La Audiencia Nacional ordena la búsqueda y captura de los militares imputados por la muerte de José Couso
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a ordenar hoy la captura de los militares imputados por la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, el 8 de abril de 2003 en Irak. Pedraz ha reactivado el caso Couso con la petición de busca y captura internacional, a efectos de extradición, de los los tres sodados estadounidenses que dispararon aquel día contra el hotel Palestina de Bagdad, donde se encontraban los periodistas que cubrían la guerra de Irak.
El magistrado ya había dictado estas mismas órdenes el 19 de octubre de 2005, pero su decisión quedó sin efecto después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acordara el pasado 10 de marzo archivar la causa al considerar que se trató de un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado" y que España no era competente para juzgar a los militares norteamericanos.
Sin embargo, Pedraz ha reactivado hoy las órdenes internacionales de detención a través de la Interpol, después de que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Supremo estimara por unanimidad el recurso interpuesto por la familia de Couso contra la decisión de la Audiencia Nacional.
El cámara de televisión murió en un ataque realizado por el Ejército de Estados Unidos el 8 de abril de 2003 contra el Hotel Palestina de Bagdad, en el que también falleció Taras Protsyuk, de la agencia Reuters.
ârdenes internacionales
Finalmente, el pasado 14 de diciembre, el Tribunal Supremo resolvió que la Audiencia Nacional era el tribunal competente para investigar estos hechos, fundamentalmente, porque la nacionalidad de Couso, muerto en Bagdad (Irak) por disparos de un tanque estadounidense, supone un plus de legitimación para que la Justicia española -y concretamente la Audiencia Nacional- investigue el caso. Así dispuso remitir la causa al instructor, que hoy ha reactivado, vía Interpol, las órdenes internacionales de detención de los tres militares: el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.
Tras la decisión del Supremo, el abogado de la viuda solicitó la pasada semana al juez que volviera a ordenar estas detenciones y que decretara la prisión incomunicada y sin fianza de los militares, al entender que fueron ellos los que dieron la orden o dispararon desde el tanque causando la muerte de Couso.
El abogado indicó, tras hacer estas peticiones, que de no prosperar lo solicitado o en el caso de que Estados Unidos no extradite a los tres militares, la familia de Couso y él están dispuestos a recurrir a otras instancias, como a la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 23 de diciembre.