Con las autonomías hemos topado
En los últimos meses las comunidades autónomas están permanentemente en el candelero. La causa fundamental, como es sabido, es la carrera por dar una nueva vuelta de tuerca a las competencias estatales y, de paso, engordar sus respectivos presupuestos. Son esos objetivos muy comprensibles desde la óptica de las llamadas élites autonómicas, pues ningún sistema mejor de asegurar su permanencia en el poder -y en el disfrute de las prebendas que ello lleva consigo-, pero parece que a sus ciudadanos ese es un juego que les interesa muy poco a juzgar por la escasa atención que prestan a unos nuevos estatutos que de todo les prometen pero que se ha plasmado tanto en Cataluña como en Andalucía en cifras pírricas de voto.
Dejemos, sin embargo, estos matices, sobre los cuales los políticos y los medios saben bastante, para resumir ahora algunas consideraciones puramente financieras incluidas en un trabajo publicado en el Boletín Económico del Banco de España, correspondiente a diciembre de 2006.
Comienza el trabajo recordando que así como en 1984 el gasto presupuestario de las autonomías equivalía a poco más del 5% del PIB -por el 28,5% del Estado-, el año pasado ese 5% se había convertido en un 14,5%. Tal incremento cuantitativo no se ha visto correspondido con una información clara y rápida de la ejecución presupuestaria. El primer rasgo discutible es que, a diferencia de lo que ocurre con el Estado, no es posible obtener una información homogénea sobre el grado de ejecución del conjunto de las comunidades autónomas en el transcurso del ejercicio fiscal. æscaron;nicamente la evolución de la deuda pública -facilitada trimestralmente por el Banco de España- se conoce con relativa rapidez. El resultado es que las cifras homogéneas de la liquidación presupuestaria de las comunidades se publican con un desfase aproximado de 15 meses frente a los dos meses en el caso del Estado. Alguien podría estar tentado a encogerse de hombros ante esta minucia, salvo si se recuerda que en 2005 las comunidades tenían a su cargo el 38% del gasto primario ejecutado por las Administraciones públicas, el 42% de la inversión pública y más del 55% del consumo realizado.
Si damos un paso más se observa, según el citado trabajo, que en el periodo 1984-2006, los presupuestos aprobados por las comunidades autónomas han mostrado déficit, excepto en 2003. La liquidación, por su parte, arrojó superávit en cuatro de esos 23 años. Con todo, las liquidaciones presupuestarias se han cerrado con mejores resultados de los previstos gracias a que las desviaciones al alza de los ingresos han solido superar a las producidas en los gastos. Ha de subrayarse también que la estructura de los ingresos de las comunidades han estado siempre condicionadas por el sistema de financiación autonómica.
De acuerdo a dicho sistema, la principal fuente de ingresos han sido las transferencias corrientes, si bien ese peso ha ido disminuyendo con el paso de los años, especialmente a partir de 2002, cuando los ingresos tributarios -especialmente los de carácter indirecto- empezaron a cobrar mayor relevancia. Del lado de los gastos se observa que los de personal van perdiendo relevancia a favor de los consumos intermedios y las transferencias corrientes y de capital. En el quinquenio 1992-96 destacan los pagos por intereses y en el capítulo de gastos corrientes se observa, indica el Banco de España, que en la mayoría de los ejercicios el gasto ejecutado superó la previsión, con desviaciones que en algún año superaron el 40%. El trabajo concluye indicando que las liquidaciones del gasto efectivo realizado por las comunidades autónomas desbordan sistemáticamente las cifras inicialmente presupuestadas, sobre todo en los capítulos de personal, compras y transferencias corrientes.
Como se ha indicado, el Banco de España publica en su Boletín Estadístico la evolución del endeudamiento de las comunidades. Esa faceta del comportamiento de las autonomías también fue estudiado en el verano de 2005 en el Boletín Económico. Se destacaba en ese artículo como un rasgo notable el que frente a la progresiva reducción de la deuda pública agregada en tanto por ciento del PIB, la contraída por las comunidades autónomas se había mantenido durante el periodo 2000-2005 por encima del 6%. No obstante, esa tónica general ocultaba comportamientos diferentes. Madrid, Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha la habían incrementado mientras que el País Vasco -que cuenta con un sistema de financiación propia, el Cupo, que supone un privilegio que en parte sufraga el resto de España- Andalucía y Galicia lo habían reducido.
Raimundo Ortega. Economista