COLUMNA

Dependencia y protección social

El Gobierno ha abordado el problema del cuidado de las personas dependientes con la elaboración de un anteproyecto de ley que está a la espera de su envío al Parlamento. El autor examina el modelo que se pretende adoptar y el impacto que supondrá en las cuentas públicas

En diciembre de 2004 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales publicó un Libro Blanco de la Dependencia (LBD) en que se basó el anteproyecto de ley que en enero de 2006 recibió el Consejo Económico y Social (CES). El anteproyecto consta de 45 artículos que buscan garantizar que las personas en situación de dependencia reciban las prestaciones y servicios que aseguren un cuidado digno.

Para conseguir una implantación plena en el año 2015, con un coste estimado de 25.000 millones de euros (un 3% del PIB de 2005), el Sistema Nacional de Dependencia (SND) se encargaría de prestar los servicios públicos y concertados y facilitar las ayudas económicas precisas para las personas mayores en situación de dependencia, garantizando el principio de equidad territorial.

En su informe el CES señala la necesidad de asentar la protección social en una 'base constitucional' precisa que evite conflictos de competencias con las comunidades autónomas, de tal forma que no se produzcan discriminaciones por razón de la comunidad en que viva la persona dependiente, estableciendo el contenido mínimo común exigible en cualquier parte del territorio nacional, tarea que debería encomendarse a un consejo territorial de dependencia.

Es preocupante que una cuestión que afecta a la mayoría de las familias españolas haya recibido tan poca atención

Es preocupante que una cuestión que afecta a la mayoría de las familias españolas haya recibido tan poca atención. Afortunadamente, la Fundación Funcas, de las cajas de ahorros, ha dedicado el número 2 de su nueva e interesante revista Panorama Social a esta cuestión con el sugerente titulo de Dependencia y autonomía personal: dilemas y compromisos. En las páginas de presentación la revista resume bien el panorama actual al señalar que, dada la dimensión que ha adquirido el problema de la dependencia, el cambio en las pautas familiares -especialmente la creciente incorporación de la mujer al trabajo- y la necesidad de mejorar las prestaciones públicas destinadas al cuidado de las personas dependientes, se imponía una reconsideración del modelo que tradicionalmente ha ido solventando, mal que bien, este 'cuarto pilar del Estado del bienestar'.

Tres artículos, entre los varios que recoge este número de la revista, presentan el marco general: la catedrática finlandesa de Sociología Anneli Anttonen repasa los modelos europeos para responder a la demanda de mayor protección social -y que van desde el modelo nórdico, con una tradición de servicios públicos de aplicación universal, hasta el modelo de Europa del Sur, en el cual el cuidado de los mayores es sobre todo responsabilidad familiar- y ofrece un dato revelador: en 1998 Finlandia gastaba en servicios sociales el equivalente al 3% de su PIB y España el 0,4%. Dos trabajos se enfocan concretamente a los problemas españoles. El de Margarita León, profesora de Política Social en la Universidad de Kent, examina críticamente el LBD y se pregunta por las razones que llevaron a sus redactores a inclinarse por un modelo a la alemana -es decir, el que concibe el cuidado de las personas dependientes como una modalidad más de aseguramiento incluida en el ámbito de la Seguridad Social, como las prestaciones de desempleo o las pensiones de jubilación, y por lo tanto financiadas a través de cotizaciones de empleados y trabajadores y no vía impuestos generales-, mientras que el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares Gregorio Rodríguez Cabrero intenta delimitar la población española en situación de dependencia y ofrecer alguna estimación del coste de esa protección social en función de un sistema mixto que combina la prestación de servicios por el sector público y el pago a las personas que asuman la tarea de cuidar al dependiente.

Las estimaciones de la población española mayor con dependencia son aproximaciones a la realidad que parten de varios supuestos para delimitar el volumen de la población a proteger. Las más actuales son una del citado autor en colaboración con Enrique Morán Aláez, del año 2005, que oscila entre 1.445.000 y 1.583.000 personas con 65 y más años y la contenida en el LBD (2004) que cifra en 827.000 personas aquejadas de discapacidad severa o total y poco más de un millón las que padecen dependencia moderada o necesitan cierta ayuda.

Pues bien, con un modelo mixto de prestaciones en dinero y en servicios y tomando como base la población estimada por el LBD -y de acuerdo con los cálculos efectuados por Julia Montserrat para un artículo publicado el año pasado en la revista Presupuesto y Gasto Público- con la hipótesis más alta de gasto público el coste total en 2005 hubiera sido de 7.704 millones de euros -en torno al 0,92% del PIB- y 5.341 millones de euros -0,64% del PIB- la más baja.

Quedan al juicio del lector las consideraciones relativas a las preferencias por uno u otro sistema, así como la referidas al realismo de esas u otras cifras y al equilibrio financiero en unas cuentas públicas que nadie puede asegurar si en el futuro se mantendrán o empeorarán.