El coste de RTVE para los ciudadanos: 20.000 millones
El 5 de agosto de 2006 publiqué en estas páginas el artículo Saneamiento de RTVE, en el que hacía referencia a la comunicación que la Comisión Europea efectuó en 2003 al Gobierno español que, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, RTVE se consideraría como un organismo administrativo del Estado a efectos de la computación de su déficit y deuda, ya que el aval del Estado sin límite a sus préstamos se consideraba como ayuda pública, que interfiere la competencia, y es desproporcionada a la noción de servicio público de RTVE. En dicho artículo hice una estimación del coste que para la sociedad española había supuesto mantener la televisión pública por subvenciones, deuda acumulada y expediente de regulación de empleo en curso de 18.700 millones de euros.
Actualizada la deuda acumulada y el importe del expediente de regulación, y manteniendo el importe de las subvenciones en igual cuantía, el coste total para la sociedad española asciende a casi 20.000 millones de euros (3,4 billones de las antiguas pesetas). Los Gobiernos han adoptado la estrategia de mantener bajo su control tanto la televisión de servicio público como la televisión comercial de RTVE.
El vicepresidente económico puso como condicionante para asumir la deuda de RTVE el equilibrio de sus cuentas. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) elaboró un expediente de regulación de empleo (ERE) que, previa negociación con los sindicatos, fue remitido a la Comisión Europea; el coste de dicho expediente es de 1.300 millones, el más caro de la historia española de reestructuraciones empresariales.
La Comisión Europea ha dado su conformidad al citado ERE, a pesar de considerar que existe ayuda pública, ya que será la Administración la que corra con el coste. La razón de la aprobación por la Comisión, a pesar de existir ayuda pública, es que promueve la eficiencia de un medio de comunicación público, que dará lugar a una reducción global de los recursos financieros públicos a través de unas medidas proporcionales para conseguir que RTVE cumpla su misión de servicio público sin poner en riesgo su estabilidad financiera. A esta misión de servicio público voy a referirme.
La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 2002 definió el servicio público de televisión diciendo que 'comprende la producción y emisión de un conjunto equilibrado de programaciones y canales generalistas y temáticos de radio y televisión, que integren programas diversificados, de todo tipo de géneros, con el fin de atender las necesidades democráticas sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos, garantizando el acceso de la ciudadanía a información, cultura, educación y entretenimiento de calidad'.
Como ya he expuesto, la definición es vaga e imprecisa, lo contrario de lo dispuesto en la Comunicación 2001 /C320/04 de la Comisión. Quizás tal imprecisión pretenda que pueda entenderse como servicio público toda la programación de RTVE. La citada comunicación establece que la definición de servicio público debe ser tan exacta como sea posible, ya que a falta de una definición clara y precisa de las obligaciones impuestas al organismo público de radiodifusión, la Comisión no estaría en condiciones de llevar a cabo las tareas para determinar la compatibilidad de las ayudas estatales, y no podría por tanto aceptarlas. La primera obligación del Gobierno para clarificar las cuentas de RTVE es hacer una nueva delimitación clara y precisa de la noción de servicio público, dentro del marco conceptual de la citada comunicación.
Debe tenerse en cuenta que todo recurso público transferido a una empresa pública (aunque sea de radiodifusión), incluso cuando cubran costes netos derivados de las obligaciones de servicio público, se considera ayuda estatal.
El sistema de financiación de la televisión pública es competencia de cada Estado miembro, si bien se establece el condicionante de que no afecte a la competencia en los mercados pertinentes (publicidad y adquisición o venta de programas) en una medida contraria al interés comunitario, a cuyo efecto la Comisión efectuará las oportunas comprobaciones para ver si la medida no es desproporcionada. Igualmente, si hay financiación pública, su razón de ser se encuentra en las obligaciones de servicio público que se imponen a los servicios de radiodifusión públicos, que pueden justificar una compensación en la medida en que generen costes suplementarios en los que el organismo de radiodifusión no habría incurrido en condiciones normales (número 44 de la comunicación). Si no se redefine la función de servicio público de la televisión en la forma dispuesta en la comunicación de la Comisión, tendremos multitud de problemas por falta de transparencia en el gasto y en la financiación.
Una vez aprobado el ERE, la gestión de las dos cadenas se efectuaría implantando los principios del sistema de gestión eficiente del sector privado. Los problemas a resolver serían:
l Separación absoluta de los programas de servicio público, a financiar por el Presupuesto, de los programas comerciales, que se financiarían a través de la publicidad, lo que requeriría la implantación de una contabilidad de costes para imputar los gastos a cada tipo de programas.
l Ligar los costes directos e indirectos de cada programa con los ingresos que los mismos generan por publicidad. Las modernas teorías de gestión de las empresas lo consideran fundamental para conocer los rendimientos por líneas de producto.
l Separar los costes de producción de los de emisión, que permitiría evaluar la eficiencia en la gestión de los recursos propios (personal, equipo capital, materias primas, etcétera). Como la producción puede realizarse interna o externamente y existe un precio de mercado, se utilizaría éste como precio de referencia para decidir si la producción debe hacerse externamente o con medios propios.
l Implantar competencia interna para conocer la eficiencia de los programas realizados dentro de la propia RTVE, a cuyo efecto se constituirían equipos de producción de programas que ofertarían presupuestos de realización, adjudicándose la producción del programa al equipo más eficiente.
Otras muchas medidas para mejorar la gestión tendrían que implantarse; es sin duda la parte más difícil de la dirección de una empresa de televisión, pero al mismo tiempo la más gratificante desde el punto de vista profesional, ilusionando al personal integrándolo en equipo.
Parece inconcebible que los políticos hayan asignado recursos por más de tres billones de las antiguas pesetas para controlar la RTVE, que podían haberse dedicado a eliminar las bolsas de pobreza que tiene nuestro país. Y no digamos del comportamiento de los políticos autonómicos con sus cadenas.
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid