TRIBUNA

Un impulso energético

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que hoy se inicia en Bruselas centrará sus debates en la necesidad de adoptar una política energética común. El autor analiza las posibilidades de alcanzar un acuerdo en la materia, un camino que prevé largo, pero que considera más necesario que nunca

La cumbre de primavera de jefes de Estado y de Gobierno se reúne en estos momentos para decidir sobre la adopción de una política energética común. Por primera vez la UE ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas que abarca conjuntamente la liberalización del sector energético, la política medioambiental y la política exterior de la UE en materia de energía. La propuesta se estructura en torno a tres ejes: la creación de un mercado único de la energía, una política exterior común y una política medioambiental europea. Mediante la integración de estos tres ejes se pretende aumentar la competitividad de la economía europea, garantizar el suministro de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero, ¿es realista llevar a la práctica tan ambicioso proyecto?, ¿es factible que los jefes de Gobierno europeos se pongan de acuerdo?, ¿es posible alcanzar los tres objetivos -competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad medioambiental- simultáneamente? Varios obstáculos separan a Europa de una respuesta afirmativa a estas cuestiones.

En primer lugar, la estructura del sector energético en los distintos países de la UE es muy diversa. Mientras que en Francia más del 70% de la electricidad proviene de centrales nucleares, en Polonia el 90% de la electricidad se produce a partir de carbón. Mientras que España importa más del 80% de la energía que consume, Dinamarca es un exportador neto. Dicha diversidad determina que las opciones existentes para cada uno de los Estados miembros para aumentar su seguridad de suministro o para reducir la emisión de gases invernadero sean distintas y, sobre todo, impliquen costes distintos.

En segundo lugar, existen múltiples conflictos entre los tres objetivos y la severidad de los mismos varía entre Estados miembros. Por ejemplo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene un coste en términos de competitividad (que revertirá en el futuro en una mejora del medio ambiente). Este coste es mayor en aquellos países con menos opciones verdes (energía eólica, solar o recursos hidráulicos) o que hayan optado por el apagón nuclear (como España o Alemania). Del mismo modo, la seguridad de suministro puede tener un coste en términos medioambientales. Por ejemplo, Alemania ha optado por promover el uso de carbón, con el consiguiente perjuicio medioambiental, para reducir su dependencia exterior. La dimensión europea no elimina estos conflictos pero ayuda a relajarlos al aumentar las opciones disponibles para cada país.

Finalmente, mientras no exista un mercado único de la energía, los intereses de los Estados miembros en política exterior dependerán del origen de sus importaciones. El principal suministrador de gas de España es Argelia mientras que Rusia es el principal proveedor de Alemania. Mientras que los mercados español y alemán no estén interconectados, los intereses de España y Alemania en materia de política exterior serán distintos y los incentivos a establecer una política común inexistentes.

Los distintos puntos de partida y las distintas opciones y costes para resolver posibles conflictos determinan que un acuerdo europeo sea difícil. Un posible acuerdo no sólo depende de los objetivos finales sino también de los instrumentos que se utilicen para alcanzar dichos objetivos y de cómo se repartan los costes de los mismos.

Flexibilidad, consistencia y certidumbre son claves para el diseño de una política energética de consenso. La estrategia regulatoria debe ser flexible y adaptada a la situación de cada Estado miembro. En la medida de lo posible, los objetivos deben fijarse a nivel europeo y repartirse entre Estados miembros de forma que el coste total sea mínimo y los beneficios máximos.

Unos objetivos de largo plazo requieren instrumentos de largo plazo sobre todo en un sector donde las inversiones tienen una vigencia de varias décadas. Establecer objetivos para 2020, como la reducción del 20% en los gases de efecto invernadero, sin establecer los instrumentos necesarios (el sistema europeo de comercio de emisiones no va más allá de 2012) crea incertidumbre y pone en peligro las inversiones futuras.

Por ultimo, se debe garantizar una aplicación consistente de estos instrumentos en los distintos Estados miembros para evitar que surjan distorsiones como ocurre actualmente con los planes nacionales de asignación de permisos de emisión.

El camino es largo pero necesario. Los precios crecientes del petróleo y del gas, el proceso de globalización y el cambio climático hacen imprescindible la coordinación de las políticas energéticas europeas. La diversidad de Europa puede convertirse, una vez más, en una ventaja si se aprovechan las complementariedades entre Estados miembros. Cuanto más tarde se alcance un acuerdo, más costoso será ponerlo en marcha.

Juan Delgado. Investigador de Bruegel, 'think tank' europeo independiente