Siete años casi perdidos
La UE intentará librarse el próximo jueves del fantasma de la reforma institucional que le persigue desde hace siete años. Los 27 países socios se reúnen en Lisboa con la esperanza de cerrar por fin la reforma de las normas de funcionamiento del club.
Quedan aún algunas objeciones importantes, por parte, sobre todo, de Polonia (que reclama ciertas salvaguardas en las votaciones por mayoría cualificada y un puesto más en el Tribunal europeo) e Italia (que se niega a aceptar el reparto de escaños previsto para el Parlamento europeo).
Pero ni el presidente polaco, Lech Kaczynski, ni el primer ministro italiano, Romano Prodi, parecen dispuestos a impedir que la UE ponga fin a un estéril ejercicio de introspección que la ha devuelto al punto de partida. 'Creo que es hora de acabar el debate', rogaba la semana pasada en Oxford el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. 'Debemos dejarlo atrás y seguir avanzando'.
Si los líderes europeos, como parece probable, consiguen pasar página en la cumbre del 18 y 19 de octubre en la capital portuguesa, todavía quedará el tortuoso camino de la ratificación del nuevo Tratado, con la amenaza de posibles referéndum (además del que obligatoriamente se celebrará en Irlanda) en Reino Unido, Dinamarca y Holanda. La presión para convocar la consulta resulta especialmente fuerte sobre el heredero de Tony Blair. La oposición conservadora y la prensa de Rupert Murdoch acusan al actual primer ministro británico, Gordon Brown, de traicionar la promesa laborista de someter la Constitución europea a referéndum. La campaña de acoso obvia de manera deliberada que el Tratado constitucional se ha abandonado y que Londres ha conseguido incluir en el nuevo texto todas las reservas en materia social, judicial y policial que se había propuesto.
Además, como recuerda Hugo Brady, del instituto de estudios londinense Centre for European Reform, 'Gran Bretaña nunca ha ratificado un tratado internacional por referéndum (...) que sólo se ha convocado ante grandes cambios constitucionales, como el ingreso en la UE en 1975 o la devolución de competencias a Escocia y Gales'.
Pero la amenaza del referéndum ya ha conseguido parte de su propósito porque ha agujereado de excepciones el nuevo Tratado, propiciando una Europa 'autoservicio', como la califica el europarlamentario liberal británico, Andrew Duff, en la que cada Estado miembro podrá involucrarse a su antojo. Tras el regateo, ha lamentado la eurodiputada italiana de Los verdes, Monica Frassoni, se 'acabará con un resultado a la baja'.
La resignación de Bruselas ante una salida pragmática a la crisis contrasta con la ambición del proyecto inicial, surgido del fiasco de la cumbre de Niza de diciembre de 2000 para convertir la UE en una unidad política, democrática y con marco constitucional. Al final, todo ha quedado en un amasijo de letra pequeña, enmiendas y excepciones añadidas a las 80.000 páginas de los Tratados firmados a partir de 1956 en Roma.
'Si esto era un operación de simplificación, no hay duda de que se ha conseguido', ironiza un diplomático con varias décadas de experiencia en lides comunitarias.
Todo se torció en mayo de 2005, cuando los votantes franceses desmintieron los sondeos de la Comisión Europea (los desacreditados Eurobarómetros) que periódicamente certifican el apoyo de la opinión pública a las iniciativas de Bruselas.
A partir de ese día, el Tratado constitucional redactado por una Convención abierta al público se convirtió en papel mojado y la UE se refugió de nuevo en las negociaciones opacas sin actas ni control democrático. El club volvía al punto de partida del que quiso alejarse con su frustrado proyecto. La experiencia, sin embargo, no ha sido del todo inútil. Al menos, ha demostrado que el salto de la diplomacia a la política no tenía por qué terminar, como advertían los agoreros, en un texto inasumible. Al contrario. Todos los líderes europeos firmaron en Roma el Tratado surgido de la Convención, sólo retocado ligeramente por los Gobiernos. Aun así, la reforma política de la UE para adaptarla a su ampliación se estrelló contra el muro esquivado por los diplomáticos durante 50 años: una opinión pública que cuando vota no coincide con los sondeos. Ahora, la esperanza es que ningún Gobierno cometa el error de convocar un referéndum que haga perder otros siete años a la UE.