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Inmobiliaria

Valencia asiste a un polémico plan urbano

Las últimas decisiones del Ayuntamiento valenciano afectan a edificios emblemáticos

La sensación de que los conocidos como pelotazos urbanísticos sólo se producen en el litoral se ha roto en los últimos meses con el salto a las páginas de los periódicos de urbanizaciones ilegales en mitad de La Mancha. Menos habitual es que se produzcan en pleno centro de una gran ciudad, como Valencia, en la que el terreno que queda por urbanizar se sitúa ya en los márgenes del término municipal. Y es en esa zona céntrica de la ciudad donde se ubican los polémicos planes aprobados por el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Popular, y que afectan por una parte al vetusto Mestalla, el campo del Valencia Club de Fútbol, y a la antigua fábrica de Tabacalera, un edificio catalogado. En ambos casos el consistorio presidido por Rita Barberá ha firmado sendas permutas que despiertan serias dudas sobre los beneficios que suponen para las arcas públicas.

El caso de Mestalla es más conocido, aunque fue el viernes cuando el Ayuntamiento aprobó la operación diseñada por el club que preside el constructor Juan Bautista Soler y que es propiedad mayoritaria de su padre, el también promotor inmobiliario Bautista Soler (uno de los primeros accionistas de Metrovacesa). El plan prevé la construcción de un nuevo estadio en una parcela que el Ayuntamiento ha regalado al club en una zona de nueva expansión inmobiliaria, en la avenida de las Cortes Valencianas. A cambio, el club se compromete a dar al Ayuntamiento la misma cantidad de suelo, pero en parcelas separadas y sin especificar la zona de la ciudad.

Pero el auténtico pelotazo es el uso futuro del solar sobre el que se asienta el actual campo de fútbol. El plan aprobado por el consistorio y que ahora está en periodo de exposición pública, permitirá al Valencia construir 750 viviendas en nueve torres que ocuparan parte de las gradas del actual estadio. Fuentes del sector inmobiliario -y según cálculos de algunos directivos del propio Valencia- estiman que el club, que es una sociedad anónima, obtendrá unos beneficios de más de 100 millones de euros con la venta de los derechos de edificabilidad que le otorga el Ayuntamiento. La oposición municipal, PSOE y Esquerra Unida, se han opuesto al plan y se han ganado los ataques de los que consideran que el Valencia CF debe tener un trato especial por tratarse del equipo de fútbol de la ciudad.

Una jugosa permuta

El caso de Tabacalera también tiene su miga. La inmobiliaria Guadalmedina, propiedad de Enrique Ballester, compró a Altadis la antigua fábrica de tabaco, un edificio protegido sobre el que en teoría no se puede actuar. El precio de compra ascendió a 59,9 millones de euros. El Ayuntamiento ha firmado una permuta con Ballester para quedarse con el edificio histórico. El cambio es la antigua Tabacalera por un edificio municipal que está situado en la plaza de América, en el corazón de la ciudad, donde podrá construir 320 viviendas, y dos parcelas situadas en el propio solar de la fábrica de tabacos, con una edificabilidad de 43.700 metros cuadrados.

De nuevo la oposición municipal ha visto en este acuerdo un pelotazo para la empresa constructora y poco beneficio para las arcas municipales. Por un edificio que no podía tocar por su especial protección, Ballester obtiene una posibilidad de negocio que el sector estima en más de 220 millones de euros.

El último de los planes urbanísticos que ha generado polémica es el del aprovechamiento de la antigua cárcel modelo de Valencia. El Ayuntamiento ha aprobado la construcción de tres torres de 9 alturas y otra de 16 en lo que eran los patios de la prisión. Aún no se sabe quién construirá estas viviendas en un punto de la ciudad donde no queda ni un metro libre para edificar.

El Ayuntamiento de Cullera tenía previsto aprobar anoche el proyecto de construcción de 33 torres de 25 alturas, un hotel de 40 plantas y un puerto deportivo. Es lo que se conoce como el Manhattan de Cullera, el plan parcial de Vega, una de las pocas zonas por urbanizar en el litoral de la provincia de Valencia.

El Manhattan de Cullera

El Manhattan cuenta con el apoyo de los grupos municipales del Partido Popular y de Unión Valenciana, mientras que el PSOE y el partido local APC se oponen a un proyecto que tiene ciertas semejanzas con Benidorm. Más de 5.000 viviendas que no tienen garantizado ni el suministro de agua y servicios y que requerirán nuevas vías de acceso.El plan fue impulsado en su día por el Instituto Valenciano de la Vivienda, organismo público dependiente de la Consejería de Territorio, dirigida entonces por Rafael Blasco, al que se atribuye la paternidad del proyecto.En la último remodelación de la Generalitat, Blasco fue apartado de esta consejería en lo que se estimó como una medida de precaución del presidente Francisco Camps ante su polémica gestión.

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