Regulación y competencia
La regulación se justifica cuando hay fallos del mercado. Por ejemplo, Joseph Stiglitz señaló que, debido a problemas de información, los mercados de capitales, aunque fueran competitivos aparentemente, no realizaban una asignación de recursos eficiente en términos de Pareto.
La intermediación financiera es una parte significativa de la actividad económica y las externalidades negativas de un fallido en alguno de los elementos que intervienen en ella son suficientemente importantes como para justificar su regulación y supervisión. En el ámbito de la intermediación financiera se producen fallos de información que pueden conllevar, en el límite, abusos de los poseedores de información sobre los agentes que no disponen de ella o no saben analizarla. La regulación trata de asegurar que todos los participantes en los mercados financieros disfruten de igualdad de condiciones, y de que las empresas financieras se comporten de forma leal con los clientes. Esto es especialmente importante en aquellos servicios financieros caracterizados por la existencia de economías de escala que les lleva a alcanzar dimensiones en las que produce una situación de oligopolio. Para conseguir los fines señalados, se aplican normas sobre la solvencia de las entidades y mercados y sobre su conducta respecto a los clientes.
La cuestión es determinar el grado y la forma de la actuación pública. Las alternativas son una regulación intervencionista o una regulación que conduzca a un mejor funcionamiento del mercado. El peligro es que el intervencionismo llegue a impedir la competencia y la innovación. En muchos foros se ha generado la opinión de que en la actualidad la regulación financiera ha alcanzado un nivel excesivo. Puede que esta sensación se haya agravado por la reciente acumulación de iniciativas, especialmente en el ámbito europeo, donde con breves intervalos de tiempo se han aplicado directivas sobre información financiera de las empresas, sobre requisitos de capital y sobre folletos, y se está en vísperas de aplicar la regulación más fundamental, la directiva de mercados e instrumentos financieros (Mifid).
El peligro es que el intervencionismo llegue a impedir la competencia y la innovación
La producción de regulación en el nivel europeo se justifica en aras de conseguir un mercado financiero único. El que todos los participantes disfruten de las mismas condiciones es un requisito básico del mercado y es un objetivo especialmente importante cuando se trata de integrar en uno mercados (y regulaciones) nacionales. El reto es pasar de un mercado fragmentado (obtenido por la suma de las partes) a un mercado europeo. El marco regulatorio aprobado en el terreno financiero europeo parece que es suficiente y ahora queda asegurarse de que es eficiente.
La Comisión europea ha comenzado a difundir la idea de que el objetivo es lograr una 'mejor calidad de regulación', que es cómo se podría traducir la expresión de 'better regulation'. La Comisión ha establecido a principios de 2006 la red europea para la mejor regulación con el fin de mejorar el conocimiento del impacto regulatorio. También, la nueva etapa en el Plan de Acción de Servicios Financieros (llamada 'post-PASF') consiste en revisar la regulación aprobada hasta la fecha y evaluar sus resultados. Esta idea se ha adoptado igualmente por el Banco de Pagos de Basilea y por el BCE.
El principio que se sostiene es que si no han logrado los objetivos propuestos, las normas deben rectificarse o abolirse. En especial, se debe vigilar que las normas respeten el principio de 'proporcionalidad'; es decir, hay que comparar los logros con sus costes que pueden abarcar desde gastos directos en los que incurren las entidades para cumplimentar los requisitos regulatorios hasta costes debidos a un entorno menos competitivo o una asignación distorsionada de los recursos productivos. Así, la regulación que busca solucionar los fallos del mercado no debe tener efectos negativos sobre la innovación y la competencia.
El calibrar los efectos netos de la regulación no es tarea sencilla. Se puede empezar considerando que una mejor calidad de la regulación implica normas más claras y sencillas, transparentes al público al cual se le consulta previamente. La mayoría de los países desarrollados ya están aplicando estos procesos de consulta.
La segunda etapa consiste, por una parte, en medir los costes, que es una tarea más bien fácil porque todos los afectados ofrecen estimaciones. Por otra parte, hay que medir los efectos, que es una tarea bastante más difícil porque de lo que se trata, en definitiva, es de definir claramente los objetivos que se pretenden con la regulación, considerar las distintas alternativas posibles y justificar por qué la elegida es la mejor. Todo un reto.
Economista