La salud del sistema bancario
El sistema bancario español disfruta de una notable solidez. Estuvo afectado seriamente por la crisis industrial de finales de los setenta y principios de los ochenta, pero experimentó un profundo saneamiento dirigido por el Banco de España. A partir de mediados de los ochenta, también impulsado por la autoridad monetaria, siguió un proceso innovador en aspectos fundamentales de la intermediación financiera (sistemas de pago, mercados monetarios, mayor profusión de servicios financieros, etcétera) que contribuyó a importantes mejoras en la productividad en la industria bancaria y tuvo una incidencia positiva sobre la productividad del conjunto del sistema económico español.
El decepcionante comportamiento que está teniendo la productividad agregada de la economía española desde hace 20 años no es desde luego achacable a deficiencias del sistema financiero. No es de extrañar, por ello, que los empresarios que han contestado a una encuesta realizada para valorar su percepción sobre el funcionamiento de las instituciones formales e informales y sobre las limitaciones más importantes al desarrollo empresarial, consideren mayoritariamente que el acceso a la financiación bancaria no es un obstáculo importante. Y que consideren también que los servicios de los bancos son uno de los factores dinamizadores más relevantes.
Pero existen algunas deficiencias institucionales y algunos peligros coyunturales. Y las primeras pueden agravar los segundos. Los peligros se refieren al alto nivel de endeudamiento de los prestatarios domésticos, que les podría llevar a situaciones de insolvencia, si se produjera un cambio en la evolución del empleo, o una elevación brusca de los tipos de interés o una caída importante de los precios de las viviendas. Y ello tendría consecuencias graves sobre la salud del sistema bancario.
Los empresarios consideran que los servicios de los bancos son uno de los factores dinamizadores más relevantes
Las deficiencias institucionales en los mercados de créditos son puestas de manifiesto en la base de datos del Banco Mundial Doing Business, confeccionada a partir de una encuesta a expertos locales sobre distintos aspectos del entorno de los negocios en más de 150 países. Uno de los aspectos que cubre el estudio es el de la obtención de créditos y en él produce un índice que refleja los derechos de los prestamistas y de los prestatarios y mide también el grado en el que tanto las garantías como las leyes de suspensión de pagos y de quiebra facilitan la concesión de créditos. Pues bien, España tiene un índice bastante bajo comparado con el de los países ricos de la OCDE. Sólo Francia e Italia están peor.
Otro aspecto relevante analizado por Doing Business en relación con la obtención de créditos es la existencia de registros en donde las entidades financieras puedan obtener información sobre la fiabilidad como prestatarios de particulares y empresas. Hay dos modalidades, registros públicos y registros privados, siendo así que la mayoría de los países más avanzados (incluidas Suecia, Noruega y Alemania) han elegido el registro privado.
El grado de cobertura de los registros privados españoles (como el de Asnef) es muy pequeña y significativamente menor que las de la mayoría de los países avanzados. Y, además de una menor cobertura, la permanencia del registro de una persona con mal historial de pago está limitada en mayor grado en España que en otros países europeos.
La modalidad del registro público sólo se da, entre los países avanzados, en Bélgica, Portugal y España y en nuestro país con un porcentaje de cobertura menor que en los otros dos.
Posiblemente la aplicación de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) es un obstáculo para la mejora de la información personal puesta a disposición de las entidades financieras. Es necesario llegar a un equilibrio entre la deseable protección de los datos personales y la conveniencia de que las entidades financieras puedan tener información sobre el historial de incumplimiento de los prestatarios (tanto a la hora de conceder un préstamo como a la de su recuperación si el préstamo ha entrado en mora). Otros países, con una mayor tradición y profundización en los derechos personales y civiles de sus ciudadanos, lo han logrado. Y disponen de registros de amplia cobertura.
Está claro hacia donde se inclinan las simpatías ante un conflicto entre una entidad de crédito y un prestatario. Pero la defensa de los derechos de los acreedores es crucial para que los flujos financieros afluyan a los que quieran financiar gastos y es un elemento institucional fundamental para un buen funcionamiento de la economía, para su crecimiento y para el proceso de creación de empleo.