El entorno de los Presupuestos
Los autores analizan las prioridades de gasto del Gobierno para el próximo ejercicio, tanto en su vertiente productiva como en el área social. En su opinión, es criticable la forma en que se han presentado los nuevos derechos sociales, que califican de polémicos.
El crecimiento del PIB, de la población (vía inmigración) y del empleo, junto con el superávit del sector público y los buenos resultados de las empresas, deberían favorecer unas expectativas optimistas en lugar de la incertidumbre generalizada. La causa de esta última realidad deriva del aumento de la deuda suscrita por empresas y familias, del empuje del gasto público que, aún con superávit, crece más que el PIB y de la aportación de la construcción de viviendas que se está ralentizando.
Datos adicionales como el déficit exterior, que indica, a la vez, falta de competitividad y endeudamiento frente al exterior, y la persistencia de dos millones de parados contribuyen a la cautela. La devaluación del dólar -que significa apreciación del euro- se acompaña por la de monedas vinculadas a él, con el aumento de la competitividad de países como Taiwán y Corea, con quienes competimos en terceros países y en la propia UE. El petróleo y otros productos serán más baratos, pero la exportación será más difícil con lo que el equilibrio del sector exterior se hará esperar.
El tipo de interés, que depende del BCE, es una de las claves de los próximos meses. Si su aumento llegase a reducir la demanda de consumo y a arriesgar el pago de hipotecas se podrían aumentar -transitoriamente- las deducciones fiscales por la compra de vivienda para residencia habitual para las rentas bajas y medias. Esto es contrario a primar el alquiler que parece más grato a las autoridades pero que hace a las personas menos independientes. El mayor coste del crédito también reduciría los beneficios de las empresas frenando su inversión y crecimiento. Por contra, favorecería a los ahorradores que en han visto como sus depósitos daban una rentabilidad real ínfima y, a veces, incluso negativa, de modo que parte de los recursos que presionan las Bolsas al alza podría ir hacia la renta fija.
Si la subida de tipos llega a reducir el consumo y arriesgar el pago de hipotecas, se podría subir de forma transitoria la deducción por compra de vivienda
Las medidas denominadas sociales han sido polémicas. Se aprueban para el último Presupuesto de la legislatura y para que sean efectivas en el trimestre anterior a las elecciones, con lo que el adjetivo de electoralistas está servido. Algunas son comprensibles, como la prestación por un nuevo hijo, pero se presentan mal porque se dice que es para incentivar la natalidad y ayudar a las familias. Lo segundo es cierto, pero lo primero no, pues casi nadie decide ampliar la familia por una prestación a cobrar una sola vez, y si hay alguien que decide hacerlo por ese motivo (bromas soeces a parte) es quien no debiera recibirla.
Algunas declaraciones en el sentido de reducir los tipos en IRPF y Sociedades son bien venidas por un doble motivo. El principal es que la presión fiscal que soportan las empresas se ha situado muy por encima de la media europea en tres aspectos: el tipo del impuesto de sociedades, el tratamiento fiscal de las amortizaciones y el incentivo a la innovación. El segundo es que con superávit público y de la Seguridad Social debe aligerarse la carga soportada por los contribuyentes. Aquí conviene ir más allá del simple umbral de percepción y aprovechar para cambiar la carga de la producción por la del gasto, de manera que la producción importada aporte más a las arcas públicas y se reduzca el handicap competitivo que soporta la producción interior. Asimismo, temas como la independencia energética y la incapacidad laboral son urgentes cuando se puede estar en punto de inflexión del ciclo económico.
El gasto público al avanzar a una tasa superior a la del PIB contribuye al crecimiento tanto como al déficit y al aumento de precios que, aún siendo moderado para lo habitual en España, se acumula dando lugar a pérdidas de competitividad. Ese crecimiento parece ir por detrás de las necesidades en comunidades como Cataluña, que han sufrido un verano problemático. La financiación autonómica deriva de decisiones pasadas en las que se logró un consenso político transitorio. Esos equilibrios son inestables, ajenos a las realidades en presencia y crean agravios absolutos y comparativos que arriesgan la solidaridad entre las distintas Comunidades Autónomas.
Es el momento de cambiar un sistema ineficiente de redistribuciones múltiples por el que unos pagan más que otros (según la lógica de la progresividad) y reciben menos, lo que no tiene lógica porque la redistribución está hecha y ante el Estado todos deben ser iguales. La financiación comunitaria se suma a la interna y las prestaciones individuales (por ejemplo, desempleo, etc.) aumentan las diferencias. Una solución sería que expertos independientes acordaran las pautas a aplicar y luego éstas se concretasen con las cifras correspondientes, en línea con la propuesta del profesor G. López Casasnovas.
Joaquín Trigo Portela. Director Ejecutivo Fomento del Trabajo Nacional