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Legislación

EE UU se plantea una revisión de la ley Sarbanes-Oxley

Las empresas de EE UU llevan tiempo quejándose de los costes que implica cumplir con la Sarbanes- Oxley y, mientras la SEC acaba de anunciar que amplía el plazo para que las pymes cotizadas y las sociedades extranjeras cumplan íntegramente con la norma, el recién nombrado secretario del Tesoro ha expuesto públicamente la necesidad de revisar la ley.

El nuevo secretario del Tesoro estadounidense, Hank Paulson, ha aprovechado una de sus primeras intervenciones públicas para sugerir que la ley de buen gobierno Sarbanes-Oxley, que cumple ahora cuatro años de vida, debería ser retocada. En su opinión, y en eso coincide con la mayoría de las sociedades cotizadas, el cumplimiento de una norma tan estricta ha causado importantes daños a las empresas de EE UU desde el punto de vista de la competitividad internacional.

Esta es la razón por la que Paulson, que fue presidente de Goldman Sachs hasta su toma de posesión en la administración Bush, cree que la norma de buen gobierno debería someterse a revisión. El secretario del Tesoro ha expuesto públicamente que el péndulo regulador, que se puso en marcha como respuesta a los escándalos de Enron y Worldcom, ha ido demasiado lejos y necesita 'un periodo de reajuste'.

Paulson ha asegurado que el reto que tiene ahora por delante la economía estadounidense es conseguir un balance regulatorio que 'nos permita ser competitivos en el mercado actual'.

A pesar de que durante su discurso el secretario del Tesoro no mencionó expresamente el nombre de la ley, Sarbanes-Oxley, sus comentarios fueron perfectamente entendidos por el creciente número de empresas que critica el excesivo peso que les supone el cumplimiento de la Sarbanes-Oxley.

De hecho la SEC (el regulador de los mercados estadounidenses) acaba de hacerse eco de las peticiones de las empresas y ha adoptado la decisión de suavizar las exigencias de la Sarbanes-Oxley para las empresas cotizadas más pequeñas y para la mayor parte de las sociedades extranjeras. En concreto, la aplicación de la sección 404, que obliga a los consejeros delegados a comprobar que en una empresa se realizan los controles internos adecuados, y a hacer que estas revisiones se controlen por auditores contratados a cargo de la empresa, no entrará en vigor para las cotizadas más pequeñas y las extranjeras finalmente en 2007 (ya se había ampliado el plazo), sino que lo hará en diciembre de 2008.

El presidente de la SEC, Cristopher Cox, ha reconocido que la puesta en práctica de la sección 404 ha supuesto demasiados costes. Tanto, que algunas empresas se habían llegado a plantear la conveniencia o no de seguir cotizando. Incluso, algunas han dudado sobre su salida a Bolsa.

En el comunicado en el que se anuncia el aplazamiento, Cox dice confiar en que 'este respiro' permita a la SEC diseñar una fórmula que implique menores costes cumplir con la norma. Eso, a pesar de que a principios del pasado año las cuatro grandes firmas auditoras (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC) difundieron un estudio conjunto que predecía una paulatina reducción en los costes que las empresas tienen que asumir para cumplir con los requisitos de la ley Sarbanes-Oxley, y en concreto con la necesidad de que el auditor firme los controles internos a los que obliga esta ley de buen gobierno, que es precisamente el requisito marcado por la sección 404 que la SEC acaba de retrasar.

Un respiro en la odiada sección 404 de la norma

Las medidas de transparencia han resultado caras. Tanto, que a las críticas de las empresas estadounidenses que se quejaban de los costes que les suponía cumplir con la Sarbanes-Oxley se unieron enseguida las de las europeas que cotizan en EE UU, que se han quejado reiteradamente de que las normas exigidas les resultan aún más caras, ya que suelen cotizar allí como un segundo mercado que complementa al de sus países de origen. Precisamente esta ley ha sido decisiva para que algunas compañías hayan dejado de cotizar allí.La norma, que lleva el nombre de los senadores Paul Sarbanes y Mike Oxley, nació como un antídoto de urgencia para devolver la confianza de los inversores tras los escándalos de Enron y Worldcom y aborda aspectos como la mejora de la calidad de la información pública, los comportamientos éticos o el incremento de la supervisión sobre las actuaciones en los mercados.Pero la parte más odiada es la sección 404, que exige la evaluación del control interno financiero, que tiene que ser valorado, documentado y certificado por la dirección de la sociedad y auditado por el auditor externo. Ahora las pymes cotizadas, las extranjeras y las que se estrenen en los mercados tendrán un respiro hasta diciembre de 2008 para el cumplimiento íntegro de la norma, en el caso de que no se haya modificado antes.

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