Red jurídica para los alquileres
España tiene un pronunciado sesgo hacia la propiedad en el uso de la vivienda, en parte por la inclinación cultural propia que evita la inversión en activos de riesgo, y en parte porque la legislación ha estimulado en exceso siempre la adquisición de casas frente al alquiler. El caso es que en España hay 22 millones de viviendas para sólo 14 millones de hogares, y sólo 750.000 familias viven en régimen de alquiler. Y esta desatada demanda de propiedad ha condicionado de tal manera la escalada de los precios, que ha expulsado cada vez a más población hacia un alquiler que no desea, en un mercado que prácticamente no existe.
No existe porque no se han creado las condiciones para establecer un espacio de intercambio en contra de la tendencia cultural de los ciudadanos. Por ello, el mercado residual generado es imperfecto y carece de la más mínima seguridad jurídica para estimular que la oferta salga a buscar a la demanda, a pesar de los últimos cambios legislativos. El Gobierno ha intentado con una nueva fórmula intervencionista crear el mercado, especialmente para los inquilinos con rentas más bajas, a través de la Sociedad Pública de Alquiler.
En paralelo, el contrato de garantía de alquiler, puesto en marcha en diciembre de 2004 y basado en la Ley de Arbitraje de 2003, ha empezado a demostrar que es un instrumento muy útil. Este instrumento voluntario ratificado por propietario e inquilino a la firma del contrato, asegura un arreglo a través de arbitraje no judicial y garantiza un desahucio inmediato si fracasa la mediación, una especie de desahucio exprés. Más de 60.000 personas se han acogido ya a él, mayoritariamente en Madrid, y ha resuelto más de 2.000 casos de impago.
Con estos resultados en la mano, es obvio que merece un mayor respaldo público para que se instale entre inquilinos y caseros como un ejemplo de buenas prácticas y se generalice para que la ausencia de seguridad jurídica deje de ser la imagen común del mercado.