Varapalo a la reinversión
Todos somos conscientes de que en los últimos años la economía española ha basado su crecimiento en la evolución positiva de la demanda interna, en concreto, en consumo, construcción y servicios.
Hemos vivido una etapa de liquidez abundante, con tipos de interés muy bajos. Cualquier español que tuviese un buen proyecto de inversión o pensase en comprarse una casa ha tenido crédito abundante y barato.
Sin embargo, el consumo y la construcción no pueden ser los eternos motores. El disponer en los últimos años de tipos reales negativos ha facilitado enormemente el endeudamiento de las familias y de las empresas, y hoy tenemos un país con un gran déficit por cuenta corriente, endeudado con el resto del mundo, que gasta más de lo que ingresa. El problema es que estos desequilibrios no son sostenibles a largo plazo y nos hacen pensar en la conveniencia de buscar otros motores de crecimiento.
Por otro lado, es también un hecho bien contrastado que la economía española está perdiendo progresivamente competitividad. En el último año, según el índice de tendencia de competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España ha empeorado su competitividad un 1,9% frente al resto de la UE por el diferencial de inflación.
Naturalmente, lo obligado sería buscar fórmulas para incrementar la productividad, ello nos permitiría exportar más y conseguir una mejora en la balanza comercial. Hoy, más que nunca, en un entorno globalizado, las empresas deben especializarse, y ello les exige desprenderse de algunas filiales que ya no pueden competir con empresas situadas en mercados más eficientes o de mano de obra barata. Por ello, resulta imprescindible la desinversión en elementos menos productivos e invertir en otros modelos de negocio donde prima la diferenciación y la especialización.
Hasta hoy, nuestra legislación fiscal beneficia la reinversión de beneficios extraordinarios en acciones o participaciones del capital de otras entidades, como una vía para fomentar el dinamismo de la economía y ayudar al fortalecimiento de los sectores productivos por la vía de adquisiciones de empresas complementarias. Las reinversiones son un elemento fundamental para mantener la salud de la economía nacional. La legislación vigente indica que si una empresa obtiene una plusvalía por la venta de determinados activos, ese beneficio extraordinario tributa al tipo general, que es el 35%; pero si el importe obtenido de la transmisión se reinvierte, la empresa puede aplicar una deducción del 20%, lo que supone una tributación efectiva de la plusvalía del 15%.
Sin embargo, sorprendentemente, el proyecto de ley de reforma del IRPF que el Gobierno ha remitido al Parlamento prevé eliminar progresivamente las deducciones a la reinversión por plusvalía. Ello resulta paradójico pues, hoy más que nunca, necesitamos de este tipo de deducciones que permitan flexibilizar nuestras empresas y nos ayuden a afrontar los retos de la globalización.
La reinversión de las plusvalías debería al menos mantener su tratamiento actual en pago de impuestos, pues si el marco fiscal es favorable a que los beneficios se queden en las empresas, se fomenta que puedan acometer proyectos de inversión tan necesarios hoy en nuestra economía.
Todas las organizaciones y asociaciones empresariales han protestado por la desaparición de esta deducción. Y algún grupo político, como CiU, ha condicionado su apoyo a la reforma fiscal a que se mantenga la continuidad de este beneficio fiscal. La lógica es clara, en las circunstancias actuales del entorno competitivo, nuestro Gobierno debería facilitar y apoyar la reasignación de recursos hacia modelos de negocio más competitivos, apostando en definitiva por la flexibilidad.
Las deducciones por reinversión son una vía muy clara de creación de riqueza y eliminarlas supone un peligro cierto para el mantenimiento del equilibrio de la economía española. No dejemos que una visión cortoplacista y la inercia de la economía nos haga caer en la complacencia, con consecuencias desfavorables para el futuro.