El control de la inversión en bienes tangibles

La cobertura de los clientes-inversores La regulación actual de las empresas de bienes tangibles ha demostrado ser insuficiente. El debate ahora surge en torno a una nueva legislación que dé más amparo a los clientes-inversores y al mismo tiempo se abre la duda de si hay que indemnizar a los afectados o no

La regulación actual de las empresas de bienes tangibles ha demostrado ser insuficiente. Más aún, ineficaz. Es lo único en lo que están de acuerdo todos los agentes sociales, organizaciones de consumidores y partidos políticos, aunque el PP eluda pronunciarse con precisión sobre la eficacia de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que elaboró en 2003.

El dilema ahora es determinar qué mecanismos regulatorios son más apropiados y cómo se deben articular los resortes de la supervisión necesaria para este tipo de empresas. El problema es que para llegar a estos extremos es preciso que antes se determine la naturaleza de las inversiones en bienes tangibles. Y es aquí dónde se produce el primer escollo.

Para la mayoría de las organizaciones de consumidores, que han tomado una parte activa en el caso de Afinsa y Fórum Filatélico, se trata de inversiones en productos financieros y, por tanto, 'deben tener una regulación que provenga de instancias financieras'. Muchas de ellas, como Adicae, apuntan al Ministerio de Economía, aunque también hay algunas que aluden al Banco de España. Las propuestas van desde 'una normativa similar a la que existe en el Reino Unido para los fondos de inversión en bienes tangibles', hasta sistemas que se asemejan al mercado de opciones y futuros como las materias primas u otros productos de alto riesgo.

Quienes consideran que son productos financieros dicen que Consumo no está preparado para regularlos

Independientemente de las normas, la ausencia de fraude no queda garantizada por ningún tipo de regulación

El argumento es que, si bien es cierto que son contratos de compraventa, la realidad demuestra que se trata de productos (en este caso, sellos) que a los clientes-inversores ni les interesan, ni los poseen físicamente, ni entienden de la materia. Es decir, una situación que se aleja de cualquier prototipo relacionado con el consumo.

También se achaca que la situación actual, que deriva hacia Sanidad y Consumo la supervisión de este tipo de compañías, resulta insostenible. Y no sólo porque se trate de competencias transferidas a las comunidades autónomas, sino porque Consumo carece de medios y de personal cualificado para llevar a cabo un control adecuado. Son departamentos que están preparados para supervisar y gestionar productos, pero no para entrar en las interioridades de las empresas, incluidas las cuentas anuales cuya inspección, además, no les compete.

Puede darse el caso, incluso, de que el producto en sí mismo (sean sellos, obras de arte o cualquier otro) tenga todos los beneplácitos de Consumo, pero que la empresa esté cometiendo un fraude contable o financiero sin que lo detecte el órgano regulador competente. En ese supuesto, bien podría ser la Agencia Tributaria quien lo descubriera. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido con Afinsa y Fórum.

Quizá por ello, tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición se empeñan en defender un status quo pero ampliado y perfeccionado. La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, advirtió el jueves pasado en el Congreso que esos productos no pueden ser asimilados a los valores negociables, aunque anunció que se está elaborando una propuesta para modificar y endurecer la legislación básica actual. Despejó con ello cualquier atisbo de incógnita sobre la posición del Gobierno ante una ley que salió adelante en la última etapa de Aznar y sin el concurso del PSOE.

Las compañías dedicadas a comercializar bienes tangibles 'no son entidades de crédito, empresas de servicios de inversión ni instituciones de inversión colectiva'. Así de rotunda se mostró Salgado quien apuntó que los sellos no son objeto de negociación en ningún mercado secundario de valores y, por lo tanto, no pueden ser asimilados a valores negociables.

La solución parece venir por el endurecimiento de la norma para convertir en obligatorias las garantías que ahora son voluntarias tales como los seguros de caución o la creación de un registro obligatorio de empresas.

Economía ha cerrado filas en torno a estos mismos argumentos en favor de que sea Consumo quien asuma el control de estas empresas y evitando, así, que pudieran surgir voces disonantes dentro del propio partido. De hecho, antes de la comparecencia de la ministra hubo quien se refirió a la necesidad de 'elaborar una regulación ad hoc y de arbitrar un tipo de organismo que se encargara del control y la supervisión de este tipo de sociedades' sugiriendo que podría estar ligado a Economía.

En todo caso, este ministerio también se apresuró a recordar, al poco de saltar el escándalo, que cuando el Gobierno del PP aprobó la ley (que luego han de desarrollar y aplicar las comunidades) se tuvieron en cuenta informes internos de la CNMV, el Banco de España y la Abogacía del Estado en los que se ponían de manifiesto que estas compañías no podían ser consideradas como entidades de inversión.

De este modo, Gobierno y PP coinciden en asignar a Consumo las competencias sobre las empresas de bienes tangibles, mientras el roce surge en el traspaso a las comunidades y en el tiempo que media entre que se detectan las primeras irregularidades y se produce la intervención judicial.

Para el portavoz del PP en el caso Afinsa y Fórum, Vicente Martínez Pujalte (que defendió en 2003 que la ley que se tramitaba ofrecía garantías suficientes a los inversores en sellos y arte), cuando el negocio funciona en distintas comunidades autónomas 'tiene que haber una inspección central o, por lo menos, una coordinación de la Administración central'.

Para Economía, en cambio, la responsable de Fórum y Afinsa es la Comunidad de Madrid (gobernada por el PP) ya que es aquí donde ambas empresas tienen sus sedes.

De todas estas tesis se aleja un aliado del Gobierno, CiU, que considera que se trata de un producto de ahorro y que, por tanto, deberían ser 'los órganos reguladores de productos y servicios financieros orientados al ahorro' los que asumieran la responsabilidad de regular este tipo de actividades 'igual que se hace con los fondos y otros productos de inversión'. Y cita al Banco de España, la Dirección General del Tesoro, la CNMV 'o algún otro organismo dependiente de Economía'.

Las empresas afectadas aseguran ahora que llevan años pidiendo que se las regule, que les da igual quien sea y que hubieran preferido 'un tirón de orejas' en su momento que una actuación como la que se ha llevado a cabo.

Otras, que han puesto sus barbas a remojar, son más directas y se decantan por Sanidad y Consumo. Arte y Naturaleza, por ejemplo, considera que sería necesario que este ministerio creara 'un departamento con personal cualificado para supervisar los distintos tipos de mercado que varían en función de los distintos tipos de cienes objeto de esta regulación'.

En todo caso, la ausencia de fraude no queda garantizada por ningún tipo de regulación y si esta hubiera funcionado es probable que Fórum y Afinsa no hubieran podido ofrecer unas revalorizaciones garantizadas al 6%.

El otro escollo que queda pendiente es el de las ayudas o indemnizaciones para los afectados. Mientras las asociaciones de consumidores se debaten entre el 'no', el 'fondo asistencial inmediato para casos urgentes' o la espera hasta la resolución judicial, los políticos ensayan diversas fórmulas según sus intereses de voto. El PP es el más generoso (se lo puede permitir) en las propuestas, el PNV habla de 'irresponsabilidad' ante la perspectiva de compensar a los afectados y el Gobierno nada entre dos aguas.