Legislación

Los socios del Gobierno exigen fondos extra para la administración electrónica

CiU, ERC y el Bloque Nacionalista Gallego, entre otros grupos, exigen al Gobierno un fondo extraordinario para financiar la puesta en marcha de la administración electrónica a través de las enmiendas que han presentado en el Congreso al proyecto de ley.

El proyecto prevé una dotación de 13 millones de euros anuales para 2008 y una partida similar para 2009 destinada a los ayuntamientos con el fin de que puedan modernizar por vía telemática los servicios que prestan a los ciudadanos. Algunos grupos políticos ven esta dotación claramente insuficiente, de forma que han presentado en la Cámara Baja un conjunto de enmiendas que se proponen negociar con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

Convergència i Unió, que ha presentado una enmienda de totalidad al proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas, reclama la creación de un fondo estatal de financiación a las comunidades autónomas y hace descansar esta petición 'en la aplicación del principio de lealtad institucional' y en la compensación económica que prevé la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Los nacionalistas catalanes consideran esencial obtener recursos extraordinarios del Estado para financiar la puesta en marcha de la administración electrónica.

Esquerra Republicana de Cataluña, integrada en el Gobierno de la Generalitat, apuesta en sus enmiendas por crear un fondo dotado anualmente con 100 millones de euros para financiar la administración electrónica, con el objetivo de que cubra iniciativas de naturaleza plurianual. ERC precisa que dicho fondo debería cubrirse con partidas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, que tomarían como referencia las memorias económicas a elaborar por las diferentes comunidades autónomas, en las que incorporarían sus necesidades de financiación. Dichas memorias, defiende ERC, serían la base de futuros convenios bilaterales, mientras que el reparto del fondo entre comunidades respondería a criterios basados en la población y el número de servicios que se prestan. ERC, que no hace tanto hincapié como CiU en la supuesta invasión de competencias de la Generalitat que implicaría el proyecto de ley, argumenta que gran parte del mismo tiene carácter básico y es, por tanto, de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas.

Fuentes del departamento de Administraciones Públicas informan que aún no se ha iniciado la negociación con los diferentes grupos parlamentarios, aunque se ve difícil aumentar el fondo previsto en el proyecto de ley. La dotación financiera de 13 millones de euros anuales para los ayuntamientos está pensada sólo para 2008 y 2009, horizonte temporal que prevé la ley para la puesta a punto de la administración electrónica. A partir de entonces, cada administración deberá decidir qué recursos dedica al mantenimiento de los procedimientos telemáticos o que novedades introduce en los mismos.

Otro paquete amplio de enmiendas defendidas por los socios del Gobierno se centra en la necesidad de incorporar al proyecto de ley mayores garantías para la protección de datos. IU llega a pedir que el tratamiento de los archivos electrónicos se haga sólo por funcionarios públicos.

El PSOE acentúa el servicio a las empresas

El papel protagonista de las empresas en el desarrollo y promoción de la sociedad de la información ha llevado al PSOE a considerar prioritaria la simplificación de todos aquellos procedimientos que afectan a su vida diaria: pago de impuestos, emisión de facturas electrónicas, trámites de creación, desarrollo y cese de actividad, ventanilla única y desarrollo de la contratación pública por medios electrónicos, entre otras iniciativas.

El Grupo Socialista aspira a tramitar el proyecto de ley con el apoyo unánime de todos los partidos, a pesar de que CiU no llegó a retirar su enmienda de totalidad (no apoyada por el PP) y de que el principal partido de la oposición ha presentado también una veintena de enmiendas parciales.

Estas últimas tienen en su mayoría carácter técnico, pero no ocurre lo mismo con las de los nacionalistas catalanes. Estos mantienen en sus enmiendas que el proyecto de ley vulnera las competencias exclusivas de auto organización de las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya que les impone un determinado modelo de administración electrónica que no tienen por qué respetar.