Las reformas estatutarias se toman un respiro
Ayer entró en el Congreso el nuevo Estatuto de Castilla y León, la octava iniciativa para ganar autogobierno.
La acumulación de trabajo en la Comisión Constitucional y la proximidad de las elecciones locales y autonómicas de mayo han aconsejado una pausa en la tramitación de las distintas reformas estatutarias. Ayer entró en el Registro del Congreso de los Diputados la de Castilla y León, la octava comunidad que promueve una iniciativa similar después de la valenciana, la catalana, la andaluza, la balear, la aragonesa y la canaria. En todas ellas, salvo en la catalana, la reforma engloba un amplio consenso por parte del PSOE y el Partido Popular. La vasca fue una excepción ya que el denominado Plan Ibarretxe fue devuelto al Parlamento autonómico.
La reforma que ayer entró en la Cámara Baja procedente del Parlamento castellano-leonés recoge para esta comunidad casi tantas competencias exclusivas como el Estatuto catalán ratificado en referéndum el pasado mes de junio. Entre ellas figura la relativa a las cajas de ahorro e instituciones de crédito cooperativo 'en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado'. Contiene, por tanto, similares garantías de autogobierno que el Estatuto catalán, el valenciano y el andaluz, los tres únicos que ya han sido aprobados de manera definitiva en Las Cortes generales, en el caso de estos dos últimos mediante un pacto total entre los dos grandes partidos nacionales. El Estatuto castellano leonés afronta con un gran pragmatismo el polémico capítulo de la inversión estatal.
Establece que para la fijación de las inversiones del Estado en la citada comunidad se considerará, con carácter prioritario, la superficie del territorio de la comunidad 'y se incorporarán criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más desfavorecidas'. El Estatuto aprobado en Cataluña es el que más limita en este terreno la capacidad del Estado pues fija la aportación de dicha comunidad al PIB estatal como referente prioritario para calcular las inversiones estatales en un horizonte de siete años. Baleares tomó como referencia el déficit histórico en infraestructuras que arrastra esta comunidad para el pacto entre el PP y el PSOE, lo que posibilitará la recepción de inversiones estatales en las islas por 2.500 millones de euros en los próximos siete años, el equivalente a la inversión media per cápita que realizará el Gobierno central en las comunidades de régimen general. Andalucía tomó como principal referente el criterio de población, finalmente aceptado por el PP regional.
Desde el principal partido de la oposición se mantiene el discurso de rechazo a que las reformas estatutarias que llegan al Congreso incorporen compromisos estatales ligados a la financiación y al agua. Sin embargo, este criterio no ha frenado finalmente la inclinación de la mayoría de los gobiernos autonómicos controlados por el PP a pactar con el PSOE estas reformas ante el desgaste electoral que una negativa a bendecirlas hubiera podido generar en los comicios de mayo. Esta misma circunstancia ha condicionado también la actuación del Partido Popular en las comunidades donde ejerce de oposición.
El control sobre el agua es otro de los aspectos polémicos que también va a condicionar la tramitación del Estatuto castellano leonés. En el mismo se fijan las competencias de la comunidad sobre la cuenca del Duero, aunque de forma menos taxativa que las previsiones que incorpora el Estatuto de Aragón, donde se reservan para la comunidad 6.550 hectómetros de agua del Ebro, o el de Castilla-La Mancha, donde se fija en 2015 la caducidad del trasvase Tajo-Segura. El Gobierno confía en modificar estas previsiones en el trámite parlamentario a través de las correspondientes enmiendas al articulado.
El Estatuto canario, pospuesto hasta mayo
El Congreso decidió ayer dejar para principios del próximo mes de febrero el primer debate en sesión plenaria de la reforma del Estatuto de Canarias, con lo que ya puede descartarse su aprobación definitiva antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo.El PSOE aspira a ganar tiempo para sumar al Partido Popular al acuerdo sobre esta reforma que ya ha sido alcanzado con Coalición Canaria. La proximidad electoral ha llevado a esta última formación política a avisar de que solicitará la retirada del proyecto de nuevo Estatuto si, en los próximos tres meses, los dos grandes partidos nacionales llegan a algún tipo de pacto que rebaje de contenido el texto salido del Parlamento canario.Sin embargo, no es fácil que esto último ocurra teniendo en cuenta el clima electoral que se avecina y el equilibrio de fuerzas que reflejan los sondeos de opinión en las islas, donde los socialistas tienen a su alcance desbancar a Coalición Canaria.