COLUMNA

Territorio y sostenibilidad

Un reciente informe sobre los cambios de ocupación del suelo del Observatorio para la Sostenibilidad sirve de base para cargar contra el uso intensivo del regadío. El autor critica las conclusiones extraídas del estudio y recuerda que esta forma de cultivo y su tecnología es el principal factor de progreso de la agricultura

Con gran repercusión en los medios de comunicación, en acto presidido por la ministra de Medio Ambiente, se ha presentado en sociedad un informe sobre 'los cambios de ocupación del suelo', elaborado por el Observatorio para la Sostenibilidad en España (OSE). Como es evidente, nada hay que objetar a los datos ofrecidos por dicho estudio. Sin embargo, el análisis y las conclusiones que se han trasladado a la opinión pública son mucho más discutibles.

En primer lugar, el informe se basa en unos criterios ideológicos de lo que denominan nueva cultura del territorio que, siendo respetables, no tienen necesariamente que ser compartidos. Por ejemplo, es pintoresco que caracterice el crecimiento económico español como dependiente de sectores de 'alto consumo de suelo'. En España, con más de medio millón de kilómetros cuadrados de superficie geográfica y con buena parte del territorio abandonado, no se entiende muy bien este rechazo genérico al consumo de suelo. Tampoco parece justificada la alarma por la denominada superficie de suelo artificial, el 2,1%, estimándose que pueda elevarse al 2,4% en 2010.

También, y siguiendo la moda, recomiendan pasar de una estrategia de desarrollo basada en la 'destrucción' del territorio a 'líneas productivas más intensivas en tecnología, como el I+D+i'. Aquí no puedo negar mi estupor, ante las críticas que se efectúan a la agricultura intensiva de regadío, incluyéndose fotografías del Campo de Dalías y su evolución desde el desierto y la miseria en 1956, a la situación de 2004, que se ha logrado gracias precisamente a la tecnología agraria más sofisticada, independientemente de su fragilidad hídrica. Analicemos el problema.

Tal vez sólo existe algo comparable al descontrol urbanístico en España y es el descontrol hidrológico

Tal vez sólo existe algo comparable al descontrol urbanístico en España y es el descontrol hidrológico. Y en ambos casos los principales responsables son las autoridades competentes que muestran reiteradamente su incapacidad para gestionar y hacer cumplir la extensa normativa vigente. La autoridad hidráulica, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente, tiene la competencia para legalizar las extracciones de aguas subterráneas, para declarar la sobreexplotación de acuíferos, para suspender temporalmente los riegos con aguas superficiales en situaciones de sequía, etcétera. Es obvio que la sobreexplotación de acuíferos es el principal indicador de un desarrollo agrícola insostenible. Pero la extracción depende de la legalización y autorización por la autoridad hidráulica. Recientemente la prensa ha aireado que hasta en el paseo de la Castellana, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, había pozos ilegales. Es evidente que el control viene siendo muy deficiente desde hace décadas.

Dicho esto, hay que recordar que el agua se almacena en los embalses no para contemplarla sino para ser utilizada. El regadío y su tecnología es el principal factor de progreso de la agricultura, además de generar paisaje y equilibrio territorial. El regadío permite fijar población en el territorio, luchar contra la desertificación, sostener la función de sumidero de anhídrido carbónico por parte de la agricultura y, además, es el elemento clave para la competitividad de la agricultura española en el actual escenario europeo e internacional. No cabe ignorar que países como Dinamarca, Portugal, Holanda, Italia y Grecia (indicador Irena 10, de la Agencia Europea de Medio Ambiente) superan a España en superficie de regadío respecto a superficie agraria útil. El 85% de la mitad del país que dedicamos a la agricultura es de secano.

En cualquier caso, la autoridad hidráulica debería compartir estas ideas, por ser uno de los principales usuarios de cemento del país. Los nuevos regadíos previstos en su día por los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas (cerca de dos millones de hectáreas) y el entusiasmo de dicha autoridad por los nuevos regadíos del canal de Navarra y del Segarra-Garrigas (más de 100.000 hectáreas), siempre sorprendieron en el Ministerio de Agricultura que, desde la adhesión a la UE, ha diseñado una estrategia más basada en la modernización y consolidación del actual patrimonio de regadío que en su expansión debido a razones de mercado.

Las autoridades medioambientales españolas tienen bastante tarea por delante. Además de la gestión y el control sobre el sistema hidráulico, de ellas depende el 25% del territorio español que está sometido a algún régimen de protección (humedales Ramsar, zonas ZEPA, resto de la red Natura 2000, parques nacionales y naturales…). También son responsables de la gestión forestal, sector que ocupa la tercera parte de la superficie geográfica nacional. Y, además, deben ser los vigilantes medioambientales que controlen los excesos sobre el resto del territorio. Con tan ingente tarea, tal vez estén especialmente interesados en desviar la atención pública hacia sectores que, como el regadío, se están dedicando a generar riqueza para este país.