COLUMNA

Administraciones públicas y actividad empresarial

La actividad de las Administraciones públicas incide por varias vías en la actividad empresarial. Tienen la competencia de promulgar normas que condicionan la vida empresarial y, también, de actuar como regulador de aspectos muy relevantes para las empresas. La calidad de las Administraciones públicas es un elemento crucial en el tipo de incentivos que las instituciones generan a los responsables de las decisiones de inversión productiva y de innovación.

Hay mucha evidencia sobre la mala calidad de las Administraciones públicas españolas desde la óptica empresarial. Por un lado, en las comparaciones internacionales, basadas en encuestas transnacionales a empresarios, España resulta muy mal clasificada. Por otro, en encuestas realizadas a empresarios españoles sobre los obstáculos a su actividad y sobre la confianza que les generan distintas instituciones, la valoración que los empresarios hacen de las distintas Administraciones es muy baja.

Empecemos por el primer tipo de fuente de datos. En la Executive Opinion Survey (EOS) del World Economic Forum se pueden agrupar las respuestas a un conjunto de preguntas relativas a relaciones de las empresas con la Administración en cuatro grupos: permisos y licencias, infraestructuras, burocracia e impuestos. Una vez hallado el ranking para cada unos de estos indicadores intermedios podemos agregar los cuatro en otro indicador que llamaríamos indicador de funcionamiento de las Administraciones.

Pues bien, España se encuentra en el ranking de ese indicador agregado de funcionamiento de las Administraciones en el puesto 21 entre los países de la OCDE y en el puesto 38 de los 104 países contemplados por la EOS. Irlanda, el país con más éxito en Europa en los últimos 20 años, ocupa el segundo puesto en el ranking de países de la OCDE y el cuarto entre los 104 países. No es éste el único factor que explica la envidiable experiencia irlandesa, pero es uno de ellos.

Esta mala valoración que recibe el funcionamiento de las Administraciones públicas españolas en su conjunto se alcanza pese a que en uno de los indicadores intermedios, en el de impuestos, la posición de España en el ranking entre los países de la OCDE es mucho mejor, ocupando el puesto 11. Los empresarios españoles no perciben a los impuestos como una limitación tan seria como otros países de nuestro entorno, pero sí, en cambio, encuentran restrictivos otros aspectos del funcionamiento de las Administraciones.

Por ejemplo, en la valoración sobre la calidad de los servicios y las infraestructuras España se encuentra en el puesto 24 entre los 30 países de la OCDE y el 37 en el mundo. Sólo Italia, Grecia, la República Checa, Polonia, Turquía y México se encuentran por detrás en el ranking de países de la OCDE. Tanto en la valoración de los empresarios sobre lo restrictivo que para su actividad resulta la gestión de permisos y licencias, como en la calidad de la burocracia España se encuentra en el puesto 22 entre los países de la OCDE.

Pasemos ahora a la evidencia aportada por las opiniones de los empresarios españoles acerca de las Administraciones públicas. En una encuesta realizada por Metroscopia para el proyecto Calidad Institucional y Crecimiento Económico, en la que se ha preguntados a 1.800 ejecutivos de empresas de la comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid, sobre distintas restricciones que condicionan su actividad, se obtiene una valoración muy negativa del conjunto de las Administraciones públicas.

Cuando se les pregunta sobre distintos obstáculos o dificultades para las actividades de la empresa el 55% de los encuestados consideran que la tramitación de licencias y permisos resulta un obstáculo grande y el 33% un obstáculo mediano. El 50% de los empresarios considera que la ausencia de coordinación de las distintas Administraciones es un obstáculo grande y el 37% que representa un obstáculo mediano. En cuanto a la calidad de los servicios e infraestructuras públicas, el 37% considera que es un obstáculo grande y el 52% que es un obstáculo mediano.

Al valorar la eficacia y diligencia de las Administraciones, el 67% de los empresarios encuestados realiza una valoración negativa de la Administración central, el 60% valora negativamente la Administración autonómica y el 64% le otorga una mala nota a la Administración municipal. Así como en la valoración de la Administración central no existen diferencias entre las opiniones de los empresarios andaluces y los de las otras comunidades, en la valoración de las Administraciones territoriales los empresarios andaluces valoran significativamente peor a sus respectivas Administraciones.

El desarrollo del Estado de las autonomías, que ha tenido indudables efectos favorables sobre el acercamiento de las Administraciones a los ciudadanos, no ha contribuido a mejorar la mala valoración que los empresarios tienen de las Administraciones. Ha añadido elementos negativos, en forma de descoordinación entre las distintas Administraciones.