Malas prácticas en la inversión pública

La dotación de infraestructuras de uso general afecta a la competitividad del país, a la seguridad y a la calidad de vida. El tiempo perdido en desplazamientos descontrolados, los cortes de suministro eléctrico, averías en las redes ferroviarias, dilaciones en facturar o retirar equipajes en los aeropuertos… son algunas de las distorsiones generadas por la insuficiencia o mal funcionamiento de instalaciones básicas. Cuando el frío o el calor excesivos llevan a aumento del consumo de energía, o las vacaciones tensan las posibilidades de los transportes públicos y de las vías de circulación, los problemas se agravan y el malestar se generaliza. Las causas y los remedios son conocidos, pero aplicar las medidas apropiadas a tiempo y en la dimensión requerida es difícil.

La inversión es el primer requisito, pero los recursos son escasos y, desde el punto de vista político, con enfoque redistributivo, suelen preferirse los proyectos que favorecen a las áreas de menor nivel de desarrollo y renta per cápita frente a los que benefician a zonas de mayor dinamismo. Esta orientación se refuerza porque el gasto en las zonas menos favorecidas se puede apalancar con ayudas comunitarias, lo que permite un mayor gasto global en estos proyectos. Este enfoque aporta un claro efecto keynesiano a corto plazo, en forma de empleo y gasto, pero poco más, pues el diferencial de generación de renta no se reduce a pesar de que, durante décadas, se ha insistido en la misma orientación tanto en España como en Italia y otros países.

En la inversión en áreas de actividad económica densa, además del efecto keynesiano, se obtiene un efecto neoclásico en forma de inversión privada inducida por las mejoras en accesos, suministros energéticos y otros. La prioridad redistributiva sólo considera el destino de los recursos monetarios, esto es, el impacto primario, pero rara vez tiene en cuenta los efectos secundarios en forma de actividad no generada. Como el impacto primario tiene una visibilidad inmediata la tentación política es casi irresistible y la inversión es más alta en periodos preelectorales.

Los recursos a disposición de las Administraciones públicas, además de ser escasos, tienen diferentes grados de opción. La mayor parte del Presupuesto está asignado a pensiones, sueldos de funcionarios, intereses de la deuda, gastos de mantenimiento… Si por alguna razón debe reducirse el gasto el más apropiado es el de inversión, pues genera menos oposición, y por tanto menor coste político que otras partidas que son intocables, mientras que la inversión basta con diferirla y la queja por no tener lo que nunca se disfrutó es tolerable.

Un elevado presupuesto inversor aporta legitimidad política, pero después requiere un gasto de mantenimiento reiterado y sin fin. Por eso conviene que la inversión ayude a obtener la renta que puede generar tributación y pagar por los servicios derivados de la inversión previa. A su vez, esa generación de renta suele conllevar más población y nuevas exigencias en un proceso reiterado.

Si la gestión es de buena calidad el nuevo coste es tolerable, si bien la capacidad de dar servicio, cuando se trata de instalaciones de uso masivo, también es vulnerable a presiones con las que obtener mejoras salariales, como las que se hacen en momentos punta en zonas turísticas (limpieza o seguridad) o en transportes ferroviarios o aeropuertos (reducción del servicio o devolución de equipajes).

La huelga o reducción del servicio sirve para que se vea y aprecie la importancia de la función, pero a veces se refuerza con la creación de nuevos problemas o con el freno a su resolución. Como el descrédito de los organizadores es breve y su actuación impune, aeropuertos y playas se llenan de basura y se piden, masivamente, falsas bajas por enfermedad o por depresión abusando de la necesidad y buena fe de usuarios y contribuyentes, generando malestar y presionando a las autoridades.

Si el grado de uso de las instalaciones disponibles es muy alto, pequeños incrementos adicionales en la demanda, o un descenso en el suministro o la capacidad de evacuación pueden colapsar una instalación. Así, una avería en un medio de transporte afecta a otros y una incidencia en un suministro en red afecta a otras líneas. Normalmente esos incidentes son transitorios y las instalaciones se hacen pensando en un uso medio aceptando alguna congestión puntual, pero cuando funcionan muy cerca del límite de su capacidad indican carencias relevantes. Si en las zonas circundantes ese problema es inexistente, al agravio absoluto se añade el comparativo, difícil de entender, caro de soportar y dañino para el crecimiento.

Joaquín Trigo. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional