingresos del Estado, y la ligazón de los salarios a la inflación prevista y no a la pasada. Esto último fue de gran utilidad ya que se evitó la clásica espiral inflacionista precios-salarios de años anteriores, cuando los convenios se referenciaban al IPC del año anterior. La fórmula se ha mantenido hasta hoy.
Sindicatos y CEOE buscan un nuevo Pacto como el de octubre de 1977
La base para estos acuerdos se fundamentó en dos claves. En primer lugar, una pléyade de líderes políticos (Adolfo Suárez, UCD; Felipe González, PSOE; Santiago Carrillo, PCE; Miquel Roca, Minoría Catalana, etc.) más preocupados por sanear la pertrecha economía que por profundizar en lo que podía diferenciarles, que en materia económica era tanto o más como en política. En segundo lugar, un equipo de jóvenes técnicos (José Luis Leal como director de Política Económica; Luis Ángel Rojo, como jefe de Estudios del Banco de España; Blas Calzada, como director general de Estadística; y Manuel Lagares, como subsecretario de Hacienda), comandado por el vicepresidente del Gobierno Enrique Fuentes Quintana, que sirvió para que el bisturí a aplicar fuera preciso.
Treinta años después de esa firma, aumentan las opiniones de quienes, desde el sector económico ansían un nuevo acuerdo entre las fuerzas políticas para garantizar la estabilidad en el mundo de los negocios. La pertenencia de España a la zona euro ha dejado al Gobierno de turno sin margen de maniobra en dos de sus más importantes instrumentos de política económica (el tipo de cambio y los tipos de interés). Por otro lado, la España autonómica, que en muchas materias económicas es cuasi federal, ha dejado sin contenido a muchos ministerios (Sanidad, Vivienda, Educación...). Sin embargo, a pesar de todo, quedan muchos asuntos relevantes a los que llegar a un entendimiento como hace treinta años.
Desde la CEOE y otros foros anexos (como el Instituto de Empresa Familiar), por ejemplo, se insiste en la necesidad de mantener la 'unidad de mercado', ante la proliferación de normativas regionales que inundan materias como la distribución comercial, la ordenación del suelo y los incentivos fiscales. Desde los sindicatos, la presión es fuerte para mantener el poder negociador en los convenios colectivos y que no se pierda lo avanzado en asuntos como el salario mínimo o la protección por desempleo.
Pero más importante que todo ello, como recalcan los principales organismos internacionales, es encauzar a España en un nuevo sistema de producción mundial en donde los bienes de bajo coste serán copados por países emergentes, quedando sólo espacio para producir calidad y valor añadido. Es un cambio de mentalidad que requiere, como hace 30 años, del consenso de políticos y agentes sociales. Un reto, si cabe, de mayor calado que el de 1977.