COLUMNA

Retos de la economía española

Más allá de los temores a que la desaceleración que se avecina pudiera ser más brusca de lo deseable, la economía española tiene planteados importantes retos a largo plazo. Repasemos los más importantes.

El atraso en productividad sigue siendo un lastre importante y lo será aún más en el futuro si no se corrige. Condiciona decisivamente nuestra convergencia con Europa y limita el crecimiento del salario real (uno de los temas a debate en las últimas semanas). El actual Gobierno ha identificado bien el problema, ha hecho algunas cosas y puede hacer muchas más. La causa del atraso no es el bajo gasto en I+D. Este hecho es la consecuencia de los mismos factores que determinan la baja productividad. Hay factores institucionales y educativos y deficiencias en las infraestructuras y en la cultura empresarial que determinan que el ritmo de adopción de nuevas técnicas sea bajo (el elemento más importante para el atraso en productividad) y que las empresas tengan pocos incentivos a la innovación.

Pero el Gobierno puede hacer muchas cosas. La reforma de la regulación administrativa, sobre la que ya se ha incidido, tiene que ser profundizada, con una evaluación continuada de sus consecuencias. En general, la agilización de la Administración es una tarea pendiente de difícil realización (demasiados intereses en juego), pero crucial para la eficiencia económica.

Como también lo es la reforma de la justicia, sobre la que hay pocos pronunciamientos desde los poderes públicos. El Gobierno tiene, además, que ser más decidido, y quizás más selectivo, en el desarrollo de las infraestructuras que generan economías sobre el sector privado. No menos fácil, y con efectos a más largo plazo, es la flexibilización de los centros de enseñanza superior, para una mejora de su calidad y para una mayor movilización de su capital humano. Y un elemento muy importante para tener un sistema económico más dinámico es la minimización de las irregularidades y favoritismos en la gestión pública, que generan incentivos contrarios al desarrollo empresarial.

Pero la tarea es ingente y si la sociedad no es capaz de generar un consenso sobre la necesidad de todas estas reformas es difícil que puedan llevarse a cabo. En Irlanda, a finales de los ochenta se logró: la mejora de la competencia se convirtió en el objetivo prioritario compartido por todos y el consenso, Social Partnership, fue la forma adoptada para abordar la solución de los problemas. Curiosamente allí el proceso lo lideró el Consejo Económico Social. Si comparamos el informe Strategy for Development del NESC irlandés de 1986 con los documentos del CES español (o con el artículo de su presidente en El País del pasado 24 de julio) vemos que con Irlanda no sólo nos diferencia el menor nivel de la productividad por hora trabajada.

Otro reto importante, aunque ahora oculto por el superávit de la Seguridad Social, es la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Precisamente ahora sería un buen momento de seguir profundizando en el debate sobre la cuestión e ir alcanzando acuerdos que garanticen la sostenibilidad del sistema cuando se acelere el deterioro de la ratio ocupados/pensionistas.

Un tercer reto lo constituye la política inmigratoria, tanto en las medidas de admisión como en los programas de inserción de los inmigrantes. Sobre las consecuencias positivas de la inmigración para la economía española (y europeas) durante la última década hay pocas dudas. Menos aún sobre sus consecuencias positivas en las economías de origen de los inmigrantes. El reto tiene dimensión europea. En este sentido, hay que lamentar el uso electoral que algunos partidos europeos hacen de la cuestión inmigratoria, intoxicando a los ciudadanos y fomentando su miedo.

Un cuarto reto es el relacionado con el cambio climático. La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero es un reto mundial respecto al que está aumentando la conciencia de forma acelerada en muchos países (incluso en algunos que no han suscrito el Protocolo de Kioto). En España las cosas, de nuevo, van más despacio. En parte, supongo, por el peso que tienen las grandes empresas energéticas.

En un futuro, en todo el mundo se interiorizará el coste de emisión mediante un mercado de derechos. Mientras que se consolide este desarrollo institucional (el fracaso, por su mal diseño, del mercado europeo de CO2 dará paso a diseños más eficientes y más ambiciosos), los Gobiernos están acudiendo a medidas tanto de obligatoriedad de uso de energías limpias como a otras de tipo fiscal y tarifario para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La percepción, por ahora, es que en nuestro país los planteamientos son más tímidos, aunque las últimas declaraciones de altos responsables del Gobierno indican que las cosas pueden cambiar pronto.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense