COLUMNA

Elecciones y censura social

En las recientes elecciones municipales no se ha producido un castigo a las conductas irregulares en la gestión local. Por un lado, han sido reelegidos con el voto popular muchos de los cargos públicos que están imputados en diferentes causas por irregularidades en el ejercicio de su cargo. Y ha sido así en aquellos casos en los que su partido les retiró su confianza, como el ex alcalde de Ciempozuelos (Madrid), y también en aquellos en los que su partido les mantuvo en su puesto, como el presidente de la Diputación de Castellón. Por otro, muchas de las agrupaciones locales que tenían en sus filas personas imputadas no han disminuido un ápice su peso electoral.

Parece como si el pueblo soberano no haya querido ejercer la censura a los irregulares. Lo cual resulta desolador. No sólo desde el punto de vista ético sino también desde el punto de vista económico.

La aceptación de las conductas irregulares pone de manifiesto una escasa censura al incumplimiento de las normas y esta censura es un elemento fundamental de la seguridad jurídica en la que debe desenvolverse una actividad económica más dinámica e innovadora. Pero además, vivir con normalidad las irregularidades urbanísticas parece confirmar la idea de que el hombre de negocios cercano al poder local, al que hace partícipe de sus éxitos, es un modelo social más atractivo que el empresario emprendedor.

Podría pensarse que estamos en un país en el que el innovador es visto con reticencia y el conseguidor, que se aprovecha de las debilidades e irregularidades de los cargos públicos, es visto con admiración. Si eso fuera así, este hecho explicaría un porcentaje muy alto del atraso en productividad e innovación que sufre España. Y esto no se arregla aumentando el gasto público en I+D (aunque está muy bien que aumente).

En la Encuesta Europea de Valores (la de 1999, pero estas cuestiones cambian despacio) España no se encuentra demasiado mal situada en lo que se refiere a justificación de conductas irregulares. Está muy lejos de Dinamarca, que es el país donde la justificación es menor, pero también bastante lejos de Francia, que es el país de Europa Occidental donde hay más tolerancia con las irregularidades. El 12% de los españoles creen que está justificado reclamar indebidamente ayudas gubernamentales y el 7% evitar el pago en el transporte público. El 9% piensa que está justificado engañar en los impuestos y el 3% que lo está aceptar sobornos.

Hay algunas peculiaridades en las respuestas de los españoles a este tipo de preguntas. La más llamativa es que los que sólo tienen estudios primarios revelan ser significativamente menos tolerantes con las conductas irregulares que los que tienen estudios universitarios (un buen contraejemplo al tópico de que una mayor educación conduce a una conducta más respetuosa con las normas): el 8% de los primeros justifican la reclamación indebida de ayudas del Gobierno, mientras que entre los universitarios la frecuencia es del 16%; el 5% de los españoles que sólo tienen estudios primarios justifican que se engañe en los impuestos, mientras que lo hace el 10,5% de los que tienen estudios universitarios; sólo el 0,6% de los primeros justifican que se acepte un soborno, mientras que entre los segundos lo justifica un 4,6%. Esto no sucede en los otros países europeos.

Los resultados de las recientes elecciones municipales parecen poner de manifiesto que la censura a las conductas irregulares es menor de la que se infiere de las respuestas de los españoles a la Encuesta Europea de Valores. Con los datos de dicha encuesta, que acabamos de comentar, no cabría esperar que los irregulares recibieran en España tan poco castigo electoral. El motivo podría ser doble: por un lado, que en las respuestas a las preguntas de la encuesta la mayoría de los encuestados fueran políticamente correctos y revelaran una opinión distinta de la que realmente tienen cuando les toca ejercer la aprobación o censura mediante su voto. Por otro lado, que la increíble polarización de las opiniones políticas, lo que podríamos llamar comportamiento de forofo futbolístico, les lleve a votar a la marca política haciendo caso omiso del comportamiento de las personas que representan esa marca en su circunscripción electoral. Descorazonador en cualquier caso.

El comportamiento irregular de los cargos públicos es bastante transversal y no se debe hacer de la denuncia de esas irregularidades bandera partidista. Hacerlo nos aleja de la reducción del problema. Debería haber un compromiso de todos los partidos y fuerzas sociales para erradicarlo. Pero estamos en una situación política en que ni siquiera la amenaza de unos matones profesionales conduce a ese compromiso. Y eso que esa amenaza pone en situación de riesgo y zozobra personal a miles de personas. La reducción de las irregularidades en los gobiernos locales sólo afectaría a la eficiencia económica, a la calidad del entorno y a la equidad redistributiva.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense