Hacienda denuncia un 29% menos de fraude por delito fiscal
Las cuotas defraudadas al erario público incluidas en los expedientes remitidos a la Fiscalía por delito contra la Hacienda pública alcanzaron en 2006 los 660 millones de euros, un 28,8% menos que el ejercicio anterior.
La Agencia Tributaria tuvo el pasado año uno de sus mejores ejercicios en su lucha global contra el fraude tributario (inspecciones en sectores sensibles como el inmobiliario y comprobaciones de declaraciones tributarias), recaudando 5.300 millones de euros por este concepto. Sin embargo no fue así para el caso concreto de los delitos fiscales (expedientes remitidos obligatoriamente a los tribunales en los que la deuda con Hacienda supera los 120.000 euros).
El número de contribuyentes denunciados por Hacienda ante la Fiscalía fue de 710, un 10,4% menos que un año antes, y la cuota defraudada por ellos llegó a 659,9 millones, un 28,8% menos que los 926,9 obtenidos en 2005. Fuentes de la Agencia Tributaria informaron a CincoDías de que este descenso se debe, en parte, a una nueva estrategia en la inspección por la que se maduran con más tiempo este tipo de expedientes. ¢Tenemos en proceso, denuncias acumuladas y no formalizadas por 3.000 millones de euros que irán saliendo en los próximos años¢, señalaron las mismas fuentes.
Sin embargo, también admitieron que la figura del delito fiscal está en pleno proceso de reforma para mejorar su eficiencia que se ha ido agotando con el paso del tiempo. Prueba de ello es la gran diferencia entre la deuda denunciada inicialmente a la Fiscalía por Hacienda y la ¢finalizada¢, por actuaciones procesales definitivas (un 23%).
En trámite parlamentario se encuentra el proyecto de reforma del Código Penal, por el que se elevará de cinco a diez años el plazo de prescripción del delito fiscal (el de las deudas tributarias ordinarias es de cuatro años), con el ánimo de dar más tiempo para su persecución. También se ampliará de cuatro a seis años la pena máxima en este tipo de delito. La cuantía a partir de la cual se considera delito (120.000 queda igual).
Con todo, la mayoría de los fiscalistas han avisado de la necesidad de una profunda reforma técnica de esta figura para evitar que se produzca descoordinación entre la administración tributaria y los tribunales. Un Observatorio, puesto en marcha a instancias del Gobierno hace más de un año está recabando ¢recomendaciones¢ para que el Ejecutivo tome medidas a corto y medio plazo.