Cuando se apaga la luz
El apagón sufrido en Barcelona ha dejado al descubierto los problemas pendientes de la liberalización del sector eléctrico español, según el autor. En su opinión, en lo referente al marco retributivo de la actividad de distribución, no es exagerado hablar de que la regulación no ha funcionado.
La calidad del suministro eléctrico no suele ser objeto de debate en la sociedad, salvo en aquellos momentos en que apagones como el que acaba de producirse en Barcelona nos recuerdan que casi toda nuestra actividad cotidiana puede depender de un fallo en la red eléctrica. Por eso, puede ser un buen momento para llamar la atención sobre alguno de los problemas pendientes de la liberalización del sector eléctrico español.
Conviene empezar recordando que las reformas iniciadas con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 separaron las actividades desarrolladas por las compañías eléctricas en cuatro grandes áreas: generación, transporte, distribución y suministro. Se estableció, para cada una de ellas, un marco normativo propio, que incluía un régimen retributivo específico: en la generación y el suministro, los ingresos debían provenir del mercado (aunque, en ambos casos, se trata de mercados fuertemente regulados); en el transporte y la distribución, al darse condiciones de monopolio natural, se aceptó la necesidad de fijar sus ingresos a través de un régimen retributivo que proporcionase suficientes recursos a las compañías y, al mismo tiempo, las incentivase a invertir para mejorar la calidad del servicio. Al menos, ésa era la intención. La realidad nos ha llevado por otro camino
En la actualidad, y al menos en lo referente al marco retributivo de la actividad de distribución, no es exagerado hablar de que la regulación no ha funcionado. Cuando se inició el actual proceso de liberalización, en 1998, el régimen retributivo de esta actividad no estaba definido, y no se concretó hasta mediados de 1999, cuando se definió un modelo basado en una red de distribución ideal que era, en teoría, el objetivo a alcanzar.
Para adaptar los ingresos de cada empresa a los que resultarían de la aplicación de ese modelo, se estableció un periodo transitorio de 16 años, con el fin de amortiguar los cambios que se debían producir en la participación de cada compañía en la retribución total de la actividad. Sin embargo, este mecanismo de transición no se aplicó más que a los ingresos correspondientes a 1998 y 1999. En 2000 y 2001 ya se alteró el sistema de reparto, y en 2002 se abandonó el periodo transitorio, fijando las retribuciones de las empresas al margen del régimen retributivo aprobado en 1999. Sobre las razones de estos cambios, nada más se supo. Y, desde luego, tampoco se habló de cuál era su finalidad. Así que, desde entonces, el régimen retributivo de la actividad de distribución se encuentra en una situación de manifiesta provisionalidad.
Es justo reconocer que, a pesar de ello, las empresas encargadas de la red de distribución no han dejado de invertir y que los niveles de calidad del servicio han mejorado: como se puede ver en el gráfico, los recursos destinados a la actividad han crecido muy por encima de lo que lo ha hecho la retribución asignada a ella, pues los ingresos no son el único factor que determina sus inversiones. No obstante, ha llegado el momento de reconocer que la situación actual no se puede prolongar por más tiempo: las inversiones que requiere la red de distribución deben basarse en los incentivos generados por el régimen retributivo de la actividad, y no en factores ajenos a él, de naturaleza muy dispar.
En agosto de 2005, la Administración comenzó a solicitar información a las compañías distribuidoras para elaborar un inventario actualizado de las instalaciones de distribución, punto de partida obligado para la definición de un nuevo marco retributivo. Aun así, hubo de transcurrir más de un año para que se empezaran a dar los primeros pasos, con la aprobación de un notable aumento de los ingresos correspondientes a la actividad (más de un 18% en un solo año). Sin embargo, falta ver todavía cuál es el modelo retributivo concreto que se va a aplicar a partir de ahora. La propuesta remitida por el ministerio a la CNE está llena de buenas intenciones: habla de incentivos para la mejora de la calidad del servicio y la disminución de las pérdidas, reconocimiento de las inversiones, fomento de la eficiencia
La aprobación de la nueva normativa es tan urgente como garantizar que va a ser estable, pues en una economía de mercado, las empresas dirigen sus recursos a aquellas actividades que les aseguran mayor rentabilidad: si perciben incertidumbres o rentabilidades más elevadas en otros negocios, no invierten. Por ello, en una sociedad avanzada, los ciudadanos deben ser conscientes de que un servicio eléctrico de calidad cuesta dinero. Las quejas por las mayores tarifas de hoy pueden conducir a los apagones de mañana (y ello, a pesar de que estemos trasladando una parte de los costes de nuestro consumo eléctrico a las generaciones futuras ).
Julián López Milla. Profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante