La invasión de los cayucos
Los responsables de Asuntos Exteriores e Interior de los ocho países mediterráneos de la UE se han reunido en Madrid para buscar soluciones contra la inmigración ilegal. El autor propone estimular el crecimiento de la economía y la contratación en los países de origen
Entre los muchos y complicados aspectos que tiene la problemática de la inmigración consideramos de gran actualidad el de la incesante llegada de cayucos y pateras a Canarias, en condiciones más o menos desfavorables. En estos últimos meses, aprovechando el buen tiempo, raro es el día en el que los telediarios no nos sorprenden con las impactantes imágenes del desembarco de africanos después de penosas travesías.
La consecuencia inmediata de estas avalanchas de inmigrantes es la saturación de todos los espacios destinados a su acogida, por lo que las autoridades canarias se sienten desbordadas e insisten en que se están superando los límites de todas sus capacidades y requieren la ayuda de todo el Estado.
Nos encontramos, pues, con un tipo de inmigración con características muy peculiares que crea problemas específicos, aunque coincidan con los otros grupos de inmigrantes en el objetivo fundamental de querer mejorar sus condiciones de vida.
Quizás lo más particular de este tipo de inmigrantes es que no sólo no se les pueden cerrar las fronteras para que entren en nuestro país, sino que se les ha de ayudar a cubrir la última etapa de su viaje, por el grave riesgo en que con frecuencia se encuentran sus embarcaciones, y que, por desgracia, no siempre se puede superar de forma que no son pocos los que terminan su aventura en los fondos del océano o llegan cadáveres a la imaginada tierra de promisión.
Por los más elementales motivos de solidaridad humana van entrando en nuestro país estos cientos de inmigrantes a los que con liberalidad se les presta la debida asistencia hasta que, una vez recuperadas sus condiciones físicas, aparecen los problemas comunes a los demás inmigrantes que, por las razones que sea, han entrado en nuestro territorio en mejores circunstancias vitales.
De acuerdo con los principios del Reglamento de la Ley de Extranjería vigente, que pretendió establecer una política integral de inmigración por la que sólo se autorizarían, mediante los correspondientes convenios con los países de origen, los flujos de inmigrantes que necesitara la situación del mercado de trabajo, los viajeros de los cayucos o pateras han de ser devueltos a sus países. Se trata de una norma elemental para evitar que se sigan deteriorando nuestras relaciones laborales, por la contratación de los sin papeles en unas condiciones inadmisibles para cualquiera que no se haya jugado la vida como estos extranjeros que vivían aún en peores condiciones en sus países.
Es comprensible que humanamente resulte muy duro a los que tienen que tomar la decisión de repatriar a estos ilegales, sabiendo la vida que les espera y que en muchos casos volverán a jugársela para probar mejor suerte. Ese sentimiento lo podemos compartir también los que no tenemos que asumir esa responsabilidad pero, aunque los optimistas de turno digan lo contrario, los dos millones de parados que hay en nuestro país expresan de una forma bastante evidente los límites actuales de nuestro mercado de trabajo.
Por eso, ante una tragedia humana como la descrita y por tratarse de un problema que no es exclusivo de España, aunque pueda discutirse porqué tenemos el raro privilegio de que las mafias que trafican con estos seres hayan escogido nuestras costas como destino, hay que buscar soluciones globales.
La más fundamental, sin duda, es la de ayudar al desarrollo económico y social de esos países. Pero como esto puede tener resultados a muy largo plazo, por lo que a nosotros toca, entre las distintas fórmulas con las que podemos contribuir a solucionar este problema, sin aumentar más los gastos de acogida y repatriación, hay una que nos beneficiaría a todos. Consistiría en estimular el crecimiento de nuestra economía para que nuestro mercado de trabajo necesite de verdad de más inmigrantes, y no sólo para cubrir los baches de nuestra demografía, sino para mejorar el nivel de vida de todos. Para ello, según nuestras leyes y como se ha establecido en los países comunitarios, esta mano de obra suplementaria, se ha de contratar previamente en los países de origen, para poderles garantizar que se integrarán en nuestro mercado con las mismas condiciones de trabajo que los españoles.
Eugenio M. Recio. Profesor honorario de Esade