La necesidad de una decidida política industrial
Joan Clos asume la cartera de Industria en un momento dulce de la economía española. Sin embargo, el modelo de crecimiento en el que se basa debe cambiar para asegurar su futuro, según el autor, que sostiene que el nuevo ministro debe poner en marcha una verdadera política industrial
A primera vista la economía española se encuentra en un muy buen estado de forma: en 2005 creció un 3,4%, el mayor crecimiento de la zona euro, y creó el 60% de todos los empleos que se generaron en esta misma área (un dato que hace 10 años hubiera parecido completamente imposible: la tasa de paro ha disminuido en 12,5 puntos). Este crecimiento del PIB se debe, en su mayor parte, a la fortaleza de la demanda interna: básicamente consumo de las familias e inversión privada en el sector de la construcción. Se trata de un modelo sin futuro. Son muchas las voces que advierten que esta pauta de crecimiento es sólo sostenible a corto plazo y que algunas variables macro advierten de que se pueden presentar problemas en un futuro muy cercano.
Una parte considerable del aumento del consumo privado está directamente relacionada con el endeudamiento de las familias que aprovechan el hecho de que el tipo de interés real es negativo, lo cual puede suponer un grave problema si los tipos de interés emprenden, como ya han empezado a hacer, una senda alcista.
Además, las dos variables más preocupantes son la inflación (la mayor de la zona euro, con un diferencial de 1,75 puntos respecto de la media) y sobre todo el enorme déficit de nuestra balanza por cuenta corriente. æpermil;ste representa un 7,5% del PIB y es, en términos absolutos, el segundo en tamaño de toda la economía mundial, sólo superado por el desorbitado déficit exterior de Estados Unidos.
La inversión en infraestructuras debe concentrarse en las zonas con mayor producción de la industria
El déficit exterior de la economía española es parcialmente debido a la presión del consumo privado y al encarecimiento de los precios del petróleo, pero todos los analistas coinciden en que también es un factor trascendental la dificultad del sector industrial para obtener mejoras sustantivas de la productividad (desde el FMI se ha calculado que el aumento en los recientes años del déficit exterior hay que atribuirlo en un 37% al precio del petróleo, un 33% a la demanda interna y un 30% a la pobre evolución de la productividad).
Mucho se ha reiterado que, en parte, la productividad se puede mejorar mediante la liberalización de los mercados de trabajo y de productos, pero también es cierto que desde el mismo FMI se insiste en la necesidad de que el Gobierno tome un papel activo. Debe mejorar la provisión de bienes públicos, sobre todo infraestructuras y educación.
Es evidente que la educación debe repartirse de forma equitativa entre la población, pero la inversión en infraestructuras debe concentrarse en las zonas con mayor producción industrial, algo que, hasta ahora, no se ha realizado ni de lejos, y que probablemente sea uno de los pecados originales (suponiendo que pueda haber más de uno) que han comportado la exclusión del paraíso en que se encontrarían los países más productivos. También insiste el FMI en la importancia de promover actividades con externalidades positivas sobre la economía, I+D o empresas star-up. Hablando claro y castellano: España necesita una política industrial. No una a la antigua, sino una que tenga en cuenta la necesidad de desregulación, de liberalización, de promoción de la competencia, pero una política industrial al fin y al cabo.
Los teóricos de la economía vienen debatiendo desde hace décadas si tal política es conveniente o no, pero todas las grandes economías la llevan a cabo. Algunas abiertamente (Japón, Corea del Sur, China), otras de forma más encubierta (EE UU, Reino Unido). Parafraseando a Joan Fuster (que se refería a la política en general), la política industrial o la haces o te la hacen. En este caso, te la hacen los países que sí la llevan a cabo. Para muestra un botón (o mejor un electrón): desde Alemania se cita la liberalización y la no intervención del sector público como crítica a las condiciones que el Gobierno ha impuesto para la adquisición de Endesa por parte de Eon. Pero, en cambio, fue el mismo Gobierno alemán el que favoreció y puso condiciones de muy diversa índole a la fusión entre su más importante empresa eléctrica y la mayor de sus gasísticas, de la que nació Eon. Eso fue Política Industrial. Con mayúsculas.
En fin, que al nuevo ministro de Industria se le presentan grandes retos. De su capacidad para afrontarlos va a depender el futuro a medio y largo plazo no sólo de la industria española, sino de toda la economía. Suerte (y convicción).