COLUMNA

Es la hora de la gestión territorial

El equilibrio del sector público ha sido uno de los pilares del crecimiento de los últimos años. Sin embargo, las Administraciones autonómicas y locales están en déficit y en las ofertas y promesas electorales, recalca el autor, está ausente la sensibilidad para contribuir al superávit en las cuentas públicas

Las elecciones se presentan con un crecimiento del PIB del 4% en el primer trimestre, unos precios creciendo por encima de la media europea y con un déficit exterior que, de no ser por la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria, ya habría llevado a devaluar la moneda. La conflictividad laboral se limita a casos puntuales, la inmigración sigue entrando y, bien que mal, se coloca como puede. La primavera con elecciones parece propicia a las promesas y, sin embargo, hay más carteles y eslóganes que programas y más sonrisas que balances.

El momento económico aún es bueno para plantear mejoras que suavicen y permitan capear las dificultades que pueden sobrevenir si el crédito se encarece y la actividad decae aumentando el desempleo. El atemperamiento en los precios de la vivienda y los avisos que dan los primeros atrasos en pagos de hipotecas aconsejan preparar medidas paliativas y encarar la nueva singladura política con un enfoque de gestión.

Los Gobiernos autonómicos han legislado con más amplitud que necesidad. El ejercicio de la potestad de regular ha servido como factor de afirmación, de toma de posesión del espacio legal, y ha evidenciado la voluntad de configurar una realidad que, pese a ese deseo y la legitimidad del poder, sigue reacia a dejarse amoldar a lo que no salga de ella misma. Más leyes no dan mayor justicia ni mejor derecho, más bien al contrario. En sus anales decía Tácito que 'corruptissima republica plurimae leges', más o menos que los Estados más corruptos son los que tienen más leyes, y Horacio, en sus odas, 'quid leges sine moribus vanae proficiunt?', esto es, de qué sirven las leyes, sin las costumbres no valen para nada. Regular las mismas cosas en diferentes instancias puede mejorar algún matiz, pero también tiene un coste elevado que perjudica la capacidad de competir en un mundo abierto.

La UE llama a simplificar las normas y algunos países han conseguido algo, pero el nuevo flujo (una media de casi 2.000 normas de primer rango por año) debe acotarse si se quiere una simplificación real. Se ha propuesto una agencia que vele por la calidad de las normas y su sencillez, pero a los políticos no les gusta que les supervisen, ni los impedimentos ni las limitaciones.

Crear una agencia es otro cuerpo público que tenderá a enquistarse. Es preferible que los tribunales autonómicos de defensa de la competencia hagan los dictámenes pertinentes (o los encarguen para después adaptarlos y hacerlos suyos) pues pueden tener más conocimiento, mejor red de información y más capacidad de anticipación de distorsiones y problemas que sus propios Parlamentos y, además, ampliar una agencia cuesta menos que crear una nueva.

El conocimiento de las carencias y la propuesta de soluciones es propio de una contienda electoral cercana a los ciudadanos. Las grandes palabras y los textos sagrados son para caudillos. En cambio, las sugerencias de mejoras en procesos y resultados corresponden a gestores y éstos son apropiados para un país antiguo como España. Se puede renovar el permiso de conducir por correo (siempre que uno supere las pruebas pertinentes) y si uno va a sacarse el pasaporte puede volver con él.

Sin embargo, en muchos trámites se pierden semanas y meses de forma innecesaria y a primera vista incomprensible. Las oficinas únicas siguen siendo un homenaje a la dispersión creada muchas veces por una deficiencia que se atacó con una complicación y ésta dio lugar a otras.

Parece una contradicción que cuando hay un mal servicio se pretenda arreglar simplemente con más dinero, que si bien es necesario, por sí solo no es una solución. Si lo que importa son los resultados, es el proceso de transformación lo que cuenta. Si eso no se transforma debidamente los recursos se utilizarán mal y los problemas serán de más difícil solución. Los gastos sociales son los más aireados, pero la responsabilidad insta a un pequeño pago moderador que liberará cantidades ingentes de recursos. Por lo mismo las prácticas oportunistas de quienes abusan de la solidaridad ajena deben atacarse directamente. Quien promete más gasto sin añadir más eficiencia perjudica a quien paga y a los necesitados en beneficio de la inercia y los aprovechados.

Uno de los pilares del crecimiento de los últimos años ha sido el equilibrio del sector público y la reducción de su peso relativo respecto al PIB. Las Administraciones autonómicas y locales gestionan recursos cuantiosos pero no parecen hacerse cargo de su responsabilidad, compartida, pero real, respecto a la cuantía absoluta de sus gastos. Mientras el sector público estatal tiene superávit las Administraciones territoriales están en déficit y en las ofertas y promesas del momento está ausente la sensibilidad a la posible contribución a equilibrar las cuentas públicas.

Joaquín Trigo Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional