Inmigración y mercado de trabajo
España ha pasado en poco tiempo de ser un país eminentemente emigratorio a convertirse en un importante receptor de inmigración. El autor analiza las características de esta población extranjera y cómo repercute en el mercado laboral frente a la población autóctona
En España se ha producido en las últimas décadas un cambio en el proceso migratorio desconocido en otros países, por su rapidez e intensidad, al pasar en poco tiempo de ser un país eminentemente emigratorio a otro en el que prevalece la inmigración.
Mientras que a principios de la década de los noventa el flujo inmigratorio anual apenas superaba las 10.000 personas y el número de extranjeros residentes en España, unos 350.000, se situaba en torno al 1% del total de la población, en la actualidad la entrada de inmigrantes ha llegado a superar la cifra de 600.000 personas al año y la población extranjera residente (con datos del padrón continuo de población del 1 de enero de 2006) excede de los 4.100.000, lo que supone el 9,3% del total de la población.
La población extranjera residente en España se caracteriza por el predominio de los grupos de edad entre 25 y 44 años, que representan, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), casi el 60% del total, cuando en la población nativa esos grupos de edad no alcanzan la tercera parte, y porque la motivación principal de esa población extranjera, salvo en el caso de parte de la población comunitaria de mayor edad, es económica, es decir, laboral.
Como consecuencia de esos dos factores, la edad relativamente joven y la motivación laboral del flujo inmigratorio, la tasa de actividad de los extranjeros, el 77,1% en media anual en 2006 (tasa que se acerca al 85% en los inmigrantes procedentes de América Latina y de la Europa no comunitaria), es muy superior a la de las nacionales (56,3%), a diferencia de otros países desarrollados tradicionalmente inmigrantes, en los que la tasa de actividad de los nacionales supera a la de los extranjeros.
El fuerte incremento de la inmigración, especialmente intenso a partir de 2001, ha permitido que la población ocupada aumente en esos años por encima del 4% anual, lo que no habría sido posible exclusivamente con la población activa nacional, que creció menos de la mitad (el 1,7%), mientras que la población activa extranjera se elevó casi el 30%.
El escaso avance de la población activa autóctona, a pesar de la positiva evolución de la tasa de actividad femenina, tiene sus raíces en la insuficiencia demográfica de la población nativa, debido tanto a la descendente tasa de natalidad como a la creciente tasa de mortalidad, por el envejecimiento de la población.
Esa insuficiencia demográfica, coincidente con un crecimiento del PIB real o en volumen muy notable, el 3,9% anual desde 1997, casi dos puntos porcentuales por encima del de la media de la zona del euro, favorece una elevada creación de empleo, que sólo puede ser cubierta, como se ha señalado, por el empleo de extranjeros.
Además, muchos de los nuevos empleos creados son de carácter secundario, algunos de ellos de carácter irregular, con sueldos relativamente bajos, precarios, con requerimientos formativos muy escasos, reducidas posibilidades de promoción económica y social, que son rechazados por los trabajadores nacionales, debido a su creciente grado de cualificación y formación y al aumento de su nivel de aceptabilidad de los puestos de trabajo, lo que hace que una parte de esos empleos sean ocupados por extranjeros.
Este empleo de los extranjeros complementario del de los nativos explicaría las diferencias existentes en la estructura sectorial del empleo de los dos colectivos que, en el caso de los inmigrantes extracomunitarios, se concentra en mayor medida en la construcción, el servicio doméstico, la limpieza y la hostelería. A su vez, esa mayor concentración del empleo extranjero en determinadas ramas de actividad explicaría que la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contrato temporal) de los trabajadores extranjeros sea el doble (por encima del 60%) que la de los nacionales (alrededor del 30%) y que los salarios de los trabajadores extracomunitarios sean inferiores en un 30% al de los autóctonos.
En cambio, no parece que la sustitución de trabajadores nacionales por extranjeros sea una fuente muy relevante del empleo de estos últimos, debido a que las diferencias salariales en los empleos regulares entre las dos clases de trabajadores se debe fundamentalmente al tipo de empleo que ocupan los trabajadores extranjeros (menos remunerados y más precarios que los de los nacionales) y a las características personales de los mismos (jóvenes y escasa antigüedad en muchos casos) y no a la discriminación debida a su nacionalidad. Por otra parte, la sustitución de trabajadores nacionales por extranjeros parece contradictoria con que la tasa de paro de los primeros continúa descendiendo, hasta situarse en el cuarto trimestre de 2006 en el 7,7%, el 8% en media de 2006.
Por el contrario, la tasa de paro de los extranjeros, el 11,8% en el conjunto de 2006, es más elevada que la de los nativos. Esta tasa de paro de los extranjeros, que ha tendido a disminuir a medida que se ha producido el proceso de expansión de la inmigración (se situaba en el 21% en 1997), ha sufrido un ligero repunte de tres décimas en el último año, aunque la tasa de paro de 2006 todavía se mantiene muy por debajo de la de 2003 y 2004, 15,5% y 13,5%, respectivamente.
José Ignacio Pérez Infante. Profesor asociado de Mercado de Trabajo en España de la Universidad Carlos III