¿El final del modelo sueco?
El próximo 21 de septiembre, dentro de diez días, tendrán lugar las elecciones generales en Suecia. Tras 12 años en el poder, los socialdemócratas del primer ministro Göran Persson están luchando por mantenerse en el poder. Las encuestas dan por delante a la Alianza por Suecia, la coalición conservadora liderada por Fredrik Reinfeldt que por primera vez en años presenta un frente unificado y creíble.
Pese a su reducido tamaño y población (9 millones de habitantes), el modelo económico y social de Suecia ha sido durante décadas un referente no sólo en Europa sino en todo el mundo. Este modelo se ha basado en altos impuestos para financiar uno de los Estados de bienestar más desarrollados del mundo, combinado con un alto grado de apertura al exterior y competencia para promover las exportaciones, y una política de rentas para garantizar la moderación salarial y la competitividad. Este modelo ha sido muy exitoso.
Las elecciones se producen en un contexto en el que Suecia está en su tercer año de crecimiento económico empujado por la demanda interna y las exportaciones. Los últimos datos muestran un robusto crecimiento de un 5,6% en el segundo trimestre del año (el crecimiento más acelerado de los últimos 6 años y muy por encima del 4,4% que esperaban los mercados), en un contexto de baja inflación (1,5% en junio) y desempleo (6,3%), que está contribuyendo al aumento de la renta de las familias, y a dar mayor confianza de los consumidores. Este nivel de crecimiento está generando presiones inflacionistas y poniendo presión al Banco Central de aumentar los tipos de interés (actualmente al 2,5%).
El candidato conservador quiere transformar radicalmente el papel del Estado en la economía
La derrota de los socialdemócratas sería una sorpresa. Han estado en el poder en 65 de los últimos 74 años. Que su reelección no sea clara es sintomático de que el electorado tiene dudas sobre el futuro y parece reticente a aceptar que las cosas marchan tan bien. Mientras que los socialdemócratas enfatizan la bonanza económica actual, defienden el statu quo y están a favor de mantener el Estado de bienestar y los altos impuestos, los conservadores argumentan que el país se enfrenta a importantes retos y que la bonanza actual no puede esconder los problemas subyacentes en determinados servicios sociales, como la sanidad y la educación.
Los conservadores también critican las cifras oficiales de desempleo (un 6,3%). Según algunas estimaciones, si se computan a todas las personas que participan en programas de apoyo del Gobierno y a los que tienen la baja prolongada por enfermedad, la cifra real de desempleo estaría próxima al 15%. Al mismo tiempo apuntan a los problemas que los jóvenes están encontrando para conseguir trabajo ya que el desempleo juvenil, de acuerdo con los datos de la OCDE, es casi un 23% el quinto más alto de Europa.
El reto más grande sin embargo es el envejecimiento de la población, con el impacto que puede tener a medio plazo en las rentas impositivas y la mayor presión sobre los programas sociales. Según las recientes estimaciones, a menos que se cambie el modelo (se aumenten lo impuestos o se reduzcan los beneficios) en tan sólo 10 o 20 años el aumento de los costes del Estado de bienestar no podría ser financiado con la actual estructura de impuestos. Esto puede suponer una carga de profundidad a un modelo según el cual los ciudadanos aceptan altos impuestos a cambio de generosos beneficios. Los conservadores se han aprovechado de esta inquietud para ofrecer reformas que mejoren los sistemas educativo y sanitario, y promuevan la mentalidad emprendedora, mientras ofrecen bajadas de impuestos y más libertad de elección.
Estas propuestas son suficientemente provocadoras pero el programa de los conservadores va mucho más allá. Convencido de que un programa de reformas puede aumentar la productividad, el empleo y los beneficios fiscales, Fredrik Reinfeldt defiende que no debe haber empresas con participación pública en áreas donde ya existan mercados eficientes. Al mismo tiempo, quiere transformar radicalmente el papel del Estado en la economía, de forma que no sea un actor directo con una función paternalista sobre el mundo empresarial, sino que se limite a proporcionar el marco regulatorio y legislativo. Para ello se ha comprometido a desregular ciertos sectores como el de los recursos naturales, correos, farmacéutico, y el del transporte; y a vender las participaciones del Estado en empresas públicas (en la actualidad tiene participaciones en 57 empresas que emplean a unos 200.000 trabajadores y tienen un valor en mercado de unos 700.000 millones de dólares).
La implementación de este programa puede provocar un cataclismo en el modelo Sueco. Está por ver si los conservadores convences a los electores, sobre todo a los jóvenes y a los indecisos, que ven con preocupación el futuro y se plantean si el modelo Sueco tradicional es la respuesta.