Tiempo de gobierno

La fortaleza de la economía española oculta frágiles cimientos que hacen necesario un cambio de modelo productivo, según el autor. En su opinión, las posibilidades de los Presupuestos Generales del Estado por sí solos de llevar a cabo esta tarea son muy reducidas, y reclama mayor coordinación de todas las Administraciones

La economía española presenta una buena cara -elevado crecimiento y empleo- pero oculta unos cimientos cada vez más frágiles, en los que se perciben síntomas cada vez más preocupantes: alta inflación, déficit con el exterior en todos los capítulos de la balanza comercial menos alimentos, excesivo endeudamiento de las familias y desmesurado precio de la vivienda. Problemas difíciles, a los que añadir petróleo caro y tipos de interés más altos.

El modelo productivo, apoyado en exceso en la construcción, es la causa de la debilidad del tejido productivo español. También hay consenso en la necesidad de transitar hacia otro más amplio y diverso, con más valor añadido de los bienes y servicios. La teoría, sin embargo, se enfrenta con la realidad, y las políticas aplicadas caminan en dirección contraria: reducción de los costes salariales y fiscales que incentivan actividades de bajo valor añadido (abaratamiento de los salarios y peores condiciones de trabajo aprovechando la inmigración y rebaja de impuestos a las empresas).

La iniciativa pública tiene un papel importante en el cambio del modelo productivo para evitar problemas futuros, pero necesita criterios comunes en todo el Estado

La iniciativa pública tiene un papel importante en ese trabajo de cambio para evitar problemas futuros, pero necesita criterios comunes en todo el Estado y toda su potencia, es decir, la participación de todos los niveles de gobierno. El nuevo modelo productivo necesita más inversiones en educación y en capital físico y tecnológico; y la cohesión social necesita avanzar en algunos terrenos (asistencia sanitaria, servicios sociales y protección a la familia).

En esta tesitura surge la pregunta de por qué perder 6.000 millones de euros al año con una rebaja del impuesto de sociedades cuando su tipo efectivo es reducido (25,1%), o por qué destinar una cuarta parte del coste de la rebaja en el IRPF al 3% de los contribuyentes, los de renta más alta.

También se observa una parcelación de las funciones que roza el aislamiento de los niveles de gobierno. La presencia del gasto público en España rozará el 40% del PIB en 2007. El presupuesto de la Seguridad Social, en sentido amplio, está concentrado en el pago de las pensiones (contributivas y no contributivas), las prestaciones por desempleo, la incapacidad temporal y la maternidad. El Presupuesto del Estado, después de las transferencias a las Administraciones territoriales y el pago de los intereses de la deuda pública, apenas supera el 5% del PIB. Un porcentaje que disminuye aún más después de pagar el salario y las pensiones de sus empleados públicos.

En estas circunstancias, las posibilidades del Presupuesto del Estado de cambiar el modelo productivo y mejorar la cohesión social son muy reducidas. Conocida la última posición en educación que ocupa España dentro de los países de la OCDE, que se refleja en el elevado porcentaje de fracaso escolar y el descenso de la calidad de la enseñanza universitaria, genera sorpresa escuchar que el problema se solucionará con un incremento del gasto en educación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuando la dotación del Estado no alcanza el 5% del gasto total en España (2.000 sobre 42.000 millones).

El fenómeno de la inmigración necesita de un control de flujos y de una ordenación en el mercado de trabajo, pero también de políticas de integración que afectan a la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales. El precio de la vivienda requiere políticas alternativas que hagan atractivo el alquiler, un urbanismo razonable que no rompa la propiedad de todos. El Servicio Nacional de Salud debe evitar la selección adversa por motivos territoriales, y a la vez necesita evitar un colapso por un gasto no controlado. Los servicios sociales deben recoger unas prestaciones estándar garantizadas a todos, entre ellos, los incluidos en la nueva Ley de Personas Dependientes. El tejido productivo necesita políticas industriales con parámetros similares para absorber las inversiones en I+D+i.

El Estado de las autonomías se concreta en una descentralización de las labores de gobierno entre los diferentes niveles de poder político, pero el modelo de Estado recogido en la Constitución permite -por no decir obliga a- desarrollar criterios y derechos comunes aplicados con equidad (iguales prestaciones públicas con similar esfuerzo fiscal), sin perjuicio de la diversidad territorial creada con la gestión y la autonomía fiscal.

La magnitud del reto al que se enfrenta la sociedad española necesita criterios comunes y una coordinación de todas las políticas. Las cosas no cambiarán rápidamente, se necesita tiempo y voluntad, pero hay que ser conscientes de que los PGE, los Presupuestos autonómicos y los de las corporaciones locales, tomados por separado, no son suficientes al no aprovechar todo el potencial que brinda su dimensión conjunta. Parece tiempo de gobernar todo el potencial de España, y en este trance es imprescindible el liderazgo del Gobierno de la nación.

Responsable del Gabinete Económico Confederal de CC OO