Afinsa y Fórum: ¿se han hecho bien las cosas?
Lo que ha ocurrido en España con Afinsa y Fórum Filatélico, las dos entidades dedicadas a captar dinero de los ahorradores para ser invertido en filatelia y otros bienes tangibles, es rocambolesco y trágico, y refleja falta de lógica y planificación por parte de los poderes legislativos y judiciales de nuestro país.
Lo primero que me sorprende es que la fiscalía haya tardado 25 años, tiempo que llevaban operando estas entidades, en destapar un agujero patrimonial que en la actualidad alcanza los 3.500 millones de euros y que afecta a 350.000 personas. No creo que un desfase patrimonial de estas dimensiones pueda ser tan imperceptible para clientes, auditores, empleados, aseguradoras, inspectores y demás involucrados en el negocio; y que de la noche a la mañana, una actividad, en principio de buen funcionamiento, con beneficios y lícita, se convierta en un verdadero caos.
Una de las justificaciones más escuchadas es que se trataba de un negocio piramidal, argumentando que si los clientes acudían a por su dinero, las entidades no podían responder de todos los ahorros al momento y por ello estaban quebradas. En mi opinión esto es incongruente, ya que en el caso de las entidades financieras españolas, si los ahorradores exigieran tan sólo el 2% de lo que tienen depositado en bancos y cajas de ahorros, todas ellas quebrarían al instante. La legislación sólo les exige tener a disposición de los clientes un coeficiente de caja del 2% de sus depósitos.
Creo que se están confundiendo términos delicados de analizar, como son la liquidez y la solvencia en las entidades. Todos los negocios que podamos plantear, y mucho más los financieros, tienen poca liquidez, ya que el dinero en caja no produce nada. Pero a una entidad se le debe pedir solvencia, que consiste en que los pasivos -en este caso depósitos de los ahorradores- estén bien cubiertos por el valor de los activos -que son los sellos y otros bienes tangibles en que se invertía-. Por ello, quizá la cuestión clave para evaluar la solvencia de estas entidades sería averiguar cuánto valen esos bienes en los que invertían para sus clientes.
Ante esto, por una parte nos dicen que para tasar miles de millones de euros en sellos sólo han consultado a un tasador británico. Y por otra parte hay que entender que en este mercado las variables que establecen el valor son tales como la escasez, tangibilidad y la existencia de pocos negociadores. Por ello, establecer el valor de los activos es mucho más complejo que en otros mercados más transparentes, profundos y amplios, máxime cuando las dos principales entidades que daban valor a través de la oferta y demanda son las intervenidas.
Si se me permite el símil, no creo que nadie cuestione que el barril de petróleo tenga un precio en el mercado de 70 dólares, controlado por la OPEP, aunque muchos pensemos que está muy sobrevalorado. Pero en mercados con las características del filatélico o el de antigüedades existe una dificultad mayor de valoración.
Por otro lado, si como dice la propia fiscalía, se trataba de negocios 'financieros', no entiendo por qué su regulación depende de la disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003 sobre Transparencia y protección de la clientela por comercialización de determinados bienes en inversión indirecta. Ni tampoco que el órgano competente de supervisión sea el Ministerio de Sanidad y Consumo en lugar de ser el Banco de España o la CNMV, como cualquier banco o caja de ahorros. Esto les hubiera obligado a estar adscritos y destinar unas cantidades al Fondo de Garantía de Depósitos o al Fondo de Garantía de Inversiones, para asegurar hasta 20.000 euros por partícipe, como ocurre en los depósitos e inversiones recibidas por las entidades financieras.
Al no existir esta garantía, el Estado se está planteando constituir un fondo de compensación para resarcir parte de las pérdidas sufridas por los ahorradores de estas dos entidades. A mi juicio, esto es tanto como decir que cualquier inversor que se equivoque y reciba rentabilidades negativas debería tener derecho a un colchón financiero soportado por el Estado, que en el fondo somos todos. Y es que la única realidad constatable sería que los paganos de cualquier intervención más o menos justificada son siempre los mismos, los ciudadanos.