TRIBUNA

Renovables por convicción

Tenemos una tarea formidable: aunque ya no podamos cubrir el 12% de nuestra energía primaria en 2010 con energías renovables, tal y como ordena la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico -en parte porque, por falta de convicción, no se las ha tomado en serio-, debemos ahorrar un 20% de la energía que consumimos hoy y conseguir que un 20% del total sea renovable en 2020, tal y como ha aprobado la Unión Europea (UE), dentro de la estrategia comunitaria contra el calentamiento global.

El escenario ha cambiado mucho desde que se aprobó la Ley 54/1997: hoy el cambio climático es innegable y comienza a tener traducción económica: el Informe Stern aboga por invertir el 1% del PIB mundial anual para evitar un impacto hasta del 20%, y el Panel del Cambio Climático de la ONU, más moderadamente, pide invertir el 0,12% para no abandonar el umbral de lo soportable y adentrarnos en lo catastrófico.

Y también está la dependencia energética y el precio del crudo: el barril ya no va a bajar de 60 dólares y los 100 dólares no parecen una barbaridad. Cuando la UE quiere que las renovables cubran una quinta parte del abastecimiento energético también lo hace por seguridad y por economía. Las renovables -aparentemente onerosas porque las demás fuentes externalizan muchos costes- van a brillar cada vez más, tanto por la ventaja estratégica de ser autóctonas, como por la reducción de costes debido a la I+D y, sobre todo, por el progresivo encarecimiento de las convencionales.

La rentabilidad de los proyectos sólo se consigue a largo plazo y dependerá de los incentivos establecidos

La UE tiene que invertir 2 billones de euros en infraestructuras energéticas durante los próximos 20 años y una parte importantísima de esa mastodóntica cantidad se destinará a las renovables; la eólica ya supone un tercio de la nueva potencia instalada en el continente y otras tecnologías, como los biocarburantes, las biomasas o las solares, van a crecer exponencialmente.

Según la Comisión Europea, con el barril al precio del pasado verano, cubrir el 20% en 2020 -contando el ahorro de importaciones energéticas y las emisiones de CO2, y no las demás externalidades- únicamente costará 20 euros por europeo al año. Realmente muy barato, ya que ese 20% transforma profundamente el sistema energético y nos conduce hacia un modelo económico, según la definición del Consejo Europeo, 'de alta eficiencia energética y bajas emisiones de gases de efecto invernadero'. Las estimaciones iniciales apuntan a que, en España, un 40% de la potencia instalada corresponderá a las renovables fluyentes.

España y Alemania son las dos potencias renovables de Europa; son las mejor preparadas, las más capaces de afrontar el desafío y las que, según la lógica y la solidaridad comunitaria, deben de aportar más al objetivo común del 20%. Alemania ya ha anunciado un plan para aumentar las renovables hasta el 27% en 2020, y el presidente Rodríguez Zapatero ha anunciado que 'España asumirá el máximo compromiso posible por cumplir sus obligaciones y por convicción', marcando claramente la letra de una nueva canción que todavía debe recibir melodía.

El sector renovable español contempla la situación con ilusión porque la cree irreversible, aunque tenga alguna gripe pasajera. Por fin, tras años de ser meros floreros, las renovables son un asunto de Estado. Además, los inversores también han captado el mensaje y confían en el sector, porque la rentabilidad de los proyectos sólo se consigue a largo plazo: 15 años de media en la UE.

Y la rentabilidad de las renovables -por las externalidades de las convencionales-, nos guste o no, depende de los incentivos establecidos para ellas. Por eso, para que las inversiones, muy cuantiosas y con elevados costes de capital, se ejecuten, 'la regulación ha de ofrecer garantías suficientes para conseguir que los incentivos económicos sean estables y predecibles durante toda la vida útil de la instalación', según la CNE.

El Gobierno va a promulgar el real decreto que debería ser la piedra angular del desarrollo renovable español hasta 2020 (el propio texto anuncia un nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020) y, según el borrador remitido al Consejo de Estado, contiene importantes mejoras retributivas para las tecnologías menos desarrolladas, pero también un elevado grado de discrecionalidad con carácter retroactivo.

Dependerá, pues, de la firmeza del regulador en sus convicciones el conseguir que las renovables -hoy cubren un 6,8% de la energía primaria del país, inferior al 7% de 2003- alcancen el 20% en 2020. Sólo esa firmeza permitirá mantener el ritmo inversor que precisan las energías limpias, autóctonas, seguras e inagotables. Las empresas estamos absolutamente comprometidas y ponemos mucho de nuestra parte en gestión técnica, estabilidad retributiva e inversión en I+D, entre otros aspectos.

El Gobierno sabe que la sociedad quiere luchar contra el cambio climático y que para ello debe adoptar medidas más contundentes. En esa andadura también sabe que puede contar con nosotros, porque la convicción de APPA y de sus casi 400 empresas es trabajar en pos de la coherencia entre los objetivos de renovables y las normas que regulan su consecución. Todos debemos colaborar para que España no pierda el liderazgo renovable alcanzado tras más de 25 años de recorrido.

José M.ª González Vélez. Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)