Qué hay de los municipios
El autor analiza la escasez de recursos que los Presupuestos Generales del Estado destinan a las corporaciones locales, y advierte del problema de corrupción y urbanismo descontrolado que conlleva su financiación a través de la gestión del suelo municipal
Estamos de lleno inmersos en el debate del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado y suena de fondo la canción de 'todos queremos más/ y más y más/ y mucho más'. La propuesta del Gobierno necesita los votos de los grupos minoritarios que le han acompañado durante la legislatura para asegurarle la mayoría. Además el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y los que de él se han derivado introducen pies forzados para el reparto de las inversiones en infraestructuras.
Asistimos a un tironeo con exhibición de argumentos basados en criterios territoriales o de población, según se considere que tributan las comunidades autónomas o los ciudadanos. Cunden los agravios comparativos. Se estrecha la senda de la racionalidad. Y fuera de la cancha aparece el ex presidente Felipe González para recordar en su columna de El País la actitud en defensa de los intereses generales que corresponde al Gobierno y para recordar su preferencia por la prórroga de los actuales presupuestos antes que acceder a uno nuevo mal acordado cuando estamos al final de la legislatura.
En medio de toda esta polvareda perdemos de vista la financiación de las Corporaciones Locales cuyo gasto supone un elevado porcentaje del total del gasto público en nuestro país. Pero ese gasto de los Ayuntamientos sólo es en parte financiado con los 14.462 millones de euros de las transferencias a su favor incluidas en los Presupuestos Generales del Estado. El Círculo de Empresarios acaba de producir un documento bajo el título de Un nuevo modelo para los ayuntamientos españoles cuando sigue pendiente una segunda descentralización que otorgue a las Administraciones locales el papel que les corresponde. Se trata de un diagnóstico certero que censura la insuficiencia financiera de los ayuntamientos y que la gestión del suelo siga siendo una fuente principal de recursos económicos, de donde deriva buena parte de la corrupción que habita entre nosotros.
Los desastres urbanísticos están directamente vinculados a esta situación porque las Corporaciones Locales sufren presiones irresistibles y porque sólo pactando con los promotores pueden proveer los servicios reclamados por el vecindario. El Círculo de Empresarios en su informe propugna la aplicación del principio de subsidiariedad, tan querido de los Pontífices romanos y de los tratados de la UE, de modo que quien provea el bien o servicio sea la administración más próxima al ciudadano. Sucede, sin embargo, que esa máxima de la proximidad juega muy malas pasadas porque enseguida se colorea de afinidades y discriminaciones y contraviene la imparcialidad que es la marca de las burocracias respetables y sitúa al posible recipiendario en la indefensión.
Además nuestros liberales esperanzados y cuantos apuesten por la eficiencia y la racionalidad, deberían atender las certeras observaciones formuladas por Adam Posen del Peterson Institute for International Economics en el diario Financial Times bajo el título Central power is a force for economic liberalism (El poder centralizado es una fuerza para el liberalismo económico).
Nuestro autor se ocupa de la UE y defiende el poder de Bruselas frente a quienes sospechan de su excesiva concentración. Subraya la ironía de que cuanto mayor ha sido la autoridad de la Comisión Europea sobre la política económica de la UE tanto más ha crecido la liberalización. Señala además que la alternativa a una Bruselas fuerte no es un mercado más libre y descentralizado y una menor interferencia gubernamental sino por el contrario un mayor abuso de autoridad e intervencionismo por parte de los Estados miembros y de los que llama 'gobiernos subnacionales'.
Adam Posen se apoya en el caso de los EE UU porque allí cuando las decisiones de política económica fueron entregadas a los estados tendieron a adoptar un carácter reaccionario como sucedió también en el campo de los derechos civiles. Al concluir insiste en que Europa no padece un déficit democrático sino un déficit de gobernanza. Y lo que Adam Posen dice de Bruselas, cambiando de escala, sucede con Madrid. Así que atendamos a la financiación de las Corporaciones Locales y cuidemos de las consecuencias perversas y reaccionarias de la cacareada redistribución del poder territorial en España.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista