Más reformas para prolongar el ciclo
España pasó como sobre ascuas por la crisis económica de los años 2001 a 2003 por disponer de condiciones excepcionales para el desarrollo de la actividad económica (bajos tipos de interés, fuerte crecimiento demográfico y mano de obra barata), y acumula 13 años de crecimiento ininterrumpido, en uno de los ciclos más largos que se recuerdan en las economías occidentales maduras. En este decimotercer ejercicio de avance, el PIB registrará un tirón del 3,7%, a juzgar por la evolución de los nueve primeros meses confirmada ayer por Estadística. Los expertos y el propio Gobierno vaticinan al menos dos o tres años más de crecimiento vigoroso.
Pero las etapas largas de crecimiento acostumbran a acumular vicios que se convierten en inesperadas bombas de relojería con efecto multiplicador cuando cambia el viento del ciclo. La deuda de los agentes económicos, reflejada en un desmesurado déficit por cuenta corriente que se acercará al 10% del PIB este año; la acumulación de diferenciales de inflación que erosionan la capacidad de competir de la oferta en los mercados exteriores e incluso interiores; y el enfermizo sesgo de la actividad hacia la inversión en construcción residencial, que deforma el más ortodoxo de los modelos de crecimiento, son ejemplos del caso español.
El Gobierno, pese a abusar de la complacencia en la interpretación de la realidad por el comportamiento nominal exuberante de la actividad, lo conoce y sabe sus riesgos. Es consciente de la necesidad de aplicar reformas en los mercados de bienes, servicios y factores para remover obstáculos al crecimiento. Tras una reforma de la fiscalidad personal tendente a buscar neutralidad entre las fuentes de renta, y una rebaja del impuesto sobre beneficios que se completará con una adaptación contable de las empresas que evite quebrantos financieros, el Gobierno pretende abordar más cambios en el mercado de trabajo y en la Seguridad Social.
Pese a que ambas cuestiones se han abordado hace poco, se han hecho de forma timorata. Por ello, quienes dirigen la política económica consideran que la bonanza financiera del Estado, la reducción de la deuda pública, el esfuerzo presupuestario en el gasto en I+D y el estímulo a la inversión practicado en la reformas fiscales no puede quedar huérfano de dividendos por no afrontar con la seriedad que merece, y en paralelo, la reforma de las pensiones y del mercado de trabajo.
Los ajustes de la Seguridad Social no pueden remitirse a dentro de 15 años por el simple hecho de que hasta entonces se adivine superávit de sus ingresos y pagos, y por mucho dinero que acumule el Fondo de Reserva. Y la reforma laboral para ajustar a las condiciones de coste exigibles para explotar la competitividad en el mercado globalizado, no puede evitarse por el simple hecho de que la llegada masiva de inmigrantes haya funcionado como un encubridor placebo para los costes empresariales y para la demanda interna.
Los beneficios de las grandes empresas españolas crecen a tasas de más del 30% y generan en nueve meses los números negros que lograron en todo 2005. Pero estos desempeños no son sostenibles sin afinar las variables más determinantes del crecimiento productivo: la formación, la investigación, la estabilidad fiscal y financiera y la paz social.