'Nos interesa que el mercado de emisiones no sea estrecho'

El brazo derecho de Cristina Narbona hace balance de un año de funcionamiento del mercado de emisiones de CO2, en el que los precios han dado sorpresas

Quiere ser ecuánime con la labor que su secretaría y el Ministerio de Medio Ambiente han realizado en estos dos años. Dice estar 'moderadamente insatisfecho' pero no oculta el hecho de que hace dos años, 'nadie apostaba porque España se incorporara en condiciones de igualdad al mercado de derechos de emisiones de CO2'. Al cierre del primer ejercicio de funcionamiento del mercado y con el segundo Plan Nacional de Asignaciones (PNA) en puertas, Gonzalo valora 'el trabajo arduo de colaboración con las comunidades autónomas y las principales organizaciones sociales'.

¿Cuál es su balance del primer año de funcionamiento del mercado de derechos de emisión?

El esfuerzo para poner en marcha el primer mercado realmente europeo ha sido extraordinario y el balance es francamente positivo. El sistema ha funcionado con un nivel de cumplimiento altísimo por parte de miles de empresas. Más de un 99% de los derechos asignados habían sido inscritos en plazo en los 25 registros nacionales de los países miembros.

'Las instalaciones de menos de 25.000 toneladas quedarán excluidas en la nueva directiva'

'Un hogar español emite al año dos toneladas de CO2. Una tonelada cuesta 19 euros'

'Ahora, las emisiones están verificadas por un auditor con un alto nivel de precisión'

¿Pero se ha cumplido el objetivo de reducción de las emisiones?

Hay una amplia convicción en Europa, en la CE y en los Gobiernos, de que es un instrumento efectivo para la reducción de emisiones de una forma eficiente y flexible. El mercado consigue que las reducciones se produzcan allí donde es más barato, donde hay mayor capacidad tecnológica y más capacidad de traslación de los costes a los precios sin alterar la competitividad.

La asignación de derechos ha resultado demasiado generosa.

El mercado se ha quedado por encima de la asignación debido a una combinación de factores. La información sobre las emisiones que tenemos hoy es de una calidad muy superior a las estimaciones conservadoras de los inventarios. Ahora, las emisiones están verificadas por un auditor independiente con un alto nivel de precisión. Además, el mercado ha supuesto un incentivo para la reducción. Una tonelada de CO2 hoy cuesta 19 euros. Es un argumento poderoso para reducir las emisiones, cuando por término medio un hogar español emite al año dos toneladas de CO2. Ahorrar, incluso a esa escala, empieza a ser muy interesante económicamente.

¿Le beneficia a España este inesperado cumplimiento del resto de los países?

A España le interesa que haya un mercado líquido a precios razonables. Somos un país en posición de compra, alejados de nuestro compromiso con Kioto, así que nuestras asignaciones tienen que ser restrictivas. Pero no nos interesa que haya una asignación muy corta en los demás países. No somos partidarios de que se sobreasigne, pero un mercado muy estrecho sería negativo para nuestras empresas desde el punto de vista del coste del cumplimiento.

¿Cómo se han comportado los sectores especialmente sensibles?

Hay que distinguir entre el sector eléctrico y el resto de los sectores. Todos los industriales han tenido excedentes de derechos, excepto el sector del refino, que ha tenido un ligerísimo déficit. Este excedente supone un beneficio económico significativo. Las 700.000 toneladas de CO2 no emitido por el sector de tejas y ladrillos supone un ahorro de 14 millones de euros. Nuestro deseo es que apuesten por la eficiencia, las renovables, la innovación tecnológica y tengan excedentes mayores.

¿Y el eléctrico?

El Gobierno anunció que a este sector se le exigiría el mayor esfuerzo, porque puede soportarlo. En primer lugar, está menos sometido a la competencia internacional y tiene más capacidad de trasladar los costes a los precios. Existen también razones tecnológicas. El Ejecutivo apuesta por una gradual transición en el parque de generación español. Se resume en menos fuel y carbón, más gas y renovables. El sector eléctrico se ha comportado muy bien apostando por las renovables y la eficiencia.

¿Cuál fue el problema en 2005 para que el sector emitiera de más?

Todo lo que estaba fuera de nuestro control y podía ir mal, fue mal. Sobre todo, la sequía. La generación hidroeléctrica se redujo un 40% con respecto a 2004. En unas condiciones normales de hidraulicidad, de producción nuclear e hidroeléctrica media, España va a entrar en una clara tendencia de reducción.

¿Qué papel juega el ciudadano?

La moderación del consumo de energía eléctrica influye. Hasta hace poco teníamos crecimientos del consumo del 4 y del 6%, alucinante. Pero hasta el 15 de mayo, el consumo de energía eléctrica creció un 1,4%. Eso sí es asumible. Los ciudadanos deben saber que un grado más o menos en el aire acondicionado tiene un efecto directo en la generación eléctrica y en las emisiones de CO2 de la industria.

¿Qué es mejorable frente a los próximos planes de asignación?

La Comisión Europea ha recibido mensajes muy claros de los Estados miembros. Necesitamos el máximo rigor, que el mercado garantice unas reglas del juego comunes para que nuestras empresas compitan en igualdad. Algunos de estos requisitos de armonización exigen cambiar la directiva y eso no será posible a tiempo para la segunda fase. Para más allá de 2012, hay acuerdo entre los Estados miembros para la exclusión de las pequeñas instalaciones del sistema. Para las instalaciones de menos de 25.000 toneladas, el sistema no es eficiente por costes y por la pequeña capacidad de reducción posible.

¿Vamos a cumplir Kioto?

Por supuesto. Es imposible que no cumplamos porque España se convertiría en una especie de paria internacional. Eso no es planteable. Haremos todo lo posible en reducir las emisiones en nuestro territorio y, después, tendremos que recurrir a adquisición de derechos de emisión en terceros países.

Desarrollo. 'Hay que comprar fuera lo mínimo'

Pese a que para cumplir los objetivos de Kioto España tiene que recurrir a comprar derechos a terceros países y a fomentar Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en países en vías de desarrollo, el secretario para el Cambio Climático recalca que 'España tiene que comprar lo menos posible'¿Por qué esa máxima de recurrir lo menos posible a los créditos de flexibilidad en terceros países?Porque todo lo que reduzcamos en casa, aunque nos cueste dinero, servirá para modernizar y hacer más eficiente nuestro sistema energético. Tendrá un impacto positivo y directo para el país. El objetivo es comprar fuera lo menos posible, al menor coste posible y que de ahí obtengamos las mayores oportunidades de negocio para las empresas españolas. Tenemos un gran peso en el sector energético o en el cementero en otros países, y nuestras empresas pueden generar reducción de emisiones en terceros países.¿Cómo piensan recurrir a estos mecanismos?Además de su necesaria utilidad ambiental y económica para España, desde una perspectiva ética y de coherencia, el Gobierno quiere que esto funcione como instrumento de cooperación. Si invertimos en energías limpias, se beneficia España de las reducciones, pero también el país anfitrión de esas nuevas fuentes de energía y de la transferencia tecnológica.¿Qué pasos se han dado en este sentido?Hemos firmado memorandos de entendimiento con 16 países, en Latinoamérica y Marruecos. Hemos creado la red iberoamericana de oficinas de cambio climático y tenemos una participación muy destacada en los mercados de carbono. El anterior plan de asignación estimaba en 100 millones de toneladas la cantidad de derechos que necesitamos. Hemos cerrado acuerdos para la mitad de esa cantidad y comprometido el desembolso de 250 millones de euros.¿Qué papel juegan los MDL?El mercado es aún incipiente. Tenemos que luchar por ir eliminando las barreras burocráticas y los costes de transacción en el registro de proyectos MDL, porque nuestra convicción es que el éxito de la lucha multilateral contra el cambio climático se necesita como el éxito de los MDL.