TRIBUNA

Obra social: ¿alguien da más?

Las cajas de ahorros y su obra social son conscientes de los cambios que se están produciendo en la sociedad española y de los problemas que en muchas ocasiones éstos generan. Algunas de estas transformaciones suponen una manifestación en España de lo que ocurre en el ámbito internacional y otras están relacionadas con modificaciones específicas y locales, pero todas ellas implican conversiones estructurales en estas tres últimas décadas. æpermil;ste es el caso de la transición demográfica, la industrialización y la expansión de los servicios, la creciente cualificación de la fuerza de trabajo, la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo, la llegada de trabajadores inmigrantes, el desarrollo de las instituciones del bienestar o la secularización.

Existen, en el caso de nuestro país, cuestiones que los ciudadanos españoles consideran que han de ser resueltas antes de que produzcan una seria fractura social, como son, entre otras, las pensiones de los ancianos, viudas o personas con discapacidades; las escuelas; el trabajo para los jóvenes y para las personas en edades más avanzadas; las ayudas y los servicios de ayuda a las familias; la formación profesional; la vivienda para los jóvenes, y la protección de la salud de los trabajadores, consumidores y del medio ambiente.

Estas opiniones son el reflejo de algunos de los principales cambios estructurales ocurridos en España: el crecimiento de una nueva clase media formada por profesionales y técnicos en posesión de un capital cultural fundamental en una sociedad del conocimiento, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la expansión del sistema educativo, la inmigración, el envejecimiento de la población y, muy ligado a éste, aunque no exclusivamente debido a él, las situaciones de dependencia.

Estos cambios llevan aparejados, además, retos inmediatos, urgentes y necesitan respuestas concretas. Son desafíos de tal magnitud que requieren un gran compromiso a largo plazo y, sobre todo, una estrecha cooperación ciudadana, es decir, un fuerte compromiso cívico.

Ese es el papel esencial de las cajas de ahorros, tanto al desarrollar su actividad financiera como al invertir, por medio de la obra social, los recursos disponibles una vez pagados los impuestos y constituidas sus reservas.

La favorable evolución del negocio permite disponer a la obra social cada año de mayores recursos para invertir en diferentes proyectos y actividades. El año pasado estos recursos crecieron un 15,02%, hasta situarse en un total de 1.338,25 millones de euros y fueron los dedicados a la atención a las personas dependientes, a los inmigrantes, el fomento del empleo, la investigación, el desarrollo y la innovación, así como el medio ambiente, los que más crecieron.

Es cuantiosa la inversión en España y también en países en vías de desarrollo y subdesarrollados. La cooperación internacional ha crecido también en las cajas y supone casi un 0,9% del total de la obra social, por encima del 0,7% establecido en la ayuda oficial al desarrollo. Son recursos dedicados a la ayuda en catástrofes humanitarias, programas de microcrédito y proyectos para cubrir necesidades básicas de personas en África, América y Asia.

Para tener una idea de la magnitud de esa inversión de la obra social de las cajas de 1.338 millones de euros en 2005 es necesario acudir a la comparación internacional, tanto en el ámbito privado como en el público. Respecto del primero, es posible encontrar actuaciones empresariales similares en algunas fundaciones, aunque con un grado de compromiso menor que el de las cajas. Según el ranking mundial de fundaciones, sólo la perteneciente a Melinda y Bill Gates, con 1.200 millones de dólares, sería equiparable por su inversión total a la realizada por el conjunto de las cajas españolas; pero a diferencia de esa fundación estadounidense, nuestras entidades extienden sus centros y actividades a la cultura, la ciencia, la asistencia social y sanitaria, la educación, la investigación y el desarrollo, la restauración del patrimonio y el medio ambiente.

Si la relación se establece con el sector público, el total invertido por las cajas se acerca al volumen recibido por España de la Unión Europea en concepto de fondos de cohesión; recursos que ascienden, en términos anuales, a 1.500 millones de euros y que, como se ha puesto de manifiesto en la última cumbre europea, son de gran trascendencia para nuestro país.

Esta inversión genera también un impacto económico y social muy elevado y valioso; puesto que está demostrado que la obra social de las cajas crea riqueza y empleo, contribuye al equilibrio territorial y ayuda a solucionar problemas sociales.

Pero detrás de todo esto, lo más importante y lo que distingue a las cajas y a la obra social de cualquier otra institución del sector privado es la capacidad para crear tejido social. Esto significa fomentar el asociacionismo, colaborar con los poderes públicos para intentar llegar más lejos en el esfuerzo de las cajas por extender a toda la población sus iniciativas y, sobre todo, ayudar a los ciudadanos vulnerables a procesos de exclusión a solucionar sus problemas.

La exclusión es un proceso y aparece tras la pérdida continuada de vínculos personales y sociales. Esto hace que una persona o un grupo encuentre serias dificultades para acceder a las oportunidades y recursos de los que dispone la propia sociedad y, por tanto, no tiene por qué derivarse del lugar de nacimiento, la edad o la posesión de recursos económicos.

En nuestro país, según los datos del INE, cerca de dos millones de personas se encuentran en riesgo de exclusión, es decir, aquellas cuya renta está por debajo de 8.000 euros anuales, y ocho millones en situación de pobreza, es decir, personas con una renta inferior a 6.000 euros anuales.

De hecho, en España el perfil de la exclusión aparece centrado en las mujeres cuyo trabajo en el ámbito doméstico no es reconocido y su falta de experiencia laboral limita sus posibilidades de encontrar un empleo, en los jóvenes con evoluciones muy frágiles de inserción laboral, en los ancianos con problemas de soledad y pobreza, así como en los extranjeros no comunitarios que viven aislados y en claras condiciones de precariedad, tanto laboral como de derechos. Se producen también combinaciones múltiples de factores, como el desempleo, las dificultades económicas en el hogar, un nivel formativo muy bajo, que se entremezclan y aumentan la complejidad de este problema.

Esta es la razón de que los esfuerzos principales de la obra social de las cajas en los últimos años se dirijan a estos grupos. De hecho, la mayor inversión del capítulo asistencial de las cajas se efectúa en municipios con una renta por habitante de entre 6.400 y 8.225 euros, en el tramo medio-bajo de riqueza. Precisamente, son las personas mayores y las englobadas en el grupo denominado dependientes quienes reciben más del 50% de los recursos de las áreas de asistencia social y sanitaria y de tiempo libre.

Por tanto, es evidente que invertir en cuestiones sociales, del modo en que lo hacen las cajas, es rentable para toda la sociedad.