TRIBUNA

Sobre la Ley de Dependencia

El Consejo de Ministros acaba de aprobar la Ley de Dependencia y Autonomía Personal. Es un paso importante en la consolidación de nuestra sociedad del bienestar. Un paso que expresa el fin de una época regida por valores de la ya caduca sociedad industrial. Donde lo que contribuía a los procesos productivos tenía valor porque tenía precio. Machado llamaba necio a quien confundía valor y precio. Nuestra sociedad lo ha confundido demasiadas veces. Las personas que no tenían los valores estándar no eran admitidas en los sistemas del bienestar como sujetos de derecho. Especialmente quienes tenían problemas de autonomía personal, dependiendo de otros para poder vivir. No sólo los mayores.

La familia era el paraguas que amortiguaba la ausencia de servicios públicos. Se ha forzado (nunca mejor dicho, pues las resistencias en cumplir las normas son evidentes aún) al mercado laboral para que integre a quienes soportan alguna discapacidad, pues, de por sí, ese mercado provoca su exclusión.

Hay que reconocer que esta ley es un paso significativo al extender a todos los ciudadanos el derecho a la calidad de vida. Expresa que entramos en un nuevo modelo social, donde lo determinante no es la aportación de cada uno al sistema productivo. Entramos en un concepto de sociedad incluyente, favorecedor de lo público para que nadie quede exceptuado. La vieja sociedad industrial termina y se demandan comportamientos solidarios, cívicos y equitativos. Esto se ve en muchos signos, además de esta ley. Por aquí va también el concepto de Responsabilidad Social de las Empresas, pidiendo un nuevo modelo.

Otro indicador de este cambio social es la llamada sociedad civil, que comienza a ser invocada como agente imprescindible para hacer que la equidad sea sustentadora de convivencia. El presidente Zapatero usaba, cuando fue elegido, la expresión ciudadanía como elemento de comunicación e implicación imprescindible. Habernas lo calificaba como 'democracia participativa', pidiendo espacios para el compromiso cívico.

En este conjunto de conceptos aparece esta ley. Enhorabuena. Pero cuidemos el riesgo de quedarse en las palabras, tan propio de los llamados derechos universales. Sería vano dar una solución vacía a un problema tan importante. El Gobierno deberá contar con la implicación activa de todos los agentes, económicos y sociales, saltando el estrecho concepto que pretende constreñir esta expresión a la patronal tradicional y a los sindicatos. Con ellos se pactaron, inicialmente, los ejes básicos de la ley. Solo con ellos. Como si ellos fueran los expertos en los graves problemas que sustentan la dependencia. ¿Dónde quedaron las organizaciones familiares, o asociaciones, que aglutinan a quienes padecen estos problemas y, por ello, saben de las soluciones? ¿Dónde otras organizaciones empresariales que ya trabajan en este tema con experiencias esperanzadoras, como es la economía social? ¿Por qué la economía social está ausente?

El despotismo ilustrado es una tentación continuada en esta extraña sociedad que no sabe aún dar cabida a todos los que pueden aportar algo. La economía social debe estar en la génesis de este sistema, aportando su experiencia. Si se trata de atender y garantizar las mejores condiciones de vida de las personas, tiene mucho que decir. La implicación de todos será uno de los temas que el Gobierno deba abordar para conseguir una mejor aplicación de la ley.

Otro reto que ofrece esta ley es la clarificación de criterios para la concesión de las licencias administrativas que se precisen (centros de día, residencias...). Los poderes públicos tienen la oportunidad de condicionar estas licencias a la existencia demostrable de comportamientos de Responsabilidad Social. Solo faltaría que funcionaran, también, en este naciente derecho mecanismos especuladores o carentes de calidad. Las empresas que deseen actuar en este sector (se prevé la creación de unos 400.000 puestos de trabajo) deberán demostrar su comportamiento cívico, responsable, acorde con la sociedad que se desea construir. No hacerlo así será remendar un traje nuevo con retales viejos, lo que irá contra la credibilidad del proceso.

Quedan más temas por aclarar. Cómo se repartirá la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos y del Gobierno central. No sería bueno que las discrepancias partidarias de nuevo funcionen contra el interés ciudadano y el ayuntamiento debe ser una figura clave, pues es quien conoce la realidad de los ciudadanos. ¿Cómo se llevará a cabo el copago de forma que no existan mecanismos de exclusión? Como decía el ministro Caldera, atender a las personas objeto de esta ley no será una cuestión filantrópica sino la realización de un derecho. Para conseguirlo, deben solucionarse lagunas y convocar a todos.