Urge la reforma del delito fiscal
Los buenos resultados de la lucha contra el fraude obtenidos por Hacienda en los últimos años (en 2006 recaudó más de 5.300 millones de euros por este concepto, un 15% más que el ejercicio anterior) no deben servir para tapar la situación de estancamiento en que se encuentra la figura del delito fiscal.
Su carácter de híbrido entre la Administración tributaria y la jurisdicción penal está dando más de un quebradero de cabeza a quienes (inspectores, abogados, policías, jueces y magistrados) están obligados a desarrollarla. La Agencia Tributaria resta importancia a la caída del número de contribuyentes denunciados a la Fiscalía y a la bajada de la cuantía de la deuda tributaria descubierta por este concepto, experimentada el pasado año, señalando que se está en un proceso de investigaciones más profundas que hacen que los expedientes por delito fiscal vayan instruyéndose a un ritmo más lento y más seguro. Un razonamiento loable.
Sin embargo, lo cierto es que la opinión generalizada de los expertos es que el delito contra la Hacienda pública debe ser revisado para no perder eficacia en la lucha contra el fraude. Y proponen algunas vías. Primero, mediante una mayor coordinación entre las Administraciones (Hacienda y Ministerio Fiscal). Segundo, delimitando claramente las diferentes tipologías de fraude que se encuadran bajo esta figura y que la ley, hoy por hoy, no hace. O al menos con la precisión y el alcance deseados.
Sólo adoptando medidas de esta índole se evitarán situaciones como la actual, en la que prácticamente ningún sujeto acaba en prisión por esta figura y muchos otros terminan pagando al fisco menos que si el fraude hubiera ido por la vía ordinaria administrativa. Las recomendaciones del Observatorio del Delito Fiscal, organismo de reciente creación, pueden ser muy esclarecedoras y el endurecimiento de penas previsto en la reforma del Código Penal, en trámite parlamentario, también. De esta forma, esta figura cumplirá una función de concienciación para el conjunto de la sociedad frente a quienes defraudan masivamente en cantidades superiores a los 120.000 euros y que se ocultan detrás de grandes tramas de corrupción a escala internacional.
